Sentencia Nº 1710/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:30 de Octubre de 2019
 
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SANTA ROSA, 30 de octubre de dos mil diecinueve.-

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "GRIBAUDO, C.A. Y OTRO contra COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ELVIRA LIMITADA sobre LABORAL", expediente nº 1710/18, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, y; -

RESULTANDO:

1º) Que a fs. 738/758 el Dr. N.G.P., en su carácter de apoderado de los Sres. C.L.G. y G.D.G., interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por este Superior Tribunal de Justicia, la que en su parte resolutiva dispuso: "1) Hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por la parte demandada a fs. 655/665 vta. y casar la sentencia impugnada. 2) Revocar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones obrante a fs. 593/614 vta. y rechazar la demanda interpuesta por C.L.G. y G.D.G.. A tales fines, estése íntegramente a lo resuelto en primera instancia (fs. 437/448 vta. puntos I, II y III)…" (fs. 732vta./733).-

2º) A fs. 759 se corre traslado a la contraparte por el término de ley (artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-

3º) A fs. 766/777 los Dres. P.R.S. y R.R.S., letrados apoderados de la parte demandada, contestan el traslado y peticionan el rechazo del recurso interpuesto.-

Sostienen que el apelante reedita la posición jurídica en torno al conflicto resuelto en el caso pero sin refutar todas las partes del fallo que lo sustentan, por lo que el incumplimiento de esa regla básica de argumentación alcanza para rechazar el recurso.-

Agregan que los actores debían demostrar por qué motivo jurídico las actas-acuerdo salariales no podían modificar el texto original del art. 12 del CCT 36/75 y de ello jamás se encargó la parte actora en todo el proceso.-

Refutan el argumento por el cual se critica el valor probatorio otorgado a las copias del expte administrativo N° 784.515/85 diciendo que la realidad es que, más allá de la autenticidad de la copia y que se obtuvo por medios legales, carece de todo asidero jurídico plantear esa cuestión en la instancia extraordinaria federal.-

Indican que de la lectura del precedente que se dice violado no resulta dirimente en el caso de autos puesto que se trataba de un reclamo de trabajadores sobre diferencias salariales por bonificación por antigüedad en base al art. 37.I del CCT 21/75, por períodos alcanzados por la suspensión dispuesta por Ley Nº 23.126 así como por períodos posteriores a dicha suspensión pero comprendidos en actas-acuerdo salariales pactadas por las partes colectivas. Continúan diciendo que sobre esto último la Cámara había rechazado los ataques de constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia entendió que no existía arbitrariedad al respecto.-

Respecto al precedente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dicen que no solo no existe la obligación legal de aplicar sus doctrinas judiciales sino que ni siquiera existe a su respecto el deber moral de seguirlas como ocurre con los fallos de nuestro Máximo Tribunal.-

Replican la naturaleza federal que se predica de la Ley Nº 23.126 puesto que, según entienden, se refiere a la vigencia de convenios colectivos de trabajo lo que configura materia de derecho común, más específicamente derecho colectivo del trabajo.-

También objetan el argumento por el cual se sostiene la afectación de la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea en razón de que los empleados de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa perciben los adicionales reclamados en tanto se aplica el texto original del CCT 36/75. Alegan en tal sentido que, más allá de la extemporaneidad del argumento, la mencionada garantía funciona bajo la condición ineludible de que los trabajadores a comparar se encuentren en las mismas situaciones, de suerte que requerirá alegar y probar la supuesta paridad de tareas, lo que es propio de las instancias ordinarias y por ende ajeno a la instancia federal.-

4º) A fs. 778 pasan los autos a despacho para resolver sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal regulado por la Ley Nº 48 (Adla, 1852-1880, 364), de conformidad con la doctrina que surge de los autos: "STRADA" (Fallos: 308:490); "CHRISTOU" (Fallos: 310:324); "DI MASCIO" (Fallos 311:2478), entre otros.- CONSIDERANDO:

1º) Para llevar a cabo su cometido, se observará el reglamento aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada nº 4/2007 (BO 21-mar-2007), el que especifica las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal.-

2º) Ingresando en el examen del escrito que contiene los agravios, se advierte que el recurrente ha dado cumplimiento con los requisitos del artículo 2º de la Acordada Nº 4/2007, en cuanto a las condiciones que debe reunir la carátula del remedio federal.-

3°) Analizando el recurso extraordinario federal planteado por el apoderado de la parte actora, con relación a lo estipulado en el inciso a) del artículo 3º del reglamento, se invoca que la sentencia recurrida es definitiva, en tanto, dirime la controversia de manera tal que no es susceptible de una revisión distinta a la presente y emana del órgano judicial que reviste el carácter de superior tribunal de la causa.-

4°) En relación con el inciso b) de la norma reglamentaria es preciso que el escrito de interposición contenga el relato claro y concreto de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez estas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad.-

En ese orden, el recurrente expone que los actores son trabajadores de luz y fuerza y se encuentran comprendidos en el ámbito del CCT N° 36/75 (texto original) e iniciaron demanda con el objeto de obtener el cumplimiento de la citada norma convencional al liquidar sus salarios mensuales y el pago de las diferencias salariales generadas por la incorrecta liquidación de haberes de parte de la cooperativa demandada.-

Dice que la sentencia de primera instancia rechaza en todas sus partes la demanda y condena a los actores al pago de las costas puesto que se juzga que el CCT N° 36/75 había sido suspendido indefinidamente por disposición de la Ley N° 23.126 de modo que considera vigente el texto ordenado de aquel convenio (CCT N° 36/86).-

Párrafos más adelante agrega que contra aquel pronunciamiento interpuso recurso de apelación en el que deja planteada la cuestión federal. Expone que el fallo de la Cámara revoca lo decidido por la jueza laboral y recepta el reclamo de los actores desde la fecha de culminación del período de vigencia establecido en el último acta acuerdo suscripto por la FATLyF y FEPAMCO. Y ello así, en tanto los sentenciantes reconocen la plena vigencia de la CCT N° 36/75 a partir de una correcta interpretación...

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