Sentencia Nº 17779/13 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:15 de Enero de 2006
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los días del mes de abril de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "BOUBIAN S.A. C/ PELETAI, J. S/ Desalojo" (E.. Nº 17779/13 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 1 de la IIIra. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo

I.- Viene apelada (fs. 137/139) por el demandado -Sr. J.P.- la Sentencia N° 11/12 de fecha 07.03.12 (fs. 129/132vta.) que en su parte pertinente dice: "1) Hacer lugar a demanda incoada a fs. 12/16 por BOUBIAN S.A. contra PELETAY y en consecuencia, condenar a éste último a desalojar el inmueble rural propiedad de la accionante (...) y a entregarlo libre de ocupantes y/o cosas, dentro del término de CINCO (5) DÍAS de notificada la presente, bajo apercibimiento...", impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes, ello en los términos del memorial obrante a fs. 141/143vta. (el cual no fuera respondido -fs. 147- por la contraria) de autos

II.- El Caso - Antecedentes: Antes de comenzar el análisis de los agra- vios, resulta ilustrativo reseñar brevemente los antecedentes del caso. En el sub lite, la parte actora BOUBIAN S.A. (invocando su título en función de haber adquirido el inmueble del Sr. R.L., quien a su vez lo adquirió en una subasta judicial -"Incidente de Ejecución... en autos P.E.; E... N° 2577/95), inicia acción de desalojo contra el Sr. J.P
El demandado solicitó la suspensión del trámite por aplicación de lo dispuesto en la L.P.incial Nº 2222 (peticionando la realización de la Informa- ción Sumaria) y, a continuación, contestó demanda

En su escrito defensista, invocó el carácter de nativos del lugar, y como tal, de ocupar desde antaño el inmueble a título de dueño. Dijo que "no hubo titular registral que hiciera actos posesorios sobre el mismo". En este contexto, argumentó que "...carece de legitimación activa para iniciar un desalojo el adquirente que, siendo desconocida su calidad de propietario poseedor por el demandado, no acreditó los extremos que la ley civil exige para tenerlo como titular de dominio-tradición, no siendo suficiente para cumplimentar dicha exigencia la cláusula de la escritura traslativa de dominio que declara hayarse en posesión del bien" (fs. 31)

Cotejadas así las actuaciones -y a tenor de los agravios expresados- corresponde dilucidar a este Tribunal respecto de la procedencia de la acción de desalojo frente a quien invoca ser poseedor y -en tal extremo- de la aplicación al caso de marras de las leyes vigentes sobre suspensión de ejecución de sentencia de desalojo.

III.- Tratamiento del caso: L.P.. Nº 2222 y sucesivas prórrogas: Por una cuestión metodológica, y sin abrir juicio acerca de la cuestión de fondo, iniciaremos el tratamiento del caso a través de una breve reseña del plexo normativo vigente para dar respuesta a los agravios.
En efecto, los sujetos involucrados en el presente son alcanzados por normativa que tiene raigambre constitucional y supra nacional. Son mandatos operativos de las disposiciones del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y del Convenio N° 169 de la OIT.


Adelantando opinión, diremos que corresponde disponer la suspensión del desalojo.


Para así decidir, resulta ilustrativo formular un sucinto recuento del orde- namiento jurídico que regula la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, sin -con ello- pretender abarcar en profundidad todos sus aspectos, habida cuenta de la complejidad que el tema presenta.

En esta línea de argumentación, se erige en la pirámide normativa el art. 75 inc. 17 de la CN que establece: “Corresponde al Congreso... 17) Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respecto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha inter- pretado que el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria implica la preservación de una forma cultural, al mismo tiempo que el aseguramiento de derechos patrimoniales diferentes y con un estatuto especial (CIDH, 31/08/01, “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/Nicaragua”).

Por ello, el tipo de propiedad comunitaria reconocida, con los caracteres de no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable, constituye una nueva forma de propiedad –prima facie...

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