Sentencia Nº 1621/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2018
 
EXTRACTO GRATUITO

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, Dr. Eduardo D. Fernández Mendía y por su vocal, Dr. José Roberto Sappa, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “GALLO, Silvina Noemí contra BANCO DE LA PAMPA SEM sobre amparo laboral”, expte. nº 1621/17, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

-----RESULTA:

----- I.- A fs. 1095/1102 vta., Ezequiel Marquesoni, abogado, en su carácter de apoderado de la parte actora Silvina Noemí Gallo, y a fs. 1103/1117 vta., Silvina Matilde Bogetti, abogada, en representación del Banco de La Pampa SEM interponen sendos recursos extraordinarios provinciales en los términos del inciso 1° del art. 261 del CPCC, en ambos casos, contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que a fs. 1091 resolvió: “I. Rechazar las apelaciones interpuestas a fs. 1022 y 1024”.

---- II.- Recurso de la parte actora.

---- Acredita el cumplimiento de los recaudos formales y precisa que, pese a que el tribunal determinó que el despido practicado contra Silvina Gallo fue discriminatorio en los términos del art. 1° de la Ley N° 23.592 y del criterio emanado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Pellicori, Liliana Silva c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/amparo” y “Álvarez c/Cencosud SA” (en este último caso, en su voto mayoritario), la Cámara de Apelaciones de Gral. Pico resolvió no hacer lugar a la reinstalación laboral de la actora en el Banco de La Pampa por acogerse en este punto al voto minoritario del Máximo Tribunal en el último fallo citado, decisión que es materia de agravio del recurso aquí interpuesto junto con la imposición de costas por su orden.

----- Sigue diciendo que la Cámara entendió que debía hacer un balance entre el derecho del trabajador a no ser despedido por motivos discriminatorios y la libertad de contratar del empleador.

----- Expresa que la Cámara agregó que debía hacerse una comparación entre la esfera pública (en la cual rige el sistema de estabilidad propia o absoluta en la cual no se admite el despido incausado) y la esfera privada (en la que rige el sistema de estabilidad impropia) que sí admite la extinción de la relación laboral por despido incausado mediante el pago de una indemnización.

---- Párrafos más adelante expresa que le causa agravios que la Cámara de Apelaciones haya rechazado el recurso de apelación de su representada solicitando la reinstalación en su puesto y que para arribar a tal determinación haya desestimado la aplicación al caso del criterio sentado en el voto mayoritario de la CSJN en la causa “Álvarez Maximiliano y otros c/CENCOSUD SA s/acción de amparo”.


----- Aclara que, sustentándose en el voto minoritario, el tribunal sostuvo que las consecuencias jurídicas que debe tener la comprobación de un acto discriminatorio deben ser definidas en el contexto de la relación de trabajo privada y el principio de estabilidad impropia del ordenamiento laboral argentino que contempla una reparación agravada para casos como el de autos pero no incluye la reinstalación forzosa del trabajador.


Manifiesta que, de este modo, se concilia mejor la libertad de contratar y la facultad de organización que tiene el empleador, por una parte, con el derecho constitucional del trabajador a no ser discriminado, por la otra.

----- A su entender, la Cámara de Apelaciones ha aplicado erróneamente el art. 1° de la Ley N° 23.592 porque si esta norma dispone que la Justicia debe dejar sin efecto el acto discriminatorio y si en el caso se ha tenido por cierto que el despido de Silvina Gallo fue por motivos discriminatorios, la forma correcta de remediar esa conducta es no sólo indemnizar el daño material y moral ocasionado sino también ordenar la reinstalación en el puesto y empresa en que se desempeñaba la actora.

----- Reproduce textualmente algunos párrafos del fallo “Álvarez” y luego señala que cuando un empleador incurre en un despido discriminatorio, se debe dejar de lado el régimen de estabilidad impropia y lo que corresponde es declarar nulo el despido y reinstalar al trabajador en el puesto que ocupaba cuando fue despedido.

---- Manifiesta que al privilegiar la libertad de contratar y de ejercer toda industria lícita del empleador por sobre el derecho del trabajador a no ser discriminado, la Cámara ha omitido analizar en conjunto el art. 14 bis de la Constitución nacional en relación con el principio pro homine.

-----Alega también que si bien en nuestro sistema jurídico no existe la obligación legal para los tribunales inferiores de adoptar el criterio de los superiores, también es cierto que los primeros no pueden emitir pronunciamientos que se diferencien de las dictadas por la Corte sin aportar nuevos argumentos para evidenciar el cambio que merezca la doctrina sentada.

----- En consecuencia, entiende que contribuirá a la seguridad jurídica que los jueces o tribunales inferiores sigan los lineamientos de la doctrina de la Corte, en especial para este caso, la decisión mayoritaria del ya mencionado fallo “Álvarez Maximiliano c/Cencosud”.

----- También se agravia alegando la errónea aplicación del art. 62 del CPCC por cuanto la Cámara impuso las costas por su orden con el sólo fundamento de que ambos recursos habían sido rechazados.

---- Sigue diciendo que “...el hecho de que los recursos de ambas partes hayan sido rechazados no exime a la demandada del pago de las costas que su recurso hubiere generado máxime...” cuando su recurso tiene un enorme monto dinerario, mientras que con el de su mandante sólo se pretendía la reinstalación.

---- Además señala que no se han dado ninguna de las excepciones previstas en el art. 64 del CPCC es decir, no hubo reconocimiento de las pretensiones de la actora sino una clara oposición y tampoco hubo allanamiento.

---- Plantea la cuestión federal diciendo que la sentencia impugnada es arbitraria por no haber ordenado la reinstalación de la actora en su puesto laboral pese a haberse probado que su despido fue discriminatorio en los términos de la Ley N° 25.392.

----- Agrega que también existe caso federal por la violación de las garantías del debido proceso, defensa en juicio de los derechos y de protección contra el despido arbitrario.

----- Por último, peticiona se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto y se case la sentencia dictada.

---- III.- Recurso de la parte demandada, Banco de La Pampa SEM.

----- Al relatar los antecedentes de la causa expresa que la parte actora inició este reclamo solicitando la aplicación dogmática de la doctrina sentada por la CSJN en la causa “Álvarez c/Cencosud” como así también la doctrina de la causa “Pellicori”. Requirió además la aplicación de la Ley N° 23.592, en atención a que el despido sin invocación de causa formal, tendría un fundamento discriminatorio en razón de ser la esposa de Ricardo Sánchez, quien también había sido despedido.

----- Indica que el Banco de La Pampa contestó la demanda rechazando la alegación de despido discriminatorio y solicitó la expresa imposición de costas a la parte actora.

----- Manifiesta que en la sentencia de primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda, es decir, se ordenó pagar la suma de $574.277,64 pero se rechazó la reinstalación pretendida.

----- Apelado que fue este pronunciamiento, la Cámara confirmó la decisión, modificando sólo un error numérico en el monto indemnizatorio.

----- Sostiene que el tribunal de mérito aplicó erróneamente los arts. 182, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo como así también el art. 1° de la Ley N° 23.592 y el art. 360 del CPCC, lo que ha redundado en el dictado de una sentencia violatoria del derecho de propiedad de su mandante.

----- Agrega que la Cámara de Apelaciones optó por realizar un forzado planteo y aplicación dogmática de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pellicori”.

----- Señala que “...toda vez que jamás la parte actora se encontraba dentro del período de protección que dispone la ley específica para el instituto del matrimonio, suplió dicha situación, al sólo efecto de invertir la carga probatoria, generando así una presunción en contra de mi representada, sin sustento jurídico” (fs. 1107).

---- Asimismo dice que la sentencia de grado interpretó de manera absurda y totalmente arbitraria que, al haberse configurado un despido en los términos del art. 245 de la LCT por aplicación del principio de invariabilidad de la causa, su mandante no podía acreditar que no había existido una situación de discriminación, criterio arbitrario, además, porque previamente había dispuesto la inversión de la carga probatoria.

----- En cuanto a la indemnización abonada, recuerda que el vínculo laboral se extinguió el 25/03/2015, y por ello no estaba alcanzada por los beneficios salariales en las negociaciones paritarias del mismo año.

---- Añade que su parte negó específicamente el reclamo y recaía en la parte actora acreditar las circunstancias de hecho invocadas, es decir, que había estado representada por la Asociación Bancaria al momento en que ésta celebró con ADEBA el acuerdo de paritarias correspondiente.

----- A su entender, resultaba evidente que la trabajadora carecía de dicha representación toda vez que el vínculo laboral no se encontraba vigente.

----- Sostiene que tanto la Ley N° 23.551 como la N° 14.250 no se refieren a extrabajadores toda vez que parten de la premisa de que el ámbito de representación necesariamente requiere la existencia de un vínculo laboral vigente.

----- Expresa que el art. 1° de la Ley N° 23.592 no resulta aplicable porque, por el principio de especificidad de la norma, se debe aplicar la Ley N° 20.744, en particular, los arts. 180,181 y 182.

---- Se agravia también por la aplicación de la teoría de la carga probatoria en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA