Sentencia Nº 1766/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:11 de Octubre de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.E.D.F.M. y por su vocal, Dr. J.R.S., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "ALAINEZ JOSÉ LUIS contra AGRICÓN SA sobre laboral", expte. nº 1766/18, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

RESULTA:
I.- A fs. 1850/1859, G.C.M., abogado, en representación de la parte actora, con el patrocinio letrado de J.G.S., interpone recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 261 incisos 1° y 2° del CPCC, contra la sentencia de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que a fs. 1846 vta. resolvió: "I.- Hacer lugar parcialmente a las apelaciones interpuestas a fs. 1766 y 1767 por el demandado y por la actora, respectivamente..."
Acredita el cumplimiento de los recaudos formales, y expresa que J.L.A. le inició una demanda a su empleadora reclamando distintos rubros laborales, petición que fue rechazada por la empresa al contestar el traslado

Añade que en primera instancia se concedieron algunos rubros, otros, parcialmente, como por ejemplo la multa del art. 10 de la Ley Nacional de Empleo, al tiempo que se negó la aplicación del art. 80 de LCT por considerar que no había existido interpelación fehaciente.
Señala que ambas partes apelaron la resolución y que la Cámara hizo lugar parcialmente a los agravios de uno y otro, por lo que en definitiva rechazó la aplicación de la multa del art. 80 de la LCT, aplicó la prescripción bianual limitando la multa al período devengado de dos años y contrariando el art. 62 del CPCC, impuso las costas por su orden sobre el rubro que había prosperado en lo sustancial.
Respecto del rechazo de la multa prescripta en el art. 80 de la LCT, manifiesta que en una forzada exégesis del reclamo –soslayando los principios de la libertad de formas y principalmente la regla in dubio pro operario (art. 9 LCT)– en la interpretación del texto, la Cámara consideró que no había existido la intimación fehaciente que establece el Decreto N° 146/01.

Expresa que según el magistrado "...la mención efectuada en el TLC de fs. 50, que "a dos meses de denunciada la relación laboral...no me han abonado la liquidación final...ni entregado la certificación de servicios, cuyo reclamo reitero" no importaría una "intimación fehaciente" porque a su discutido criterio "faltó la interpelación" (fs. 1851 vta).---

A su entender se trata de una rebuscada, arbitraria y antijurídica interpretación del magistrado al distinguir donde la ley no lo hace y al extremar el requisito más allá de lo que exige la norma.
Párrafos más adelante indica que si la exigencia de la entrega del certificado es de origen legal e imperativamente debe ser entregado dentro de los 30 días de extinguida la relación laboral, no caben dudas de que lo que reclamaba A. era precisamente esa certificación de sus servicios y aportes ya que no existe otra.
Entiende que se ha incurrido en absurdo al calificar esa manifestación como "...frase genérica que atenta contra el entendimiento de quien va dirigida, ya que requiere una investigación especial del intérprete, que puede ser un lego" (fs. 1852), en razón de que la destinataria no reúne esas características ya que es una empresa que explota más de 3100 has. de campo en una de las zonas agropecuarias más prósperas del país y que contó con asesoramiento legal desde el principio.

Por otra parte sostiene que si la expresión le había generado alguna duda, debió el camarista resolver la cuestión a favor del empleado aplicando el principio in dubio pro operario.

Agrega que la intimación de fs. 50 se cursó el 8 de julio de 2013, mientras que el distracto acaeció el 10 de mayo, lo que pone en evidencia que habían pasado 58 días, por lo que no se explica qué cuenta efectuó el juez quien expresó que su parte no había esperado el plazo de 30 días desde la disolución del vínculo.
En otro orden, dice que la sentencia violenta el espíritu del art. 10 de la Ley N° 24.013 al limitar la determinación de la multa aplicando el plazo de prescripción de dos años sin que hubiera sido solicitado por la demandada, fallando de ese modo extra petita y en forma contraria a la intención del legislador.

Transcribe un párrafo de la contestación de la demanda del cual surge, según su criterio, que la defensa de prescripción que esgrimía se refería solo a las diferencias salariales, ya que en ningún momento alude a las multas de la Ley N° 24.013.

En definitiva, manifiesta que la demandada pidió solamente la morigeración de las multas mas no opuso la prescripción bianual del artículo 10.

Subsidiariamente sostiene que la Ley Nacional de Empleo está dirigida a desalentar el indebido registro de las relaciones laborales y del texto de la norma surge claramente que la multa se aplica por todo el tiempo en que se abonó la remuneración no registrada.

Sin embargo añade que "...se equivoca si, para no "desnaturalizar el sistema con multas exageradas y fuera de toda proporcionalidad" resuelve afectando el derecho del trabajador, en beneficio de un empleador que en forma ilegal e inmoral, evade las obligaciones previsionales y sociales... afectando no solo los intereses de su propio empleado, que verá reducida su propia jubilación, sino todo el universo previsional..." (fs. 1854 vta).
Sostiene además que resulta contrario a derecho hacer una interpretación armónica y razonable del art. 10 si con ello se obtiene su violación y advierte que solo se considera la razonabilidad desde el lado de quien tiene que abonar la multa, justificando la pretendida exorbitancia desde el punto de vista del empleador.
Expresa que se pone de manifiesto que la Cámara no tuvo en consideración el fin último de las multas de la Ley N° 24.013 pues aunque las perciba el trabajador y parezcan elevadas –porque deben abonarse de una sola vez– son menores al importe que el empleador no integró al sistema de seguridad social privando no solo a su empleado de una mejor jubilación sino al universo de trabajadores activos y pasivos y al Estado que debe apelar a otros recursos para garantizar el cumplimiento del art. 14 bis, tercer párrafo de la Constitución Nacional.

Respecto de la jurisprudencia citada en apoyo de la decisión, aclara que se trata de una doctrina minoritaria, y a continuación menciona otros fallos que conforman la doctrina mayoritaria sobre el tema.
Expresa que resulta contrario a lo dispuesto en el art. 62 del CPCC que pese a haberse hecho lugar –aunque parcialmente– a la multa del art. 10, se impongan las costas en el orden causado en ambas instancias.

Agrega que ese rubro prosperó en lo sustancial, es decir, se declaró la procedencia de la multa luego de comprobarse el pago de remuneraciones no registradas que la demandada negó que hubieran existido.

Manifiesta que es evidente la violación de garantías constitucionales previstas en los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por último, peticiona que se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto y se case la sentencia dictada.

II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima facie admisible, a fs.1873/1873 vta. en los términos del art. 261 incisos 1° y 2° del CPCC.

III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta a fs. 1876/1883 y solicita que se rechace el recuso interpuesto.

IV.- A fs. 1885/1886 dictamina el Sr. Procurador General y a fs. 1887 se llama autos para sentencia.

CONSIDERANDO:
Atento la íntima relación que guardan los agravios motivados en sendas causales recursivas, se analizarán en forma conjunta.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo a los incisos 1° y 2° del art. 261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?

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