Sentecia definitiva Nº 165 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 20-12-2016

Fecha de Resolución:20 de Diciembre de 2016
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 20 de diciembre de 2016.-
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores R.A.A., S.M.B., E.J.M., A.C.Z. y L.L.P., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "AYELEF, J.C. C/ I.P.P.V. S/ AMPARO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº 28823/16-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcribe a continuación los votos emitidos.
V O T A C I Ó N
El señor J. doctor R.A.A. dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones en razón del recurso de apelación interpuesto a fs. 114 y fundado a fs. 116/122 por los apoderados de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro contra la sentencia dictada por la J.a a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería n° 3 de la IV Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Cipolletti, Dra. S.P., obrante a fs. 100/104, que resolvió hacer lugar a la acción intentada por la Sra. J.C.A. por sí y en representación de su hija de 8 años de edad, quien padece “encefalopatía no especificada” -cf. certificado de discapacidad de fs. 7- ordenando al Instituto Provincial de Promoción de la Vivienda -IPPV- que brinde una solución habitacional a la amparista, adecuada a las necesidades de la niña y en el orden de prelación legal que corresponda de acuerdo a la normativa que rige la adjudicación de viviendas.
Para así decidir la J.a del amparo consideró que del informe del Departamento de Servicio Social -fs. 48/51- surge de forma evidente la situación de grave vulnerabilidad de la amparista y de su hija, quienes residen en una vivienda alquilada inadecuada.
Afirmó que es clara la carencia de respuesta a su derecho de habitación, el que se encuentra garantizado convencional y constitucionalmente, más aún tratándose de una niña discapacitada que depende para movilizarse de una silla de ruedas y asistencia permanente, lo cual limita las posibilidades laborales de su madre, sumado al hecho de que es de larga data su inscripción en el I.P.P.V. para la adjudicación de una vivienda (2009/2010).
Concluyó que, si bien desde el I.P.P.V. informaron sobre las 14.000 familias inscriptas en la Provincia esperando una respuesta habitacional, por lo que resulta atendible que el organismo no otorgue una vivienda de forma automática con la mera inscripción, lo cierto es que no se cuentan con elementos suficientes por parte del Instituto que demuestren que en el caso de la amparista se han respetado los listados y el orden de prelación o cupo garantizados a las personas con discapacidad; enfatizando que tampoco se cuenta con los resultados que arrojan las acciones de recupero de viviendas.
A fs. 116/122 y vta. los representantes de la Fiscalía de Estado alegan que es improcedente en el caso la vía del amparo ante la ausencia de extrema vulnerabilidad al no presentarse una acuciante situación que revele ausencia de vivienda, condiciones de hacinamiento por multiplicidad de integrantes o el agravamiento de la situación de salud de la niña discapacitada.
Sostienen que no se encuentra acreditada la gravedad, urgencia e irreparabilidad del derecho que se entiende lesionado, sin que haya mediado una conducta arbitraria o ilegal del I.P.P.V. por cuanto la amparista se encuentra inscripta en el registro de demanda habitacional desde el año 2010 bajo el número de legajo nº 0732 y la niña fue incluida dentro del cupo para personas con discapacidad establecido por la ley D nº 2055, circunstancias que le generan un derecho en expectativa del que no resulta la adjudicación directa de una vivienda.
Consideran que del informe socio ambiental de fs. 48/51 no surge evidente la situación de grave vulnerabilidad y urgente necesidad referida en el fallo impugnado.
Destacan que la amparista -persona sana e instruida- manifestó que dispone de la posibilidad de realizar alguna tarea que le signifique un ingreso económico mayor en el tiempo en que la niña desarrolla sus actividades en el centro de rehabilitación al que concurre, el que sumaría a su economía junto con la cuota alimentaria que percibe del padre de su hija y a la asignación por hijo discapacitado.
Se agravian por la fundamentación utilizada por la J.a de amparo respecto a la “flexibilización” de los presupuestos procesales para forzar la excepcional vía intentada a fin de admitir la pretensión de la amparista y al respecto enfatizan que las políticas públicas en materia de vivienda se rigen por la normativa prevista al efecto (ley D nº 2055), ámbito que no resulta de la órbita del Poder Judicial, máxime cuando no hubo conducta ilegal o arbitraria que pueda endilgarse al organismo, situación fáctica que incluso la sentenciante reconoce.
Cuestionan el modo de llevar adelante la obligación de hacer y remarcan que si bien la J.a a-quo intentó sustraerse de la intromisión de competencias en la que incurre (al disponer que la solución habitacional se otorgue “conforme los recursos y el orden de prelación legal que corresponda de acuerdo a la normativa aplicable”), trastoca su operatividad al ordenar que se informe el “modo, plazo de cumplimiento y rango en su caso que corresponda en la lista de espera para ser adjudicataria”, desvirtuándose así la excepcional vía intentada.
Enfatizan que no existen listas de espera para resultar adjudicatarios sino que, en el caso de que haya planes de viviendas para adjudicar, se remitirán los listados al Consejo de Personas con Discapacidad para que determine una orden de prelación a los efectos de completar el cupo del 10 % reservado por ley para el otorgamiento de viviendas a personas que presenten algún tipo de discapacidad.
Precisan que en la actualidad la construcción de viviendas se efectúa mediante entidades intermedias que poseen las tierras y que los Municipios han sido asignados en forma directa por la Nación para la construcción de viviendas, considerando necesario que se incorpore al Municipio de Cipolletti a fin de buscar una solución al reclamo de autos.
A fs. 126/129 y vta. la Defensora de Menores e Incapaces a cargo de la Defensoría nº 3 de la IV Circunscripción Judicial, Dra. D.F., contesta el memorial de agravios y solicita su rechazo por no cumplir con el requisito de realizar una crítica razonada...

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