Sentencia Nº 16 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 10-02-2022

Fecha10 Febrero 2022
Número de sentencia16
MateriaPAEZ ALICIA SUSANA Vs. LOPEZ ANA LIA DEL VALLE Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala III ACTUACIONES N°: 3122/15 AUTOS: “P.A.S. c/ LÓPEZ ANA LÍA DEL VALLE Y OTROS s/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES”. EXPTE. Nº3122/15. SALA

IIIa.- S.M. de Tucumán, 10 de febrero de 2022 Sentencia Nro. 16

Y VISTO :
Los recursos de apelación concedidos en fecha 29 de julio de 2021 a los codemandados S.D.C. y R.E.P. en contra de la sentencia de fecha 22 de junio de 2021 que resolvió rechazar las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva opuestas por los apelantes y ordenar llevar adelante la ejecución seguida por la actora con costas, y;

CONSIDERANDO :


I.- En fecha 11/08/21 la codemandada S.D.C., mediante apoderado letrado, expresa agravios contra el fallo en mención y solicita se declare la nulidad de la sentencia o se revoque por razones de arbitrariedad. Manifiesta que oportunamente dedujo las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva con sustento en la caducidad de la fianza otorgada por su parte, atento el vencimiento del término locativo, y que ambas defensas fueron desestimadas con un abordaje meramente formal. Se agravia en que la sentenciante haya considerado que el contrato de locación con firmas certificadas, base de la acción, no requiera preparación de la vía ejecutiva omitiendo requerir a la locataria la presentación del último recibo, lo que incide en perjuicio directo a su parte al desconocer la extensión de la deuda generada por el deudor principal. Explica que la imprecisión del monto del crédito que se pretende ejecutar en autos surge de la indeterminación del período de alquileres adeudados y la ausencia de determinación de la proporción respecto al pago de servicios y contribuciones, por lo que alega la inexistencia de una suma liquida o fácilmente liquidable. Sostiene que existen imprecisiones respecto a la determinación del objeto de la ejecución, que el título base de la ejecución no se basta a sí mismo, que el monto no se encuentra determinado y que estos vicios operan en directo perjuicio a su parte obstaculizando su derecho de defensa. Critica el abordaje efectuado por la sentenciante respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por su parte, la que considera insuficiente, por prescindir de la normativa legal invocada (art. 1582 bis del Código Velezano) y el hecho de que el incumplimiento alegado habría operado en el mes de octubre de 2014 cuando el plazo contractual originario estaba vencido y había caducado la fianza otorgada. Cita jurisprudencia que considera aplicable. Sostiene que la sentenciante incurrió en un excesivo rigor formal al prescindir de elementos conducentes para la decisión de la cuestión y fundar el decisorio en afirmaciones dogmáticas sin fundamento jurídico. Impugna el decisorio por apartarse y prescindir del sistema legal, constitucional y convencional aplicable y de las circunstancias de hecho que presenta el caso, por lo que afirma que el pronunciamiento es un acto jurisdiccional arbitrario, carente de fundamentación o con fundamentación aparente o dogmática. Señala que el fallo se ha sustentado en el mero voluntarismo judicial omitiendo considerar cuestiones de hecho y el texto expreso de la ley al tener por cumplimentadas exigencias legales que en los hechos no se verifican. Agrega que el decisorio también se aparta de las pautas y criterios interpretativos del régimen legal invocado. Concluye manifestado que la sentencia carece de motivación, basamento fáctico y jurídico y que afecta gravemente las normas constitucionales que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa en juicio como así también las normas convencionales que contemplan la tutela judicial efectiva y el derecho a una decisión fundada. Solicita que oportunamente se declare la nulidad del pronunciamiento o se revoque por las razones de arbitrariedad invocadas, se haga lugar a las defensas oportunamente opuestas con costas a la contraria. Realiza reserva del caso federal. Corrido el traslado de ley a la contraparte el día 20/08/21 (cfr. cédula de fecha 24/08/21), no consta en autos que la parte actora haya contestado o efectuado manifestación alguna. Mediante providencia de fecha 25/11/21 se tuvo por decaído el derecho de la parte accionante a contestar el traslado ordenado.

II.- En fecha 12/08/21 el codemandado R.E.P., con patrocinio letrado, esgrime quejas contra el fallo en mención, las que principalmente se centran en criticar el rechazo de la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte. Se agravia en el pronunciamiento por realizar un análisis parcial e infundado de la situación planteada y considerar que el título ejecutado carece de vicio alguno que lo torne inhábil. Critica el decisorio por sostener que existe suma líquida exigible en el título base de la ejecución, a pesar de que no se ha determinado la suma que le corresponde abonar a la locataria en concepto de servicios de luz y agua conforme la cláusula séptima del contrato de locación de fecha 29/09/12. Sostiene que la cláusula citada establece que los gastos correspondientes a energía eléctrica, agua-SAT SAPEM- u otro organismo que lo reemplace y contribuciones municipales serán abonados proporcionalmente entre la locadora y la locataria sin precisar en qué porcentaje serán distribuidos. Explica que la cláusula en cuestión al referirse a la parte proporcional se refiere al uso de los servicios, dado que en caso contrario se habría consignado que cada parte soportaría los mismos en un porcentaje del 50%. Cuestiona que la sentenciante no establezca en forma clara cuál es el porcentaje que debe abonar la locataria, y remarca que el título base de la ejecución carece de una suma líquida exigible conforme lo exige el Digesto procesal, por lo que deviene inhábil. Agrega que la planilla de deuda presentada por la parte actora no indica el origen de la deuda ni el porcentaje sobre el cual se obtiene el monto reclamado. Entiende que la determinación del valor real por el uso de los servicios debe tratarse en un procedimiento de conocimiento. Por último, impugna los intereses del 30% fijados en el pronunciamiento apelado por considerarlos excesivos y contrarios a la moral, por lo que solicita a este Tribunal se morigere la tasa de intereses al 24% anual. Cita precedente jurisprudencial en sustento a su pretensión. Pide que oportunamente se revoque la sentencia apelada con costas a la contraria. Corrido el traslado de ley a la contraparte el día 20/08/21 (cfr. cédula de fecha 24/08/21), no consta en autos que la parte actora haya contestado o efectuado manifestación alguna. Mediante providencia de fecha 25/11/21 se tuvo por decaído el derecho de la parte accionante a contestar el traslado ordenado.

III.- En forma previa a emitir pronunciamiento sobre los recursos y los puntos materia de queja, encontrándose vigente el...

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