Sentecia definitiva Nº 170 de Secretaría Penal STJ N2, 26-11-2008

Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2008
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 22922/08 STJ
SENTENCIA Nº: 170
PROCESADO: A.L.B.
DELITO: AMENAZAS CN ARMAS EN CONCURSO IDEAL CON PORTACIÓN DE ARMA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL
OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
VOCES:
FECHA: 26-11-08
FIRMANTES: S.N. – BALLADINI – GIMÉNEZ (SUBROGANTE)
///MA, de noviembre de 2008.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “ARANGUE, L.B. s/Abuso de armas, amenazas calif. por el uso de armas y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal todo ello en c.r. s/Casación” (Expte.Nº 2292/08 STJ), puestas a despacho para resolver el recurso extraordinario federal deducido a fs. 219/229 y vta., y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 237) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor Juez doctor V.H.S.N. dijo:

1.1.- Por sentencia Nº 100, del 11 de julio de 2008 (fs. 196/213), este Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso de casación deducido a fs. 176/187 por la defensa de L.B.A. y, atento a que la revisó en forma integral, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 12 dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti el 11 de marzo de 2008, en la cual -en lo pertinente- se resolvió condenar a A., como autor del delito de amenazas con armas en concurso ideal con portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal, a la pena de un año de prisión y al pago de las costas procesales (arts. 45, 54, 189 bis inc. 2° tercer párrafo y 29 inc. 3° C.P.). Asimismo, revocó la condicionalidad decidida por la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca en el Expte.N° 2419 y le impuso la pena única de dos años y seis meses de prisión y las costas ///2.- procesales (arts. 27 y 29 inc. 3° C.P.).

1.2.- Contra lo así decidido, la parte interpuso el recurso extraordinario federal sub examine.

1.3.- Corrido el traslado a la contraria, a fs. 228/233 se agrega el dictamen de la señora Procuradora General doctora L.L.P..

2.- Argumentos del recurso extraordinario federal:

La parte recurrente sostiene que la sentencia emanada de este Tribunal es arbitraria y violatoria del derecho de defensa en juicio contemplado en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Afirma además que incurre en afirmaciones dogmáticas, pues omite la consideración de argumentación dirimente esgrimida por la defensa, y viola el alcance del recurso de casación establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los fallos “CASAL” y “M.A., entre otros, pues no cumple con el paradigma del “doble conforme” establecido en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Señala que se rechaza el recurso utilizando una norma que sólo autoriza a “declarar mal concedido un recurso, por inadmisibilidad formal”, refutando su fundamentación e ingresando al fondo del asunto. A su entender, esto se efectúa sólo de manera superficial, a la vez que impide que se produzcan las mejoras de fundamentos que el procedimiento vigente autoriza. Afirma que el fallo aparenta cumplir con la doctrina emanada de la Corte Suprema, pero al suprimir el debate casatorio afecta el “doble conforme”.
///3.
Agrega que, en la oportunidad procesal en la que solamente pueden considerarse los aspectos formales de la vía intentada, este Cuerpo declaró la inadmisibilidad luego de revisar integralmente la sentencia del a quo, mecanismo que no puede ser el válido para satisfacer los criterios sentados por el máximo Tribunal respecto de la garantía de la doble instancia. De tal modo, dicha práctica “viciosa” de la casación “ortodoxa” consiste en suprimir la posibilidad del debate, con la argucia de revisar todos los argumentos al momento de pronunciarse sobre la “admisibilidad formal” del recurso. Alega que ello conculca el derecho del imputado e introduce un modo anómalo de rechazar el recurso de casación, declarándolo formalmente inadmisible con fundamento en causas sustanciales.

Sumado a lo anterior, estima que estas razones de “economía procesal” no pueden prevalecer sobre el derecho del imputado al “doble conforme” y que este máximo tribunal provincial ha hecho lo contrario a lo normado en el art. 417 del rito, que establece que sólo podrá ser declarado inadmisible el recurso si las formalidades allí descriptas no hubiesen sido observadas.

En otro orden de ideas, asevera que la sentencia del Superior Tribunal ha confirmado la valoración arbitraria de los dichos del testigo denunciante, los cuales, a su modo de ver, fueron evaluados sin seguir la sana crítica racional y en perjuicio de L.B.A.; a ello suma que no se han analizado ni confrontado afirmaciones y contradicciones en aspectos sustanciales relevantes ni se ha evaluado la totalidad de la información producida en la ///4.- causa, por lo que el pronunciamiento atacado carece de motivación, afecta el derecho de defensa en juicio y, en consecuencia, debe ser anulado.

3.- Dictamen de la señora Procuradora General:

La señora Procuradora General propugna la inadmisibilidad del recurso interpuesto, pues los agravios no resultan suficientes para habilitar la vía extraordinaria, en tanto no logran demostrar la arbitrariedad alegada ni los desvíos lógicos de la sentencia.

Advierte también que la defensa intenta una nueva edición de los motivos centrales expuestos ante el Tribunal de Casación pero no expresa argumento alguno que permita demostrar que estemos en presencia de un juicio fundado en la íntima convicción y pudiera derivar en la arbitrariedad sostenida. Por el contrario, afirma, al dictar la resolución ahora en crisis, se ha efectuado un amplio análisis de los motivos planteados por la defensa, en particular a partir de fs. 200, y se ha arribado a conclusiones dotadas de la suficiente fundamentación como para ser consideradas válidas (arts. 374, 380 inc. 3, 98 y ccdtes. C.P.P. y 200 C.Prov.).-
Respecto de la hipotética vulneración de la doble instancia, señala que los argumentos esgrimidos por la defensa sólo revelan su intento de avanzar sobre cuestiones vinculadas con la interpretación normativa común o local, la que por regla se encuentra exenta del control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, la titular de los Ministerios Públicos concluye que este Tribunal ha realizado una///5.- revisión completa de la sentencia condenatoria en el marco de la reciente jurisprudencia del máximo Tribunal de la Nación, por lo que considera que se debe denegar el recurso extraordinario federal interpuesto.

4.- Análisis formal del recurso extraordinario federal. Acordada N° 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

El recurso ha sido interpuesto en tiempo, por parte legitimada al efecto, contra la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa. Sin embargo, analizada la presentación defensista, a poco de avanzar advierto que no cumple con las formalidades impuestas en la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -“Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal”-, por lo que es insuficiente para habilitar la instancia extraordinaria pretendida.

En efecto, en primer lugar, la defensa excede holgadamente el límite relativo a la cantidad de renglones por página requeridos, pues en cada una promedia los cuarenta y dos renglones, cuando el máximo señalado es de veintiséis.

Además, las reglas de la Corte establecen que quien recurre debe exponer –entre otros requisitos- “...e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada en contrario al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas”.

Sin embargo, la defensa reitera argumentos ya///6.- sostenidos en su presentación casatoria, al referir una afectación de las garantías constitucionales que entiende vulneradas, la que, como veremos, prima facie no se logra apreciar. En este sentido, comparto lo sostenido por la señora Procuradora General en cuanto a que no existe un desarrollo válido en este aspecto.

Tal inobservancia de las formalidades indicadas remite a lo establecido en el art. 11 de la misma Acordada –“Observaciones generales”-, que prevé: “En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos impuestos por esta reglamentación...”.

5.- La alegada afectación del “doble conforme”:

Si bien lo hasta aquí expuesto es en principio suficiente para denegar el recurso intentado, a todo evento, e ingresando en el estudio de la presentación defensista, entiendo que los agravios planteados por el apelante no suscitan
cuestión federal para su consideración, lo que impide habilitar la instancia extraordinaria, pues la no se ///7.- verifica la conculcación de la garantía constitucional de la defensa en juicio que alega la parte -doble conforme, arbitrariedad de la sentencia-.

El recurrente sostiene que, al declarar formal y sustancialmente inadmisible el recurso de casación luego de una revisión integral de la sentencia, este Cuerpo violenta el derecho a la revisión del fallo condenatorio y afecta el debido proceso por incumplimiento de lo estipulado en el código de rito, en tanto niega al casacionista la oportunidad de ser...

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