Sentecia definitiva Nº 157 de Secretaría Penal STJ N2, 05-10-2011

Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia:157
PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 25010/10 STJ
SENTENCIA Nº: 157
IMPUTADOS: M.B.S.–.A. JULIO (SOBRESEÍDOS)
DELITO: ESTAFA PROCESAL – ADMINISTRACIÓN INFIEL
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 05/10/11
FIRMANTES: BALLADINI – SODERO NIEVAS – CERDERA (SUBROGANTE) EN ABSTENCIÓN
///MA, de octubre de 2011.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “PINOLINI CARCIOFFI, H. s/Denuncia s/Casación” (Expte.Nº 25010/10 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 979) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor A.Í.B. dijo:

1.- Reseña de las actuaciones:

1.1.- Mediante Auto Interlocutorio Nº 216, del 16 de septiembre de 2010, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió -en lo pertinente- confirmar los sobreseimientos de B.S.M. en orden al hecho calificado como estafa procesal, en grado de tentativa, y a J.A. como partícipe necesario de dicha estafa procesal en concurso ideal con administración infiel.

1.2.- Contra lo decidido, la señora F. y la parte querellante dedujeron recursos de casación, que fueron declarados admisibles por el a quo.

2.- Agravios de la casación:

2.1.- Recurso de la Agente F.: La funcionaria sostiene que, al confirmar el sobreseimiento dictado por el señor J. a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Cipolletti, el Tribunal ha inobservado las normas que el Código Procesal Penal de Río Negro establece bajo pena de nulidad absoluta, en tanto ha arribado a una decisión gravemente inmotivada, en violación de la previsión imperativa del art. 98 del rito que dispone: “Las sentencias
///2.- y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad”. Ello es así en cuanto resulta arbitrariamente incorrecta por contradictoria e ilógica, tanto en el mérito del aseguramiento de las garantías del proceso como en el análisis del caso y la prueba. Agrega que ello genera afectación de las garantías constitucionales y supranacionales del derecho a la defensa en juicio, del debido proceso y de la doble instancia (arts. 22 C.Prov., 18 y 75 inc. 22 C.Nac., art. 8 CIDH y art. 14.5 PIDCyP).

Expresa que el J. de Instrucción en su sentencia de sobreseimiento, ante la existencia de presuntas conductas delictivas por parte de los aquí imputados, resolvió conforme una apresurada valoración y, sin sustento suficiente y basado en meras apreciaciones subjetivas y distorsionadas de los hechos y la prueba, desoyó el marco incriminatorio alcanzado en la instrucción judicial.

Mediante la documental agregada y la reservada por Secretaría (fs. 59, 82/84 y 85/96vta.), las declaraciones testimoniales de fs. 43/45, 283/285, 286/8289, 290/293, 384, 385, 393/394, 395/396, 397/396, 399/400, 419/420, 421/424, 425/427, 674/675 y 682/684, la Pericia Contable de fs. 325/341 y 382/383, el Informe Técnico Caligráfico reservado a fs. 59 y el Informe Pericial Caligráfico de fs. 583/591, prosigue, ha quedado acreditada la ocurrencia histórica de los “Hechos”, según fueron impuestos en el requerimiento que amplió.

Refiere que el fallo parte de un concepto erróneo en el sentido de la valoración de la instrucción dando, en sus consideraciones, una interpretación errada al dictamen del
///3.- F. de Cámara de fs. 733 y al primer voto del a quo de fs. 785/788. Agrega que la sentencia de sobreseimiento del señor J. de Instrucción y su omisión de indagar a los imputados ratificó el apresuramiento achacado y la subjetividad observada en sus fundamentaciones, transformándose la propia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que invoca en contradictoria con el caso.

Prosigue señalando que la sentencia recurrida echa por tierra ocho testimonios coincidentes para sostener, con fundamento en su sola apreciación personal, que el hecho de que no se realizaran en el Sindicato y Obra Social de Obreros de la Fruta de Río Negro y Neuquén (en adelante serán señalados por el suscripto indistintamente, también como “el Sindicato” y “la Obra Social”) contratos escritos de locación de servicios con los profesionales abogados y contadores en las organizaciones gremiales del caso, no lo prohibía y que, solo con sustento en ello, el Tribunal sostiene que la realidad histórica de funcionamiento debió o pudo ser distinta.

A lo anterior la señora F. suma que la afirmación del J. de Instrucción de que A. no tenía limitación para otorgar un contrato por un tiempo que excedía su mandato resulta de su sola subjetividad.

Seguidamente precisa que el Tribunal no interpreta en los hechos que, precisamente, lo que se imputa a ambos incusos es el mecanismo acordado entre ellos para haber instrumentado, fraudulentamente, la base de una justificación de servicios, su modalidad, su percepción y
///4.- hasta sus futuras reparaciones, para luego ser ejecutado, con el mismo carácter, por la vía judicial en su favor y en perjuicio económico de las entidades gremiales, con lo que se ha materializado entonces la puesta en escena para engañar al J. Civil.

Señala que el Tribunal está llamado a resolver, aun en el caso de insuficiencia de los contratos para su ejecución, lo que no resulta exclusiva potestad del J. Civil.

A continuación narra que es incompatible atribuir a la pretendida desorganización administrativa los hechos efectivamente ocurridos y probados, por caso, que los dirigentes L. y L., como el personal administrativo de conducción, D.A. y G.C., desconocieran la existencia de los contratos, dado que ello se operó en forma oculta y con el acuerdo de los imputados; que el Acta Nº 66/01 del Libro de Actas de la Obra Social en su fs. 292 haya sido adulterada por orden de la propia Contadora M. luego de más de un año y que dicho instrumento sea el antecedente de legalidad contractual del contrato de locación de servicios invocado con la Obra Social; que existan dos ejemplares de un mismo contrato (Obra Social, 12/12/01) con distinto tenor, impresos en distinto formato y papel, con supuesto sello de certificación bancaria de firma con distinta tinta, que marcan distintos tiempos y que uno de ellos contenga una firma falsificada; que el contrato de locación de servicios invocado con el Sindicato (de fecha 28/02/00) no esté sustentado en Acta de Comisión que lo avale y que se utilice el mismo supuesto sello de certificación bancaria para
///5.- certificar firmas; que ambos contratos solo estén firmados por el entonces P. y S. General, señor A., respectivamente, sin observar la normativa estatutaria; que se hayan ejecutado dichos contratos judicialmente por la vía civil en tales condiciones, incluso sin contener fecha cierta, habiéndosele exigido previamente el pago del sellado fiscal a tal efecto; que se presentara en el Expte.Civil Nº 26167/06-I iniciando acción contra la Obra Social con un ejemplar del contrato de locación de servicios (fs. 02) que contiene cuatro cláusulas, siendo que el encontrado en las oficinas de esa entidad gremial contiene cinco cláusulas; que precisamente en dicha demanda civil se incorpore, como prueba de la actora, una Carta Documento intimatoria previa al proceso judicial (fs. 45) que reclama el lucro cesante fundada en la cláusula cuarta, cuando esta no se corresponde con el ejemplar presentado, sino con el que fue encontrado en la Obra Social
-circunstancia que constituye uno de los aspectos más relevantes de la conducta imputada a los encartados y sobre la cual el Tribunal ha omitido su valoración-; que en definitiva sobre este último ejemplar la Cra. M. afirmara, en esta causa penal, que dicho instrumento es el otro ejemplar del mismo contrato y que la firma inserta le correspondía, habiéndose determinado pericialmente que es falsa, etc. Afirma la recurrente que todo ello demuestra que los hechos y la prueba hacen a la improcedencia del sobreseimiento.

La señora F. continúa afirmando que advierte la inconsistencia del J. de Instrucción cuando este expresó
///6.- en su resolución que el imputado A. no tenía perfil autoritario por haber renunciado a su cargo antes de la finalización de su período de mandato. Expresa que no se cuenta en autos con un informe psicológico para afirmarlo y que A. renunció sumido en una grave crisis producida en su mandato que llevó al concurso preventivo de la organización gremial.

A ello suma que disiente con el J. de Instrucción cuando afirmó que de no haberse encontrado el ejemplar de cinco cláusulas hoy no se estaría discutiendo la duración del contrato y anuncia que no puede afirmar o negar que es de presumir que no aparezcan nuevas fuentes de valoración aparte de las ya producidas, agregando que el marco probatorio actual admite la continuidad del proceso.

Finalmente, cita jurisprudencia y hace reserva de recurso extraordinario.

2.2.- Recurso del querellante: El doctor H.P.C., en carácter de apoderado querellante del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (O.S.O.E.F.R.N. y N.) inicia su agravio sosteniendo que la...

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