Sentencia Nº 1686/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:11 de Junio de 2018
 
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SANTA ROSA, 11 de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “ABASCAL, D.G. en autos: 'TARDITTI, M.Y.B. c/ herederos de JURE Alberto s/filiación y daño moral, expte. Nº 762/123' s/RECURSO DE QUEJA”, expediente Nº 1686/17, registro Superior Tribunal de Justicia, S. A, y;

RESULTANDO:

1°) Que a fs. 27/30, N.B., abogada, en su carácter de apoderada de la parte actora, interpone recurso extraordinario provincial contra la resolución de la S. 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, la que en su parte resolutiva dispuso: “Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 9/12 de los presentes actuados, de conformidad con lo expuesto en los considerandos” (fs. 20 vta).

Funda el recurso interpuesto en el inciso 2º del art. 261 del CPCC.

2°) Manifiesta que, contrariamente a lo sostenido por la Cámara de Apelaciones, la fundamentación de la queja por el recurso de apelación mal denegado satisface idónea y suficientemente el recaudo de fundamentación autónoma y eficiente.

Dice que, en principio, debe tenerse en cuenta que la jueza de primera instancia hizo lugar unaudita parte al pedido de los Dres. M. y R. con un escueto fundamento.

Añade que la jueza de primera instancia tampoco permitió cuestionar lo establecido como monto mínimo al sostener que no está legalmente permitido conforme lo dispone el art. 236 del CPCC y arts. 6, 30 y 48 de la Ley de Aranceles.

Entiende que, por el contrario, el art. 236 inc. c) del CPCC manda a conceder el recurso de apelación contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva.Según su criterio, el gravamen irreparable surge porque la jueza fijó el mínimo provisional de honorarios profesionales en la sume de $5.200 citando para ello los arts. 6, 30, y 48 de la ley arancelaria.

Sin embargo, sigue diciendo, no tuvo en cuenta que el mínimo profesional proviene de la Ley de Aranceles y se fija por decreto del Poder Ejecutivo y no jurisdiccionalmente, por lo cual la resolución de primera instancia carece de la necesaria fundamentación legal.

Entiende que el gravamen irreparable se produce porque a la recurrente se la obliga al pago y se le hace abonar un importe varias veces superior ($5.116) al mínimo establecido contradiciendo de este modo el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

Por último, solicita que se haga lugar a la queja y se...

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