Sentencia Nº 15896/10 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2011

Fecha de Resolución:18 de Marzo de 2011
 
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[CCSR1]KUNTZ, H. D.-18.03.2011 En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 18 días del mes de marzo de 2011, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "KUNTZ, H.D.c.S. y Otro s/Daños y Perjuicios (L.)" (Expte. Nº 15896/10 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo I.- La sentencia de fs. 931/945 y sus fundamentos: declara la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la Ley Nº 24.557 y hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por H.D.K. contra CLEAR S.R.L., condenando a esta última y a la tercera citada LIBERTY ART a pagar al actor en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, la suma de $14.267 con más sus intereses aplicando la tasa mix. Impone las costas a las vencidas y regula honorarios La sentenciante describe el caso, expone que a los fines de encauzar la pretensión resarcitoria en las normas del derecho común, el actor planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley Nº 24.557, y que tal cuestión ha sido resuelta en reiterados pronunciamientos nacionales y locales y zanjada contundentemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de septiembre de 2004 en causa "A., Isacio c/Cargo Servicios Generales S.A.". Reseña los fundamentos del fallo que comparte, declara la inconstitucionalidad de la norma y dice que ante lo decidido, resulta inoficioso el tratamiento de las restantes pretensiones de ineficacia (arts. 21, 22 y 46 inc. 1º) Posteriormente, analiza si el pedimento del demandante encuentra cabida al amparo de las normas del Derecho Civil, toda vez que es éste quien debe demostrar los presupuestos de la responsabilidad. Concluye así, que la prueba acredita los hechos narrados por el actor, tales como que realizaba tareas de recolección de bolsas de barrido para introducirlas en el camión colector, que tuvo un tirón en su cintura y lo hizo saber a la patronal, quien en su denuncia ante Liberty ART describió lo acaecido en la misma forma. Además, atribuye pleno valor probatorio a los testigos que tuvieron conocimiento directo e inmediato del hecho, circunstancias concomitantes a las tareas prestadas y modalidad con que las mismas se llevaron a cabo, todo lo cual le permite aceptar la versión del accionante
Asimismo, deja en claro que la pericia médica es la única forma de establecer científicamente en el juicio, el nexo causal entre las tareas cumplidas por el trabajador y la enfermedad accidente que invoca; que el empleador sólo está obligado a resarcir el perjuicio derivado del trabajo para su parte -causal o concausal-; determina la afección de K. -dando exclusiva relevancia a la pericia del Dr. V.- como una "lumbalgia crónica por espondilosistesis grado 1º" de origen congénito; define en base al criterio de la sana crítica, que existe una causalidad adecuada entre el trabajo y la afección padecida, toda vez que el mismo resultó apto para producir la consecuencia dañosa, contribuyendo concausalmente a agravar la dolencia de origen congénito que padecía el actor, informada al inicio de la relación laboral
Concuerda con los accionados respecto de la no inclusión de la espondilolistesis en los listados de enfermedades profesionales, pero como la acción fue encausada en el ámbito del derecho común, hace en forma previa el análisis de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley Nº 24.557. Entiende probados los presupuestos de responsabilidad civil y demostrado que la enfermedad está vinculada causalmente con un hecho antijurídico atribuible a la demandada y por ello, determina que la acción resulta procedente con independencia de que no esté incluida en el listado (conf. C.S.J.N. 18/2/2007 "S., F.J. c/Unilever de Argentina S.A...."). Adhiere al criterio adoptado por la Cámara Nacional del Trabajo en autos "Fazzolari, Julio César c/Work & Service S.R.L....", rechaza la defensa de legitimación pasiva opuesta por Liberty ART y la condena a pagar los daños en la medida del seguro. Luego se avoca a la evaluación de los rubros indemnizatorios reclamados y establece la suma por la que progresa la demanda en $ 14.268, a la que deberá adicionarse los intereses a tasa mix desde el 29/10/04 y hasta el efectivo pago e impone las costas del proceso a las demandadas.- El fallo ha sido apelado por la parte actora, por la demandada CLEAR S.A. y LIBERTY ART. Para un mejor orden se tratará en primer lugar los recursos interpuestos por las dos últimas y después el cuestionamiento del accionante. II.- Recurso de la demandada CLEAR S.R.L.: (la expresión de agravios obra a fs. 1008/1014). En su primer cuestionamiento, expone que la declaración de inconstitucionalidad es un recurso excepcional por su gravedad y dado que el reclamante incoa su pretensión en forma ambigua, ya que por un lado lo hace en base al art. 1072 del C.C. y por otro arguye responsabilidad objetiva con fundamento en el art. 1113, entiende que lo resuelto referido al art. 39 de la L.R.T. debe ser revocada. Su segunda polémica está ligada a la atribución de responsabilidad en cuanto el juez de grado entendió que "...la afección es imputable al demandado conforme los arts. 1.113 y 1.109 del C.C. en la medida que agravó la condición del actor...". Afirma que K. no ingresó sano a laborar; sus dolencias no devienen como consecuencia de las tareas que realizara sino de su situación física preexistente y que el agravamiento se debe achacar al paso del tiempo, situación que no fue descartada por el perito V.. Califica de errónea la interpretación de la juzgadora, en cuanto considera que levantar bolsas que pesen 15 o 16 kilos puedan ser determinantes para generar el daño, y para concretar su punto de vista da ejemplos. Subsidiariamente, critica el cálculo realizado en la sentencia, exponiendo que excede la razonabilidad y la equidad reparativa, tanto respecto de las lesiones que sufre el actor, como de su responsabilidad en el agravamiento de las mismas, debiendo morigerarse los montos y llevarlos a una suma que sea acorde a los sufrimiento reales que sufre quien acciona. Como se indica en el responde de fs. 1016/1023, la memoria de Clear S.R.L., dista mucho de ser una crítica concreta y razonada a la sentencia que impugna, e incumple la manda del art. 246 del CPCyC. La sentenciante en un enjundioso fallo, hace un análisis completo de los diversos elementos de juicio que obran en la causa, según las reglas de la sana crítica desmenuza la prueba arrimada y armoniza los datos colectados con distintas citas de jurisprudencia de la Corte Suprema para abonar su postura. La expresión de agravios en cambio, se aprecia insuficiente para desvirtuarla. Resulta claro que el perjuicio que ocasiona lo decidido al impugnante radica en la condena, pero no es bastante negar o refutar respecto del derecho del accionante si, previo o conco- mitantemente a ello, no demuestra cuál es la prueba concreta que sostiene sus argumentos. El derecho del demandante no fue fundado en el art. 1072 del C.C. (ver demanda de fs. 50/73) como se marca en la crítica, y los suscriptos comparten el criterio del Alto Tribunal referido a la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley Nº 24. 552, sin necesidad de cotejo alguno en casos como el presente donde la enfermedad no figura en el listado, en el entendimiento que la limitación de acceso de los trabajadores a la vía civil, constituye una distinción inaceptable entre aquellos y cualquier otro habitante de la Nación (art. 16 de la C.N.), patentizándose el agravio constitucional porque lisa y llanamente,se determina la cancelación del derecho de los damnificados a la reparación integral (C.S.J.N. en Causas "D. c/Vaspia" y "A.J...."). Considerar exclusivamente enfermedades profesionales las comprendidas en el "listado" e impedir su reparación, viola el art. 17 de la C.N., al cercenar in limine los derechos patrimoniales del trabajador damnificado y confiere al Poder Ejecutivo facultades de legislador y juez, toda vez que decide qué pretensiones son viables y cuales no, sin importar la legitimidad que pueda demostrar el trabajador damnificado. Atenta también contra la seguridad jurídica, los derechos del trabajador consagrados en la Carta Magna y lo coloca en un estado de indefensión que no se compadece con los principios de la Seguridad Social. Según M.A. en su obra "La Ley sobre Riesgos del Trabajo en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación", el criterio que debería entenderse a partir del caso "S." es que "Las enfermedades sufridas por el trabajador como consecuencia del cumplimiento de su débito laboral que no estuvieran incluidas en el listado de enfermedades profesionales aprobado por el decreto 658/96, o en las que no concurran los tres requisitos exigidos para el caso en ese listado, o no hayan dado derecho a las prestaciones del sistema por el procedimiento establecido en los incisos b a d del apartado 2 del artículo de la ley 24.557, y en cuanto se acrediten los presupuestos de la responsabilidad civil, dan derecho a aquél o a sus derecho habientes a una reparación plena con fundamento en las normas del Código Civil a cargo del empleador..." (obra cit. pág. 91). En cuanto a la siguiente divergencia, debe decirse que en la sentencia no se niega que la patología fuese congénita, más haciendo un examen de la prueba, al darse por probada la existencia del accidente (tirón de cintura), mientras el Sr. K. cumplía tareas de recolección de residuos para la demandada, considera a éste desencadenante y concausal, descartando que la concausa sea el paso del tiempo. La relación de concausalidad deviene como consecuencia de lo dicho y por no haber negado quien recurre su calidad de guardiana o dueña de los elementos que en conjunto con la actividad se tornaron dañosos, lo cual...

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