Sentencia Nº 1735/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:31 de Octubre de 2018
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.E.D.F.M. y por su vocal subrogante, Dr. F.I.L.L., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “BALLARI, A.M. y otro c/ESTADO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA s/amparo”, expte. nº 1735/18, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

RESULTA:

I.- A fs. 201/211, J.A.V., F. de Estado de la Provincia de La Pampa y C.R.C., abogado, en representación del Estado provincial, interponen recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 261 incisos 1° y 2° del CPCC contra la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que a fs. 197 vta. resolvió: “I.- Revocar la sentencia de fs. 157/162 vta., y en consecuencia hacer lugar a la acción de amparo declarando la inconstitucionalidad del art. 6°, segundo párrafo de la L.N.° 2574, dejando sin efecto en consecuencia la exclusión de los amparistas ordenada en el Acuerdo N° 1248 del Consejo de la Magistratura”.

Acreditan el cumplimiento de los recaudos formales, y relatan los hechos de la causa diciendo que A.M.B. y F.J.C. interpusieron una acción de amparo contra su representada reclamando la inconstitucionalidad del art. 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señalan que la viabilidad del amparo está condicionada a que el acto atacado ostente arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta, extremos que no se advierten en este caso.

Indican que los demandantes han omitido cuestionar la legitimidad del accionar del Consejo de la Magistratura expresado mediante el Acuerdo N° 1248 que dispuso aprobar la nómina de inscriptos al concurso para cubrir los cargos de fiscal de la segunda circunscripción con exclusión de tres postulantes. En el parágrafo que titulan “Violación de la ley. Artículo 261 inc.1 del CPCC” manifiestan que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones se ha violado la ley al omitir la aplicación del art. 6° de la L.N.° 2574.
Asimismo dicen que tal omisión fue realizada con el propósito de reeditar una sentencia que nada tiene que ver con el caso, aunque el tema sea similar.-
Citan jurisprudencia de la Corte Suprema para justificar sus dichos y luego señalan que el art. 6° de la L.N.° 2574, que la Cámara ha tachado de inconstitucional, fue propuesto por el Superior Tribunal y aprobado por unanimidad por todos los representantes del pueblo, y basta con remitirse a las consideraciones vertidas por el diputado F. en el debate para tener el marco concreto de las razones que llevaron a su dictado y el verdadero espíritu de tal normativa

Añaden que el fallo en recurso prescinde además de dar tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a las constancias obrantes en la causa y a las cuestiones oportunamente introducidas.
Dicen también que la sentencia contraría las exigencias que debe cumplir un pronunciamiento judicial para erigirse válido, por cuanto carece de fundamentación suficiente, se presenta como intrínsecamente incongruente y por ende arbitraria, habilitando por ello la causal recursiva prevista en el inciso 2° del art. 261 del CPCC.
Entienden que el administrador de justicia está brindando un servicio público, a cuyo régimen se somete voluntariamente, el cual debe ser garantizado conforme las leyes que reglamentan su ejercicio.
De este modo, surge en forma palmaria, según entienden, que quienes están sometidos a las prescripciones del art. 6° de la L.N.° 2574 tienen una evidente diferencia con los profesionales que se encuentran ejerciendo la profesión liberal, por fuera del servicio de justicia.
Agregan que entre los sujetos comprendidos en dicha norma juega sin restricciones el principio de igualdad, el que no debe ser entendido como idéntico trato y destacan que para el supuesto de clasificaciones vinculadas a la legislación –siempre que la norma no utilice categorías sospechosas– la carga de la justificación del trato desigual se impone sobre la parte recurrente a quien incumbe demostrar la irrazonabilidad de la distinción de trato. Mantienen la reserva del caso federal y por último, peticionan se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, casando la sentencia dictada.


II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima facie admisible, a fs. 226/226 vta. en los términos del art. 261 incisos 1° y 2° del CPCC.

III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta a fs. 230/236 vta. y solicita que se rechace el recuso interpuesto.

IV.- A fs. 240/241 vta. dictamina el Sr. Procurador General y a fs. 243 se llama autos para sentencia y;


CONSIDERANDO:

A fin de resolver los agravios expuestos, corresponde examinar en primer término el recurso extraordinario con fundamento en el artículo 261, inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial y luego, en su caso, para la hipótesis de desestimación, ingresar al tratamiento del motivado en el inciso 1° de la misma norma jurídica.
Ello es así, ya que la eventual nulidad de la sentencia que pueda resolverse por imperio del inciso 2°, plantea una cuestión necesariamente previa al juzgamiento de la violación o errónea aplicación de la ley (inc. 1°, art. 261, CPCC).

Por las razones expuestas, el Tribunal considera pertinente plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTIÓN: ¿resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 2º del art. 261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 1º de la misma norma adjetiva? TERCERA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?

PRIMERA CUESTIÓN: 1°) Invocando el inciso 2° del art. 261 del CPCC, los recurrentes sostienen que la sentencia contraría las exigencias que debe cumplir un pronunciamiento judicial válido, por cuanto carece de fundamentación suficiente, presentándose intrínsecamente incongruente y por ende, arbitraria (fs. 208).
Sin perjuicio de señalar que los reclamantes no han logrado acreditar la falta de fundamentación legal, como así tampoco ningún supuesto de incongruencia, cabe advertir que en este segmento recursivo también expresan: “...el ad quem ha efectuado una conjugación incongruente de la norma a la plataforma fáctica acaecida, arribando por su 'actitud simplista de reedición' a una solución abiertamente disímil de la prevista en el presupuesto legal...” (fs. 209).

Con lo cual se concluye que en realidad sus agravios se dirigen a cuestionar los errores de derecho en que se habría incurrido, alegaciones que serán tratadas al abordar el inciso 1° del art. 261 del CPCC, motivo por el cual se da respuesta negativa a la PRIMERA CUESTIÓN.

SEGUNDA CUESTIÓN: 1°) En efecto, con sustento en la causal citada, los recurrentes alegan que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones se ha violado la ley al omitir la aplicación del art. 6° de la L.N.° 2574, norma que como es sabido dispone la obligación de permanencia de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en un determinado cargo por tres años como condición para postularse en concurso para cubrir otro puesto.

Sostienen que esa condición no resulta violatoria del derecho de igualdad, el que no debe ser entendido como idéntico trato, y destacan la potestad de establecer clasificaciones reglamentarias siempre que no se utilicen categorías sospechosas ni se demuestre la irrazonabilidad de la distinción de trato.

2°) El tema que nos convoca justifica efectuar algunas precisiones acerca del principio de igualdad y de la idoneidad como único requisito para acceder a cargos públicos.

El primigenio artículo 16 de la Constitución nacional establecía un concepto de igualdad que debía ser entendida como no discriminación.

En efecto, dispone: “La Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad...”.

Esta regla se complementa con lo establecido por el Preámbulo cuando asegura los beneficios de la libertad “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Ambas expresiones normativas dan cuenta de un principio de igual libertad para todos los habitantes de la Nación, el cual reaparece en el artículo 14 cuando establece que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos que se enumeran y en el artículo 20...

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