Sentecia definitiva Nº 160 de Secretaría Penal STJ N2, 03-12-2013

Fecha de Resolución: 3 de Diciembre de 2013
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26255/13 STJ
SENTENCIA Nº: 160
PROCESADA: F.S.G.
DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VÍNCULO, AGRAVADO POR LA UTILIZACIÓN DE UN ARMA DE FUEGO, CON CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ATENUACIÓN
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 03/12/13
FIRMANTES: ZARATIEGUI PICCININI APCARIAN BAROTTO - MANSILLA
///MA, de diciembre de 2013.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores A.C.Z., L.L.P., R.A.A., S.M.B. y doctor E.J.M., con la presidencia de este último y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “FREYDOZ, S.G. s/ Homicidio agravado en razón del vínculo s/Casación” (Expte.Nº 26255/13 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de las siguientes:
C U E S T I O N E S

1ª ¿Es procedente el recurso de la Defensa?

2ª ¿Es procedente el recurso del Ministerio Público F.?

V O T A C I Ó N
A la primera cuestión los señores Jueces doctores A.C.Z., L.L.P., R.A.A., S.M.B. y E.J.M. dijeron:

1.- Mediante Sentencia Nº 75, del 20 de noviembre de 2012, la Cámara Primera en lo Criminal de General R. resolvió -en lo pertinente- condenar a S.G.F. a la pena de dieciocho (18) años de prisión, por ser autora del delito de homicidio calificado por el vínculo, agravado por la utilización de un arma de fuego, con circunstancias extraordinarias de atenuación (arts. 29, 41 bis, 80 inc. 1º e in fine C.P.). También ordenó su prisión preventiva, que debe seguir cumpliendo en su actual lugar de
///2.- alojamiento.

2.- Contra lo decidido, la señora F. de Cámara y la Defensa particular de la imputada dedujeron sendos recursos de casación, el primero de los cuales fue declarado admisible en su totalidad, mientras que el segundo lo fue parcialmente, y luego se admitió la porción rechazada vía queja ante este Cuerpo.

3.- La Defensa pide al Superior Tribunal que entre a conocer el fondo del asunto y que dicte sentencia absolutoria. Considera que el pronunciamiento de Cámara es arbitrario y otorga validez a diligencias probatorias impugnadas por su parte, que transgredieron el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal adjetivo.

Ya en el acápite referido a los fundamentos de sus agravios, sostiene que el juzgador incurre en una violación al principio de congruencia. R. la acusación y entiende que se ha descartado arbitrariamente la hipótesis de la Defensa, la que surge de lo declarado por la imputada ante los peritos psiquiatras. En tal sentido, aduce se ha rechazado, mediante “una arbitraria interpretación de la cláusula constitucional de la prohibición de declarar contra sí mismo (art. 22 CP y 18 CN), la construcción del caso articulada por es[a] defensa a partir de lo declarado por S.F. ante los peritos psiquiatras e incorporado a la causa con las respectivas pericias. Prueba que no fue impugnada por la fiscalía tanto en instrucción como en el debate y que, claro está, … no se tuvo en cuenta y de manera arbitraria se sostiene que se desconoce la versión de los hechos de [su] asistida” (ver recurso, fs. 1901 vta.).

///3.
Invoca además la omisión de valorar la declaración testimonial de L.C. en relación con el consumo de alcohol por parte de S.F. -excesivo, con indicios de habitualidad y adicción-, así como el testimonio de G.S., referido a los últimos días de la relación entre ambos cónyuges. Así, en la reconstrucción parcial del hecho, advierte que no se ha evaluado la línea defensista “en cuanto a la personalidad patológica de S.F., la crisis que atravesaba, la sintomatología que surgía de sus actos, la crisis matrimonial y lo ocurrido al momento del hecho”. Añade que las declaraciones de M.E.S. sobre el modo en que ocurrió el hecho también fueron dejadas de lado sin mención razonable.

Alega asimismo que el juzgador descartó la existencia de concausa aun cuando existen dudas a partir de lo informado en la autopsia y en la deficiente atención médica brindada por el doctor Z.. Critica por arbitraria la valoración de la prueba proporcionada por los médicos forenses, el personal de Criminalística, los peritos, psicólogos, etc., y cuestiona el mérito de la invocada por la Defensa. En este orden de ideas, señala que no se ha analizado la prueba para oponerse a los dichos de la Defensa en el sentido de que la intención de la imputada fue quitarse la vida o efectuar uno más de los diversos simulacros coactivos que, en la pareja, ya eran un modo de discutir.

Luego reprocha lo realizado por los médicos respecto de la imposibilidad de obtener muestras de hueso o en cuanto al lavado de la herida con agua. Argumenta que, al actuar de
///4.- tal modo, los forenses destruyeron prueba y, consecuentemente, toda la construcción acusatoria se cae.

Como otro ítem en el que se reflejaría la parcialidad del Tribunal, la Defensa refiere al dosaje de alcohol en sangre, punto en el que, a su criterio, el juzgador ha violentado la garantía del art. 22 de la Constitución de Río Negro, puesto que valoró en su perjuicio las declaraciones de la imputada prestadas en la pericial psicológica de fs. 656. Invoca un “desembozado ataque (sobre)… la participación del Dr. D., sin que se contradigan los aspectos señalados por este y su incidencia en los hechos -vg. no se tomaron muestras del hueso debajo de la herida para corroborar la posible existencia del “signo de B.”-, en relación con su postulación de que la distancia del disparo fue con el arma apoyada con firmeza (disparo “a boca de jarro”). Reitera que en la pericial psiquiátrica del perito de oficio (fs. 228/224 y 1149/1151 y en su ampliación en debate) se concluyó que S.G.F. era imputable para los fines penales y que reprodujo algunos relatos de ella sobre lo ocurrido -fs. 234/235- que no utilizó, pese a que era la versión de los hechos ocurridos.-
Luego califica de falaz el tratamiento dado al peritaje de parte del doctor Cornaglia -quien también depuso en el debate- y señala que no fue analizada la medicación que en ese momento tomaba la imputada.

Hace una reseña y critica el voto de la doctora M.E.G.B., la que -a su juicio- construyó una hipótesis ajena a la realidad fáctica al falsear lo declarado por M.E.S. y M.V. en
///5.- cuanto al modo en que fue hallado el cuerpo de la víctima. Aduce que la magistrada, al igual que el primer votante, utilizó el derecho constitucional al silencio en contra de la imputada.

Luego se ocupa del tercer voto, a cargo del doctor F.S.F., y sostiene que el J. nada dijo sobre la dominabilidad del acto por parte de S.F. y el modo en que manipuló un arma de difícil manejo por su peso y el estado en que ella se encontraba, sumado al hecho de haber acertado un disparo casi imposible para un tirador experto: “Ni hablar para una mujer de 60 años, sin experiencia en el uso de armas de fuego, con alcohol y alplax en sangre, a las cuatro de la mañana, dentro de una discusión acalorada cuanto menos, con el marido supuestamente acostado -hecho que reduce el blanco de manera considerable-, con un revólver celoso en simple acción y con un marcado retroceso de abajo hacia arriba…, en una habitación a oscuras o con poca luz”.

En el subpunto II-B de su escrito, que denomina “DE LOS AGRAVIOS EN PARTICULAR” (ver fs. 1922), reitera los conceptos antes reseñados entre ellos, el tratamiento inadecuado del “efecto atenuante de la emoción violenta” y la prescindencia de la versión de los hechos dada por S.F. ante los peritos psiquiatras (fs. 1926), que encuentra sustento en la prueba rendida en autos, la que permite demostrar “el espacio problemático de discusión”, el contenido mismo de la discusión, la amenaza de suicidio, la reacción posterior, su actitud de enajenación total; también refiere la existencia de prueba que avala la mecánica del
///6.- hecho sustentada por la Defensa, la ubicación y forma en que estaba el cadáver, las características del arma y de la herida -que indican que se trató de un disparo de contacto firme y no un disparo a distancia-, la ausencia de buena luz, la ausencia de gesto defensivo, rastros de tatuaje en la cara, y hora y estado en que se encontraba la imputada.

Seguidamente trata el dolo y manifiesta que le resulta llamativa la ausencia absoluta de análisis en relación con dicho elemento respecto del mencionado intento de suicidio, trayendo a colación la mención de sus hijos en tal sentido.-
A fs. 1933 vta. continúa expresando que el sentenciante nada dijo sobre las tres hipótesis planteadas por la Defensa: i) error de tipo por incapacidad psíquica; ii) aberratio ictus particular “(quiere suicidarse y se mata)” (sic) y iii) desvío del curso causal o error sobre este”. Dice que esto encuentra sustento en diversas pruebas que demostrarían que S.F. ingresó a la habitación con intención de suicidarse o amenazar con hacerlo, tal como ocurría habitualmente, y que la mecánica del hecho ratifica esta opción; en el punto, insiste en el porcentaje de alcohol en sangre y en la inexistencia de dolo.

La Defensa critica asimismo el análisis de imputabilidad, con cita de doctrina legal, y plantea que debió aplicarse la regla del in dubio pro reo. Reitera que la sentencia ha incurrido en vicios de razonamiento, con sustento en la doctrina y jurisprudencia que invoca, y que ha resuelto de manera diferente de lo establecido por el Ministerio Público F. y la Defensa, violentando el
///7.- principio de tercero excluido.

Manifiesta también que se ha invertido la carga de la prueba, presumiendo la imputabilidad de S.F. (fs. 1959), e insiste en que se ha omitido el tratamiento de sus posturas -tipicidad objetiva, subjetiva, culpabilidad y crítica general-. Por lo expuesto, denuncia la violación del principio de congruencia y la afectación del derecho de defensa por la falta de definición del hecho, dado que el fallo no ha explicado cómo sucedió -no se ha indicado cuál ha sido la acción concreta de la imputada-...

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