Sentencia Nº 1653/7 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:13 de Enero de 2019
 
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SANTA ROSA, 13 de marzo del año 2019.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “ZAPATA, G.D. en legajo n° 1653/6 (reg. S. B del S.T.J.) s/recurso extraordinario federal” legajo n.° 1653/7 (reg. S. B del S.T.J.); y

RESULTA:

1º) Que el Dr. A.O., interpuso recurso extraordinario federal, a favor de G.D.Z., contra la sentencia dictada por esta S. B del S.T.J. que rechazó el recurso de casación oportunamente presentado.

Explicó que el fallo de esta S., habilita la concesión de este remedio, en tanto este Tribunal es el superior de la causa, y la decisión genera un agravio de imposible reparación ulterior en razón de que, cuando adquiera firmeza, su asistido no podrá solicitar la libertad condicional, y, en consecuencia, acceder al 4° periodo de la progresividad del régimen penitenciario, sin contar con otro medio procesal para cuestionar lo dispuesto.

Añadió que esta S. ha emitido una decisión arbitraria que frustra la vía casatoria, deja sin respuesta los planteos efectuados por esa defensa y debe ser considerada como equiparable a definitiva, o como un auto importante en los términos del fallo de la CIDH “Maqueda”.

2°) Que al respecto, precisó que la sentencia causa un agravio federal suficiente, a los fines de habilitar la instancia recursiva, dado que el Tribunal rechazó el reclamo consistente en la “violación al principio de legalidad” en la aplicación de la ley 27375, la cual no es aplicable al caso por lo dispuesto en el art. 2 del C.P., pues el hecho por el cual fue condenado Z. es muy anterior a su entrada en vigencia.

Calificó tal fundamentación como “aparente” y en contra del principio de legalidad constitucional, en orden a la irretroactividad de la ley penal (arts. 19 C.N. y 9 de la CADH.).

Agregó que la denegatoria sustentada en la falta de exactitud del recurso, no implica argumento alguno que lo sostenga y por ende resulta abiertamente arbitrario.

Criticó que en relación a la vulneración del principio resocializador, ante la imposibilidad de acceso a la libertad condicional, en virtud del delito por el cual fue condenado Z., y a pesar de contar con salidas transitorias, se incurrió en fundamentación meramente “aparente y circular”.

Explicó que esta S. solo analizó “la progresividad hasta ese 4° período del tratamiento penitenciario”, y que allí se detuvo “sin argumentar las razones derivadas del derecho vigente que sostienen la conclusión de que su bloqueo no vulnera el principio esgrimido por esta parte”.

Agregó que no se han tratado ni dado respuesta a los agravios consistentes en la vulneración de los principios de igualdad, humanidad y dignidad inherente al ser humano, arbitrariedad en la decisión del T.I.P., y ejercicio de control de convencionalidad y constitucionalidad del art. 14 del C.P., “según redacción dada por ley 25948”.

Reseñó que también se incurrió “en un acto discriminatorio no permitido por la legislación vigente”, en orden a lo que la doctrina denomina "Derecho Penal del Enemigo", puesto que el fallo concluye que la norma debe ser sostenida en pos del indeterminado valor seguridad al que establece como esencial, y justificó la prisionización perpetua de quienes cometen las acciones “más aberrantes del sistema penal argentino”, lo cual afecta la igualdad y dignidad intrínsecas a todo ser humano por el sólo hecho de ser tal y el mandato convencional de readaptación social (arts. 16 y 75.22 CN, y 1.2, 5.1...

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