Sentencia Nº 205 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 07-03-2022

Número de sentencia205
Fecha07 Marzo 2022
MateriaYULIANO AGOSTINA Vs. MURGA TARTALO GERARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

SENT Nº 205 "2022 - Año de la conmemoración del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N En Provincia de Tucumán, reunidos los señores V.es de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores V.es doctores D.L., A.D.E. y D.O.P., bajo la Presidencia de su titular doctor D.L., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Y.A. c/ M.T.G. y otros s/ Daños y Perjuicios”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores D.O.P., A.D.E. y D.L., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor V. doctor D.O.P., dijo:

I.V. a conocimiento y decisión de este Alto Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 13 de agosto de 2021 que no hace lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de fecha 03/12/2019.


II.- El recurrente funda su recurso en que la sentencia de Cámara incurre en violación a normas de derecho, no solo substancial y formal, sino también constitucionales (art. 750 C.P.C.C.T.) y convencionales (tratado de los derechos de la mujer). Le agravia la sentencia respecto de por qué no se ha considerado lo manifestado por su parte sobre la mala praxis incurrida por el doctor M.T. durante el puerperio o estadio posterior a la realización de la cesárea. Indica que el fallo pasó por sobre ascuas sus argumentos. Reproduce la sentencia en este punto. Sostiene que existe arbitrariedad. En efecto, afirma que lo mencionado en la sentencia no se ajusta a la realidad del reclamo, ya que en sí afirmó que efectivamente se produjo una infección producto de la cesárea y que producida no fue tratada correctamente y que pese a la persistencia del cuadro, el médico tratante no procuró efectuar ningún estudio para descartar otra dolencia y que al no hacerlo incurrió en responsabilidad y que la extirpación del útero se podría haber evitado si el demandado hubiera diagnosticado correctamente. Por tanto, discrepa con la aseveración de que se pretende introducir una cuestión novedosa, sino que la misma ya había sido planteada al interponer la demanda e incluso fue objeto de prueba (confesional, juntas médicas, etc.). Extrae párrafos de la demanda donde dice plantear la cuestión expresamente. Explicita que "la asistencia médica proporcionada a la accionante no sólo no fue adecuada según las circunstancia de modo, tiempo y lugar, sino además constituyó la causa del daño. Dicha responsabilidad es extensiva a la entidad privada de medicina, que asumió una obligación de seguridad y a sus aseguradoras. Son responsables el Sanatorio Modelo y el Dr. M. por el proceso infeccioso contraído por la accionante en la cesárea, que derivó en la histerectomia. ya que la conducta de los profesionales actuantes, no fue la adecuada atendiendo a las circunstancias de tiempo y lugar, pues al ser la actora portadora de una infección originada por la cesárea, que se fue agravando luego, no fue advertida por el médico que siguió la evolución del puerperio, a pesar de la existencia de signos clínicos que la denunciaban, y que no se efectuó el tratamiento farmacológico adecuado, ya que no se había realizado un diagnóstico oportuno. Que su parte presentaba síntomas que debieron haber hecho aunque sea sospechar la existencia de una patología, que finalmente se comprobó por otro médico, y que resultaba necesaria la indicación de estudios médicos complementarios y la realización de interconsultas con otros especialistas, a los fines de arribar a un diagnóstico de certeza. Que entonces surge claro que se le imputa al Dr. M. la mala praxis al momento de la cesárea, donde se habría producido la infección y en un momento posterior, donde a pesar de la persistencia de síntomas, no realizó ningún estudio complementario para detectar otras posibles dolencias o diagnósticos diferenciales. "Es decir, que no hubo ninguna modificación de los términos de la litis y debió considerar nuestros argumentos respecto a la mala atención con posterioridad a la cesárea y que llevó a la actora 60 días después de practicada la misma a que perdiera su útero. Incluso en la demanda puede leerse:

A.- Daño: sin perjuicio del examen detallado que de este apartado se hará en el rubro indemnizatorio, como consecuencia directa de la intervención quirúrgica, la evidente e innegable falta de asepsia del sanatorio tanto en sus instrumentos como en el quirófano y el erróneo diagnóstico de la paciente en las posteriores consultas, la actora perdió su útero (...).
La negligencia en la realización de la asepsia necesaria de las instalaciones e instrumentos en la intervención quirúrgica, antes, durante y/o con posterioridad, dado que la infección que deviene en la posterior histerectomía, fue una infección intrauterina con un antecedente quirúrgico inmediato anterior que fue la mentada cesárea, llevada a cabo en el Sanatorio Modelo. El informe de biopsia que en copia acompaño, indica "moderada actividad trofloblástica con áreas de necrosis", es decir en terminología vulgar, que existía dentro de la cavidad uterina restos del tipo de tejido que fija la placenta al útero con áreas de tejido muerto, lo que exige hacer la pregunta ¿cómo fue que limpiaron la zona luego de alumbrar a la menor, si quedo en el interior del útero este tejido el cual se infectó y propago la misma? La impericia gravísima del Dr. M., que no advirtió la infección que se estaba gestando en el puerperio, a pesar de los estados febriles, de los informes ecográficos y la transmisión de las impresiones vertidas por el Dr. Zarlenga en lo referido a que los resultados no eran normales. Impericia gravísima que queda demostrada cuando el Dr. Wajnerman con los mismos estudios e idéntico cuadro clínico, en la primera consulta ordenó la internación inmediata de mi mandante con el resultado final que implicó la pérdida del útero para poder salvarle vida. En síntesis, durante la cirugía se produjo una infección intrauterina que provocó la histerectomía, y ésta podría haber sido evitada si el Dr. M. hubiera realizado un diagnóstico acertado en tiempo oportuno para tratar la mentada infección puerperal (...)". Agrega que luego, al hablar del factor de atribución se menciona en la demanda que en el caso del doctor M. éste es subjetivo dada su negligencia, impericia e imprudencia en su proceder como jefe del cuerpo médico que intervino en la cesárea, y como médico tocoginecólogo en el errado diagnostico puerperal. Y que se dice que tal responsabilidad se ve confirmada por el informe expedido por el médico legalista doctor A. (cita párrafos de éste). Concluye que entonces, de distintos pasajes de la demanda emerge que el tratamiento posterior a la cesárea no fue el que correspondía conforme a la lex artis y que el demandado en ningún momento realizó un diagnóstico diferencial ni tomó ninguna medida para averiguar por qué a pesar del tratamiento aconsejado, la salud de su parte no mejoraba. Que por ello es que se debe considerar lo manifestado en la apelación sobre si la actuación del demandado fue conforme a la lex artis y si la respuesta fuera negativa si ello no tendría causalidad adecuada con la pérdida del útero ya que de haberla tratado oportunamente se hubiera evitado la extirpación. Le causa gravamen la selección que hace la sentencia al tomar exclusivamente como argumentos para desechar una posible infección lo dictaminado por la junta médica, y la declaración de la doctora B., en desmedro de la documentación médica, opinión de un médico experto, médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones y de los resultados de los laboratorios y testimonial del doctor W., que no fue tachado en sus dichos, y lo más grave aún de la propia pericial oficial de médico anatomopatólogo. También le agravia que se valore positivamente la declaración de la doctora B., a pesar de que se había impugnado sus dichos y fundamentalmente se había apuntado que no había ningún respaldo documentación de su atención médica a pesar de haber sido atendida la actora en un hospital público. Que tampoco se tuvo en consideración la propia confesional del demandado, quien reconoció que no realizó ningún diagnóstico diferencial y que la paciente no mejoraba. Discrepa con que se base la sentencia exclusivamente en las conclusiones de la junta médica integrada por el médico de parte doctor J.N. cuando respecto de éste se ha señalado que se trata de un perito de parte y en las declaraciones de B., que no se encuentran avaladas por historia clínica alguna, dejando de lado todo un cúmulo de pruebas esenciales para la resolución del presente, incurriendo nuevamente en el vicio de arbitrariedad, al no haber merecido ninguna consideración sus agravios a la sentencia de primera instancia, tal como reproduce luego. Explica que citó jurisprudencia al respecto y afirmó que la sentencia en crisis no merituó esta doctrina ni la aplicó al caso. Que afirmó también que la evolución de la paciente conforme a los datos de la historia clínica y de la prueba de absolución de posiciones no ha sido satisfactoria y que el médico tratante debió realizar los estudios complementarios pertinentes en razón de que en el primer contacto con el paciente a posteriori de la cirugía diagnosticó sobre la posibilidad de complicaciones postoperatorias. Sigue reproduciendo sus agravios contra la sentencia de Ira instancia relacionado a la valoración probatoria y concluye que por ello incurre en doble arbitrariedad y por ende descalificable como acto jurisdiccional, la sentencia que omite considerar agravios relevantes para la resolución del pleito y cuando se valoran los dichos de una testigo por no haber sido tachada, cuando la misma fue cuestionada por no haber asentado sus conclusiones médicas en la historia clínica del paciente actora. Agrega por otra parte, que la respuesta de que no...

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