Sentecia definitiva Nº 162 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 16-10-2015

EmisorSecretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
Número de sentencia162
Fecha16 Octubre 2015
///MA, 16 de octubre de 2015.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Enrique J. MANSILLA, Liliana L. PICCININI, Ricardo A. APCARIÁN y Adriana C. ZARATIEGUI, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: "RALINQUEO, RAUL MARCELO S/ HABEAS CORPUS PREVENTIVO S/ CASACION" (Expte. Nº 28045/15-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos.
VO T A C I Ó N
El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO, dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Vienen los autos a este Superior Tribunal de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto y fundado por la Sra. Defensora del Fuero Penal, Dra. Marta Gloria Ghianni, y su Defensor Adjunto, Dr. Camilo Curi Antun, a fs. 05/11 vta., en representación de su defendido Raúl Marcelo Ralinqueo, contra el pronunciamiento del día 13 de agosto de 2015 obrante a fs. 4, mediante el cual el Sr. Juez del Habeas Corpus, Dr. Carlos Reussi, rechazó “in límine” la acción deducida en la que pretendía impugnar su traslado.
El magistrado consideró que el tenor del escrito presentado es una cuestión propia del trámite de la ejecución de la pena del interno.
A fs. 5/11 vta. los recurrentes plantean en forma preliminar que el remedio intentado tiene su génesis en el traslado de su defendido a la Unidad de Choele Choel desde el Complejo de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma, decisión que tachan como unilateral por parte de las autoridades penitenciarias y sin sustanciación o comunicación al Tribunal de Ejecución Penal o los familiares del interno.
Enfatizan que el procedimiento de traslado del detenido se ha ejecutado en infracción de las leyes que regulan dicho dispositivo. Sostienen que la Ley Nº 3008 -Ley Provincial de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad- y la Ley Nº 24.660 - Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad- disponen requisitos que hacen al control judicial de la medida y que fueran incumplidos en autos.
Señalan que la normativa aludida está inspirada en el principio de judicialización plena de la etapa de ejecución y de legalidad durante su transcurso, por lo que consideran que cabe rechazar cualquier argumento emparentado con el viejo paradigma del carácter administrativo de la pena, el cual es violatorio del ordenamiento vigente y en particular de derechos reconocidos en tratados internacionales.
Reparan que el presente planteo responde al agravamiento en la forma ilegítima de las condiciones de detención de su defendido, dado que su traslado intempestivo a la Ciudad de Choele Choel obstaculiza la posibilidad de que éste tenga acceso inmediato a su defensor y al Magistrado a cargo de la ejecución de la pena que le fuera impuesta, circunstancia que además imposibilita realizar un control adecuado sobre las condiciones de detención, afectándose el derecho de defensa y los principios de intermediación y acceso a la justicia. Asimismo, consideran que su traslado fuera de Viedma restringe y torna difícil las visitas de sus familiares y allegados y así se vulnera el proceso de resocialización del interno.
Sostienen que la sentencia impugnada les causa agravio por cuanto al rechazar in limine la acción de habeas corpus intentada, sin dar fundamento alguna en su apoyo, deviene arbitraria y como tal incapaz de constituirse en un acto jurisdiccional válido. Además aseguran que se cristalizó la violación del derecho de defensa y debido proceso al no cumplimentarse ninguna de las etapas del procedimiento previsto por la Ley B Nº 3368 de habeas corpus.
Concluyen que la resolución cuestionada deviene nula en tanto el Tribunal debió integrarse con por lo menos dos de sus jueces conforme lo prescribe el art. 8º de la Ley B Nº 3368, y no solo con un magistrado como sucedió en autos.
A fs. 17/23 vta. la Sra. Defensora General, Dra. Rita Custet Llambi, dictamina que le asiste razón a los recurrentes en los agravios expuestos, en tanto no existe fundamento alguno que...

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