Sentencia Nº 172 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 19-12-2012

Fecha de Resolución:19 de Diciembre de 2012
 
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///MA, 12 de diciembre de 2012.-
VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "MORON, D.M. S/ AMPARO" (Expte. Nº 26164/12-STJ-), puestas a despacho para resolver, y

CONSIDERANDO:


Que luce a fs. 1 A.a de la que resulta que, la Sra. D.M.M. comparece a la S.retaría de Causas Originarias interponiendo acción de amparo, peticionando que se dicte una orden judicial contra la Provincia de Río Negro IPPV- a fin de que se le provea de una vivienda a ella y a su hija menor, de 14 años. Ello, atento a que ante el requerimiento de vivienda efectuado en el IPPV se le informó que al carecer de ingresos no puede acceder a los planes de vivienda.


Señaló que desde hace cuatro meses se encuentra sin hogar, ni trabajo, careciendo de recursos para afrontar las erogaciones necesarias para ello. Agregó que se encuentra separada desde hace 13 años del Sr. R.S., quien provee de una cuota alimentaria de $800 por mes tramitada en autos “.,D.M. y Suquilvide, R.E. s/ Mediación” N°531-CVI-12- la cual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de vivienda y alimentación, encontrándose actualmente viviendo en la calle, con riesgo de que la niña pierda la regularidad escolar.-
Manifestó que el padre de su hija se encuentra en un virtual bienestar económico, cuenta con inmuebles en su patrimonio y es injusto que su hija deba padecer la falta de vivienda ante tal situación.


Es por todo ello que peticiona se haga lugar a la demanda de amparo, y se le provea de una vivienda digna en la mayor brevedad posible.


A fs. 7/9, la apoderada de la Fiscalía de Estado, Dra. N.F. solicita el rechazo de la demanda, señalando que el amparo no es la vía apta para resolver la cuestión, conforme el precedente “., atento afectaría la política habitacional del IPPV y los requisitos exigidos para acceder a los planes. Señala que la amparista no reúne los recaudos para el acceso al plan, no existiendo arbitrariedad ni ilegitimidad alguna que habilite esta acción, debiendo remitirse a la vías administrativas, que necesariamente deben ser intentadas ante las autoridades respectivas en cumplimiento de sus recaudos propios (cita Sent. 106/06 STJ).


El Centro Judicial de Mediación de Viedma informa a fs.14/16 sobre el estado de la causa “., D.M. y S., R. E. s/ Mediación” N°531-CVI-12, haciendo saber del agotamiento de la instancia de mediación ante la mediadora Dra. C.P., por desistimiento del requerido, constando como objeto del reclamo: “modificación de cuota alimentaria (acuerdo anterior homologado en autos N.. 480/10). Asignación de vivienda familiar”.


A fs. 17/18 consta informe social del Cuerpo de Asistentes Sociales del Poder Judicial, de fecha 20-11-12, haciendo saber al tribunal que la amparista y su hija comparten una habitación en la vivienda propiedad de la hermana vía materna, careciendo de inserción laboral e ingresos propios, percibiendo una cuota alimentaria del progenitor de la niña de $750.


Se agrega que recibe contribución mensual de su madre de $2500; y asimismo se hace alusión a los sucesos que la implicaron y la consecuente pérdida del trabajo, y la venta de una propiedad para subsistir. El informe agrega que no dispone de recursos materiales propios, dado la falta de empleo e ingreso de la titular, determinando ello un déficit en su autonomía organizativa y marcada dependencia del aporte familiar, depósito alimentario, para resolver elementales cuestiones asistenciales, vivienda, nutrición, otras cuestiones cotidianas y demandas primordiales. Se expone que estas circunstancias abonan un clima familiar plagado de violencia, que alcanza a todos los integrantes y que se manifiesta en las frecuentes crisis que afectan su salud física y emocional, así como la del núcleo al que se integra.


A fs. 22/28 la Sra. Procuradora General dictamina en el sentido de se debe declarar la inadmisibilidad formal del amparo presentado en autos. En tal sentido, expresa que el amparo únicamente se configura “contra un acto notoriamente ilegal y lesivo de un derecho o garantía constitucional, donde la ilegalidad debe resultar concreta y claramente visualizable”, siendo este un requisito ineludible para su procedencia. En tal sentido, implica “supuestos que evidencien urgencia, peligro concreto, daño inminente e irreparable, inexistencia de otras vías aptas y expeditas para conjurar la vulneración de los derechos”. Siendo un remedio excepcional y urgentísimo, se dirige a superar lesiones de imposible remediación por otras vías o medios vigentes, atendiendo aquellos daños de carácter presente o al menos de una inminencia demostrable.


Por ello, sostiene que en el caso concreto, la amparista no logra acreditar el cumplimiento de los extremos requeridos tendientes a demostrar la viabilidad de la excepcional acción elegida, no habiendo acompañado a su presentación constancia alguna que ilustre acerca de la hipotética reticencia del I.P.P.V. a proveerle de vivienda, como así tampoco los eventualmente pedidos y/o reclamos efectivizados ante el mencionado organismo contra el cual dirige su acción.


Agrega que las constancias emanadas del CE.JU.ME. permiten evidenciar el agotamiento de la instancias prejudiciales de mediación y la consecuente posibilidad de encaminar las pretensiones por medio de las instancias judiciales ordinarias, en un marco de mayor amplitud probatoria y de discusión, en pos de mejorar su situación y la de su hija merced a los pedimentos a realizar en la sede jurisdiccional apropiada. Lo cual obviamente se menciona porque se ha hecho incorporar al análisis, pero que en rigor de verdad no pertenece al objeto de la pretensión de la amparista en el marco de esta acción.


Agrega que en autos hay ausencia de acreditación de un obrar arbitrario y lesivo de parte de la autoridad que lesione una garantía constitucionalmente consagrada y que la pretensión formulada por la actora no se encuentra al alcance de la excepcionalísima vía intentada, que sólo puede atender a situaciones especialísimas en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o judiciales idóneos; y en las que los actos de la administración que supuestamente restringen su derecho se manifiesten de modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna.


Señala además que el I.P.P.V. de la Provincia es el organismo requerido en autos, y no lo ha hecho; que la intervención de la Fiscalía de Estado, si bien necesaria y legalmente prevista en supuestos como el que nos ocupan, no tiene como fin suplir una obligación de la autoridad requerida, tal como lo contempla el art. 43 de la Constitución Provincial.


Pasando a resolver la presente causa en primer término considero necesario advertir que el derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, tanto en su art. 14 bis, como en varios de los tratados incorporados a la Carta Magna en el art. 75, inc. 22 (art. XI de la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre, art. 25 de la Dec. Universal de los derechos humanos, y art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art. 11, inc. 1); Además, cabe recordar que el art. 75 inc. 23 de la C.Nacional , la Convención de los Derechos del Niño, incorporada al art. 75 inc. 22 de la ley fundamental, imponen al estado deberes adicionales de protección respecto de quienes como en el caso se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad.

La Convención de los Derechos del Niño, establece en su Artículo 3 que: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de...

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