Sentecia interlocutoria Nº 17 de Secretaría Penal STJ N2, 03-08-2010

Fecha de Resolución: 3 de Agosto de 2010
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 22368/07 STJ
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: 17
PROCESADO: FUENTES V.H.
DELITO: ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA EL DISPARO
OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
VOCES:
FECHA: 03/08/10
FIRMANTES: S.N. – LUTZ – BALLADINI EN ABSTENCIÓN
///MA, de agosto de 2010.
VISTO: Estas actuaciones caratuladas: “VELÁSQUEZ, L.E. y Otro s/Robo calificado s/Casación” (Expte.Nº 22368/07 STJ), puestas a despacho para resolver el recurso extraordinario federal deducido a fs. 462/465 y ampliado a fs. 486/490, y- CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 509) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

1.1.- Por sentencia Nº 212, del 7 de noviembre de 2007, este Superior Tribunal de Justicia resolvió declarar formalmente inadmisible, en cuanto fue admitido por el a quo, el recurso de casación deducido a fs. 428/433 de las presentes actuaciones por el doctor G.A.P. en representación de V.H.F., y confirmó la sentencia definitiva Nº 34, del 11 de julio de 2007, mediante la cual la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma -en lo pertinente- condenó al mencionado a la pena de ocho años de prisión, como co-autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (art. 166 inc. 2º primer supuesto y penúltimo párrafo C.P.).

Asimismo, mediante la Sentencia Nº 213, del mismo día -en el Expte.Nº 22361/07 STJ-, este Cuerpo rechazó el recurso de queja deducido por la porción no admitida de su recurso principal.

1.2.- Respecto de ambas resoluciones, la defensa
///2.- particular de V.H.F. dedujo recurso extraordinario federal, de los que se corrió traslado a la contraria por el término de ley. En ambos casos, la señora Procuradora General se expidió por la declaración de inadmisibilidad de los remedios intentados. Ante el estado del trámite, se llamó al Acuerdo en los dos expedientes y se sorteó el orden de votación.

1.3.- Tras ello, el imputado revocó la designación de su defensor particular y designó a otro letrado, el doctor J.C.C., quien compareció a aceptar el cargo y presentó un escrito en el que sostiene que la anterior defensa omitió plantear cuestiones esenciales, entre otras, las vinculadas con el monto de la pena y su cumplimiento efectivo, lo que constituye un dislate atento a que el único fin constitucional de aquélla es la reinserción del condenado en la sociedad. También acompaña diversa documentación relacionada con la situación laboral y familiar del imputado. Agregadas dichas actuaciones, se suspendió el trámite de los recursos extraordinarios federales y se formó incidente de suspensión de cumplimiento de pena, lo que se notificó a la defensa del imputado y a la señora Procuradora General.

1.4.- En tal incidente se produjeron diversas pruebas
-testimonial, pericial, informativa-, de la que resulta, en total concordancia, que V.H.F. contaba con 23 años de edad cuando cometió el hecho, el 3 de diciembre de 2005 en la ciudad de Viedma, y que aproximadamente desde el año 2007 formó pareja con C.Y.N., con la que tuvo dos hijas –N.L. y D.Y.-. Surge
///3.- además que desde el 1 de enero de 2007 trabaja en una cooperativa de recolección de residuos de la que es asociado, lo cual representa el único que ingreso familiar, y que actualmente sólo tiene relaciones sociales vinculadas con su familia, el trabajo y la iglesia a la que concurre, puesto que ha abandonado otras, así como también el consumo de alcohol. Consta asimismo que se le ha adjudicado una vivienda social, que paga en cuotas, y que se encuentra pagando una motocicleta.

En el mismo incidente declaró el sacerdote L.G., presidente de la Fundación “Creando Futuro”, quien sostuvo que conoce a V.H.F. desde niño, que en su adolescencia “se complicó” y pasó a formar parte de una patota, que comenzó a tener problemas y luego causas penales. Narró que con posterioridad conformó una pareja, consiguió trabajo y actualmente colabora no sólo con su familia, sino también con su madre y hermanos. Detalló que en la actualidad tiene un proyecto de vida, y capacidad y responsabilidad en su trabajo y con su familia, como asimismo que se ha transformado en un referente positivo para el trabajo con los chicos del barrio.

En el informe social se lee: “El sr. V.H.F., en pareja con dos hijas a cargo, consolida su organización personal con base en el afecto y esfuerzo compartido, luego de mejorar adversas condiciones iniciales con disposición a continuar con los cambios en proceso y afianzar sus proyectos. El grupo así conformado atiende sus necesidades en sencilla vivienda readjudicada con ingresos que provienen de su trabajo estable como socio en
///4.- Cooperativa de servicios, desempeñándose con tenacidad en tareas de bajo status social y poco atractivas para el común, que el valoriza como recurso para mejorar condiciones de vida propias y de la familia constituída” (fs. 97/98).

Por su parte, el Cuerpo Médico Forense informó que el causante “al momento le examen evidencia un buen ajuste psicológico, con una adaptación psico-social que impresionó adecuada, sin sinología o indicadores que puedan asociarse a un estado de peligrosidad elevado y/o alarma psicosocial, en tanto se desprende del examen una valoración final de riesgo de violencia baja en relación al pronóstico relativo a su reinserción social” (fs. 137).

1.5.- Corrida vista de lo actuado a la señora Procuradora General, ésta opinó que los expedientes de los cuales surgió el incidente estaban en una etapa procesal que no podía retrogradarse, por lo que nada ameritaba la actuación de la Fiscalía General. No obstante ello, en atención a los arts. 215 segundo párrafo y 218 incs. 2º y 4º de la Constitución Provincial, manifestó que la vía incidental analizada no está prevista normativamente sino ante el J. de mérito o de ejecución de pena, a la vez que tampoco advertía un supuesto justificante para la remoción de obstáculos normativos, dado que lo puesto en cuestión no era la existencia de un derecho injusto, sino la justicia del fallo condenatorio. Agregó que el incidente no es la vía adecuada para resolver la pretensa ausencia del derecho de defensa técnica, y que tampoco puede el Superior Tribunal suspender la ejecución de la pena, cuando sólo le
///5.- corresponde decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal. Sí expresó que este Cuerpo, al momento de analizar dichos recursos, deberá tener en cuenta la falta de actuación del anterior defensor en cuanto a los puntos señalados por el que lo reemplazó. Señaló que ello constituye cuestión federal suficiente y que, de tal manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendría oportunidad de pronunciarse sobre tales ítems. En síntesis, dictaminó que debe dejarse sin efecto la suspensión del tratamiento de los remedios federales, llamar nuevamente al Acuerdo para resolver su admisibilidad formal e incorporar la petición del nuevo defensor, con la ulterior intervención del Ministerio Público Fiscal, la que solicitó sea agregada a esta causa y al expediente en el que tramita la queja, y finalmente habilitar la instancia extraordinaria.

2.- En las instancias preliminares para la deliberación, el doctor L.L. planteó que correspondía seguir el trámite propuesto por la señora Procuradora General y, en consecuencia, llamar nuevamente al Acuerdo para resolver la admisibilidad formal de los recursos extraordinarios federales, incorporando la petición del nuevo defensor de V.H.F..

Por tal razón, a fs. 499 se dictó la providencia que dispuso reanudar el trámite que había sido suspendido a fs. 492 y ordenó la continuación de los autos según su estado. Lo mismo se estableció a fs. 83 en el expediente de queja mencionado.

Para terminar con la reseña del trámite, agrego que en virtud de las providencia señaladas, también se suspendió el
///6.- del incidente de suspensión de pena hasta el dictado de resolución en los presentes y en la queja.

3.- En su recurso extraordinario federal, el doctor G.A.P., entonces defensor particular de V.H.F., señala la arbitrariedad del fallo en relación con la ponderación de la ausencia de reconocimiento de aquél en el hecho. También se agravia porque, en un hecho que implica un accionar indivisible, su pupilo fue condenado mientras que el otro involucrado resultó absuelto, sin fundamentos valederos para tal diferenciación.

Posteriormente el doctor J.C.C., al hacerse cargo de la defensa técnica de V.H.F., presenta un escrito con el objeto de hacer manifestación, adjuntar documentación y mencionar un hecho nuevo. En lo relevante, argumenta que después del hecho reprochado el imputado se ha resocializado y menciona las consecuencias perniciosas que tendría sobre él una pena efectiva, aspecto sobre el cual la anterior defensa no habría hecho referencia alguna. En este sentido, entiende que al imputado se le debe garantizar una tutela efectiva y un adecuado asesoramiento legal para asegurar la realidad sustancial de la defensa en juicio (con cita de Fallos 237:158; 255:91; 304:1886 y 315:1043, entre otros), y acompaña alguna documentación en apoyo de su postura.

4.- Como fue reseñado supra, atento a que lo así invocado podría constituir prima facie una cuestión federal, en atención a los fines del recurso extraordinario federal se ordenó iniciar el incidente de suspensión de pena (fs. 495), para “… resguardar el cumplimiento de derechos
///7.- constitucionales con incidencia de la regulación internacional de los derechos humanos por lo que el tema formal de sus trámites… deja de ser un tópico trascendente o rígido”.

Completado el incidente de suspensión de pena mencionado, para el análisis de admisibilidad de la impugnación federal intentada advierto que -en efecto- se encuentra acreditada prima facie una inconsistencia esencial en el sistema punitivo, que apunta a la irracionalidad concreta de la pena...

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