Sentencia Nº 164 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 27-11-2017

Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2017
 
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///MA, 27 noviembre de 2017.-
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “BERNARDI, JUAN ANTONIO -JUEZ DE CÁMARA- S/ ENJUICIAMIENTO S/CASACIÓN” (Expte. N° 29437/17-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:
CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA, dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
1°) Que a fs. 1139/1163 los Dres. Luis Emilio Pravato y Manuel Maza en carácter de Defensores del Dr. Juan Antonio Bernardi, interponen recurso de casación contra la decisión contenida en el Acta N° 11/16 del Consejo de la Magistratura (C.M.) dictada en fecha 12 de septiembre de 2016, por la cual se dispuso destituir del cargo de Juez de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Ira. Circunscripción Judicial e inhabilitar para ocupar en adelante otro cargo judicial al doctor Dr. Juan Antonio Bernardi, por considerarlo incurso en las causales de mal desempeño de la función y graves desarreglos de conducta (arts. 199 inc. 1° ap. a) y b) y 222 inc. 4 de la Constitución Provincial; 23 inc. a) y f) y 24 inc. b y f de la ley 2434, 12 y 25 inc. 2 de la Ley K 2430; 1 y 35 de la ley L 3550; 1, 2, 3, 4 y 5 del Código de Bangalore -Acordada N° 1/2007 STJRN-).
A fs. 1182/1187 este Superior Tribunal de Justicia -por mayoría- resolvió hacer lugar al recurso de queja deducido por la defensa del Dr. Juan Antonio Bernardi y declarar admisible el recurso de casación interpuesto, que fuera denegado por el Consejo de la Magistratura con cita del art. 45, in fine de la ley K 2434, en cuanto veda el planteo de recursos -que no sea el de aclaratoria- contra decisiones de dicho órgano.
Argumentos del recurso de casación
2°) La Defensa solicita se haga lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose la resolución impugnada. A tal fin invoca, en lo sustancial, violación de la garantía del debido proceso, sosteniendo que el juicio político debió suspenderse hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en el expediente penal caratulado "Bernardi, Juan Antonio A. y Otros s/Corrupción de Menores", N° 1 vi-14037-p2015, del registro del juzgado de instrucción N° 2 de Viedma.
Alega la prejudicialidad prevista en el Código Civil (art. 1775) y defiende la aplicación de dicha norma a los efectos de evitar el escándalo jurídico de sentencias contradictorias sobre la materialidad de los hechos.
Asimismo se agravia por entender que las probanzas penales fueron utilizadas como prueba de cargo en el sumario.
Por otro lado, la Defensa del Magistrado arguye violación al principio de congruencia, indicando que al momento de la requisitoria la Procuradora General imputó al enjuiciado el hecho de haber contratado para tareas de jardinería al Sr. Antueque, siendo que esta conducta no se hallaba especificada en la resolución devenida de la labor del sumariante, pues el Dr. Marcelo Chironi nunca individualizó como conducta reprochable el vínculo laboral de Bernardi con Antueque.
Peticiona la nulidad de la requisitoria esgrimiendo afectación a la defensa, aludiendo a los principios penales de taxatividad y tipicidad.
Plantea que arbitrariamente se prescindió de declaraciones testimoniales que corroboraban el perfil de juez activo -que caracterizaba a Bernardi-, interesado en la mediación penal y en la recuperación del sujeto "capturado" por el sistema penal. Considera que en ese derrotero, esta "omisión" de parte de los Sres. Consejeros, se erige en una fragmentación de la prueba. Enfatiza que soslayar esas testimoniales, implica lisa y llanamente, una notable y flagrante violación al debido proceso legal y defensa en juicio, toda vez que se ignoró prueba esencial que justificaba el accionar de Juan Bernardi, que resultaba idónea para absolver al mismo.
Indica que la remisión global e indiscriminada a la totalidad del expediente penal, como la simple mención a la información sumaria, sin ninguna otra precisión, de manera alguna da cuenta de las circunstancias razonadas por el órgano que le habrían llevado a la decisión en crisis. Agrega que el Consejo incurrió en una arbitraria valoración de la prueba, abroquelándose en una interpretación clasista, ritualista, vacía y contraria a la finalidad del sistema penal en un Estado de Derecho.
Argumenta violación del ámbito de reserva contemplado en el art. 19 de la Constitución Nacional. Afirma que los hechos imputados formaron parte de la intimidad del sumariado, exentos de vigilancia y castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales, y que los juicios de valor del C.M. fueron realizados sobre comportamientos personalísimos de Bernardi, comprendidos en la esfera de su intimidad.
Por último expresa exceso de punición. Esgrime la existencia de desproporción entre los hechos endilgados y la pena de destitución, entendiendo que las faltas no revestían la gravedad con que fueron valoradas por el Consejo de la Magistratura.
Concluye que en el caso no se dan los requisitos necesarios para justificar la sanción cuestionada.
Contestación de la Fiscalía de Estado
3°) A fs. 1197/1216 vta. el Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro, Dr. Julián Fernández Eguía y el apoderado de ese organismo, Dr. Ignacio Andrés Racca, contestan el recurso de casación impetrado y solicitan se declare que la materia discutida no es casable y se rechace el recurso. Sostienen que se incumple con la Acordada 04/2007, que señala que los recursos ante el S.T.J. deberán procurar observar, en cuanto sea de aplicación analógica, las reglas de la Acordada 04/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Indican que el formulario no ha sido acompañado y que la pieza impugnativa no respeta la cantidad de páginas (40) y renglones por página (26), además de no satisfacer los requerimientos que hace sobre el contenido del escrito.
En cuanto a la alegada improcedencia de las causales esgrimidas por la supuesta violación del debido proceso y defensa en juicio destacan que conforme doctrina del Superior Tribunal de Justicia, el art. 45 de la ley K 2434 dispone la irrecurribilidad de la decisión del C.M., principio que sólo cede en aquellos supuestos y con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha habilitado, esto es, la violación del debido proceso y la defensa en juicio con acreditación que la reparación del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso, cuestiones que no se presentan en el caso de autos.
Resaltan que la conclusión del jurado referida a la conducta del juez en cuanto encuadra en alguna de las causales de remoción no es recurrible.
Manifiestan que la temática de la prejudicialidad en modo alguno trastoca el derecho de defensa y que el recurrente confunde la investigación penal con la investigación disciplinaria, cuyos principios son diferentes, sin nexo legal obligatorio de simultaneidad, pues en una se analiza la comisión de un delito y en la otra hechos que configuran graves desarreglos de conducta en la investidura de un Juez.
En cuanto al principio de congruencia, sostienen que los servicios remunerados que Antueque prestaba para Bernardi fueron señalados desde el inicio por la instrucción, y sobre ese extremo tuvo oportunidad de ejercer su defensa el imputado. Destacan que tanto la formulación de cargos del sumariante como la requisitoria de la Procuradora General aluden a los mismos contornos fácticos.
Respecto a la inexistencia de falta de motivación y arbitrariedad por absurda valoración de la prueba, expresan que la Casación ha sido diseñada para resolver cuestiones de derecho, de aplicación e interpretación de la ley, de violación de doctrina legal obligatoria, excepcionalmente por arbitrariedad y que de la mera lectura del remedio incoado no se aprecia palpable ningún tipo de absurdo.
Precisan que los agravios desnudan una discrepancia subjetiva con la ponderación probatoria, una posición tomada de los testimonios, la justificación de la reunión mantenida en la Oficina de Bernardi, hipótesis sobre la portación de un arma y su credibilidad, pero en modo alguno hacen una crítica seria y veraz que pueda calificar de absurdo al razonamiento del C.M.
En relación al denominado hecho “a” resaltan que es incontrovertida la existencia de la reunión, realizada en la oficina de Bernardi, quien estaba en funciones, donde estuvieron presentes el magistrado, Antueque y los Oficiales de Prueba Sandro Moreno y Elías Antenao, que concurrieron a tribunales porque Antueque se había presentado en el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados (IAPL) en estado de exaltación y de evidente ebriedad. Mencionan que amén de conocer que carecía de jurisdicción, con intención de ayudar a quien a esa fecha ya hacía varios meses trabajaba en su chacra, Bernardi se hace cargo de la situación, conduce la audiencia y toma decisiones como darle asilo en su chacra; ello sin competencia ni jurisdicción, transgrediendo normas básicas del proceso y principios elementales de comportamiento.
En cuanto al hecho “b” sostienen que no se encuentra controvertido el asado, el lugar donde ocurriera, la compañía y al ingesta del alcohol, como así tampoco la presencia de menores y dos personas institucionalizadas; señalando que el comportamiento del magistrado no fue adecuado a su función, implicando una falta de sentido moral, de decoro, de la propia honra, afectando la ejemplariedad de la conducta que un magistrado debe asumir.
Subrayan que la defensa no ha refutado dichas conclusiones limitándose a narrar una opinión diferente de cómo sucedieron los hechos.
Respecto a la inadmisibilidad de la valoración de la zona de intimidad, indican que si bien existe una esfera privada de acción en la que no puede interferir el Estado, el límite de esa inmunidad lo constituyen los derechos de terceros, el orden y la moral públicos, por lo que no pueden convalidarse conductas que dañen sentimientos o valoraciones compartidos por toda la comunidad.
Ante el exceso de punición que alega el impugnante, los representantes de la Fiscalía contraponen la facultad del C.M. respecto del mérito de la prueba y de la entidad...

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