Sentencia Nº 1576 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 26-10-2018

Número de sentencia1576
Fecha26 Octubre 2018
MateriaS/ COBRO DE PESOS

M.M.E. C/ INMACULADO CORAZON DE MARIA S/COBRO DE PESOS S/ X - INSTANCIA UNICA 1576/2018 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Octubre de dos mil dieciocho, reunidos los señores V.es de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores V.es doctores D.O.P., R.M.G., y la señora V. doctora C.B.S., bajo la Presidencia de su titular doctor D.O.P., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “M.M.E.v. Inmaculado Corazón de M. s/ Cobro de pesos”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora C.B.S., doctores R.M.G. y D.O.P., se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora V., doctora C.B.S., dijo: 1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 414/428) contra la sentencia de la S.V. de la Cámara del Trabajo de fecha 24/8/2017 (fs. 394/404). El referido Tribunal declaró admisible el recurso por resolución del 27/11/2017 (fs. 433) y del informe actuarial de fs. 441 surge que ninguna de las partes presentó la memoria que autoriza el art. 137 del CPL. La sentencia impugnada admitió parcialmente la demanda y consecuentemente condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 163.644,57 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, SAC s/preaviso, SAC s/integración, vacaciones no gozadas, SAC s/vacaciones y multa art. 275 LCT, y la absolvió del pago del rubro indemnización por daño moral. Impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. 2. La recurrente manifiesta que el fallo impugnado “soslaya” las intimaciones que efectuó su parte previo al distracto; en particular que “de los términos de la carta documento de fecha 22 de octubre de 2013 (fs. 38) y del 26 de noviembre de 2013 (fs. 42), se desprende que mi mandante ante la ausencia del lugar de trabajo de la actora, solicitó su presencia en el lugar de trabajo en dos oportunidades con la intención de mantener la continuidad laboral de la Sra. M.. Entiende que “La real interpretación y valoración de estas es que la actora no se presentó a trabajar desde el 15 de octubre de 2013 (conforme al certificado médico de la Dra. S., que se aconsejaba el reposo por diez días) hasta su fecha de desvinculación de fecha 23 de diciembre de 2013” (sic). Señala que “no hubo ningún otro certificado presentado en ese lapso, lo cual ha sido expresamente reconocido por la sentencia”, por lo que “la actora solo tenía desde octubre hasta diciembre (fecha del despido) 10 días de reposo”. Aduce que el fallo “no advirtió que la sanción de abandono de trabajo no obedece al reposo o presentación del certificado médico de la actora, sino al hecho de que transcurrido con creces el plazo de diez días, la actora no se presenta a trabajar, para lo cual fue intimada dos veces”. Manifiesta que la sentencia “consideró como válido únicamente los telegramas de la parte actora”, y que “en ninguna de estas se expresa que quiere mantener y conservar el trabajo, siempre alegan que no le reciben los certificados médicos (digamos un certificado médico, hasta el mes de diciembre de 2013), porque nunca acredita y menciona la existencia de otra documentación que acredite la ausencia por más de diez días”. Insiste en que “no existe documentación que pueda justificar la ausencia del trabajo en los meses de noviembre y diciembre… solo se podría justificar 10 días de reposos del mes de octubre de 2013”. Critica la consideración del fallo referida a la negativa de la empleadora de “recepcionar el nuevo certificado médico expedido por su médica de cabecera, la Dra. G.S., toda vez que “tiene por válido y acreditado la existencia de un nuevo certificado que no se encuentra incorporado como elemento probatorio en autos”. Cuestiona la aplicación del apercibimiento previsto en el art. 325 del CPCyC “ante la ausencia a la audiencia de absolución de posiciones de la Sra. T.V.. Alega que el Tribunal “analizó parcialmente las posiciones propuestas para tener por cierta solo la nº 7, sin observar y valorar en su conjunto esta prueba con los demás antecedentes incorporados en la causa, siempre en relación a la causal de despido invocada en autos, esto es las inasistencias injustificadas de la accionante desde el 15 de octubre de 2013 al 23 de diciembre de 2013”. Afirma que el fallo “no hace referencia… y no analiza los resultados de la ART”, soslayando que “el reclamo de Accidente de trabajo bajo la misma dolencia había sido debidamente desestimada por la empresa Mapfre ART”; como también que “no advirtió que el actor no incorporó prueba alguna que indique por una parte la prescripción médica y por la otra que sea revelador de mantener o conservar el trabajo”. Sostiene que “le incumbe la carga de la prueba al actor el probar no solo la dolencia física, sino justificar adecuadamente las inasistencias a su lugar de trabajo” (sic), por lo que “yerra el fallo en considerar que la actora esquiva de alguna forma su obligación de concurrencia a su trabajo, con la contestación tardía a las intimaciones, específicamente la del mes de noviembre de 2013”. Critica la declaración de procedencia de la sanción prevista en el art. 275 LCT por cuanto “no se han cumplido los recaudos legales para su percepción de parte del actor”. Expresa que “todas las intimaciones han sido cursadas tendientes a conservar el vínculo laboral” y que solicitó que la actora se presente a trabajar en dos oportunidades hasta que “finalmente el 23 de diciembre 2013 le comunica el despido”. Por ello estima que “no existe un despido intempestivo, sin causa que amerite la aplicación de la sanción prevista en la norma citada”, ni actuó con temeridad ni malicia ya que “aceptó el reposo de diez días, y le canceló todos los sueldos hasta su desvinculación en el mes de diciembre de 2013”. Cuestiona la imposición de las costas a su cargo “por aplicación del art. 108 in fine” cuando no ha prosperado el rubro daño moral que “representa más del 50% del monto reclamo originariamente” (sic). Es decir –prosigue– que el rechazo de este rubro “es sustancial, y no una mera diferencia aritmética, por lo que la imposición a mi parte en su totalidad transgrede la previsión normativa (art. 108)”. Alega que “la aplicación de intereses dispuesta por la sentencia es arbitraria, injusta, irrazonable e inconstitucional”. Señala que “la Ley 25.561 (B.O. 7/1/201) está vigente y contiene una expresa prohibición que ha sido vulnerada por la sentencia”, referida a la derogación de toda disposición que autorice la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas y se explaya al respecto. 3. La sentencia impugnada estableció que eran hechos admitidos los siguientes: “a) Existencia de la relación laboral entre la Sra. M.E.M. y la demandada, Inmaculado Corazón de M.S., fecha de ingreso de aquella el 12/03/07, categoría laboral de 'Maestranza' (reconocido por las partes y acreditado con los recibos de sueldo obrantes a fs.46/60) y jornada de trabajo de lunes a viernes de 6.30 a 14.00 hs. b) Fecha de egreso el 23/12/13, por despido directo de la accionada fundado en abandono de trabajo – corroborado con carta documento remitida en esa fecha (fs.45). c) Autenticidad de la documentación agregada en autos por la parte actora (fs. 14/60) y demás instrumentales adjuntadas en original (que obran en Caja Fuerte de esta Excma. Cámara), al no haber sido negada en forma concreta y específica su autenticidad por la accionada en la oportunidad prevista por el art 88 apartado 1 del CPL”. Señaló que las cuestiones controvertidas eran: “Causal del distracto, de lo que dependerá la procedencia o no de b)- Rubros y montos reclamados”. En lo que constituye materia de agravio, la Cámara afirmó: “fue la accionada quien extinguió el vínculo, por lo cual a ella le competía (conforme a lo previsto por el art. 302 del CPCT aplicable supletoriamente al fuero), acreditar la existencia y gravedad de las causales invocadas para justificar el desplazamiento del principio de conservación del contrato previsto en el art 10 de la LCT. Por consiguiente, cabe merituar si existió el abandono de trabajo de la actora en los términos del art. 244 LCT para justificar la máxima sanción, esto es el despido con causa”. Consideró que “el despido efectuado por la accionada invocando abandono de trabajo, no se encuentra justificado en los hechos de la causa, ya que la actora comunicó en todo momento que sus inasistencias se fundaban en problemas de salud, obrando en autos certificados médicos que dan cuenta de la existencia de su enfermedad a esa época y que justificaban sus ausencias al trabajo, lo cual había puesto oportunamente en conocimiento de su empleadora mediante telegramas colacionados (los que se tuvieran por válidos), invocando los certificados emitidos por los profesionales tratantes. En efecto, de las pruebas pertinentes y atendibles para revolver esta cuestión (antes analizadas), estimo que está probado en autos que la actora, previo al despido, padeció un cuadro de lumbociatalgia, artrosis y artritis reumatoidea (acreditada con los certificados médicos y estudios antes analizados), que le impidieron prestar servicios y si bien no se acompañaron en autos los certificados médicos de fecha posterior (de noviembre y diciembre de 2013), lo cierto es que el 25/10/13 la actora rechazó por TCL (fs.40), la intimación de la accionada a reintegrarse a sus funciones habituales, aduciendo su imposibilidad de prestar servicios, conforme a lo prescripto en el nuevo certificado médico expedido por el Dr. G.B., presentado por ella en fecha 24/10/13 y recepcionado por la secretaria de la institución, lo que no fue rechazado por la accionada”. Para el Tribunal “el despido dispuesto por la accionada por CD de fecha 23/12/13 (fs. 45) fue totalmente injustificado...

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