Sentecia definitiva Nº 155 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 29-10-2019
| Fecha de Resolución: | 29 de Octubre de 2019 |
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///MA, 29 de octubre de 2019.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "TABOADA, M.E.S./ QUEJA EN: TABOADA, M.E. S/ SUMARIO" (Expte. N° 29874/18-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:
CONSIDERANDO:
La señora Jueza doctora M.L.I. dijo:
1.- Que a fs. 93/102, el doctor E.A.G., en el carácter de defensor de la doctora M.E.T., quien fuera titular de la ex Secretaría n° 4 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia nº 97, por la que, glosada a fs. 88/92 vta., este Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja por casación denegada articulado a fs. 48/53.
2.- Que, encaminada a su dilucidación y a modo de antecedente de ineludible valoración, corresponde comenzar por reseñar que el Consejo de la Magistratura de Río Negro declaró inadmisible mediante Acta N° 7/18 el recurso de casación incoado contra el Acta/sentencia N° 21/17 del mismo cuerpo que resolvió destituir del cargo de Secretaria a la doctora M.E.T. y la inhabilitó por cinco (5) años para ocupar otro cargo judicial.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia, en la sentencia aquí recurrida, desestimó el recurso de queja al haber entendido no demostrada en forma nítida, incuestionable y concluyente la alegada lesión a las reglas estructurales del debido proceso, ni la irrazonabilidad de la decisión denegatoria de la casación que oportunamente interpusiese.
En ocasión de esa resolución, expresamente se sostuvo que los cambios en la estructura del Poder Judicial enunciados en pos de fundar la afectación del debido proceso, no invierten ni restan entidad a los hechos enrostrados, y menos aún a la decisión del órgano con aptitud para el dictado del acto recurrido. Se destacó que el Consejo de la Magistratura ha obrado dentro de los límites de su competencia, llevando a cabo un procedimiento reglado en conformidad con las previsiones prescriptas en los artículos 27 a 47 de su Ley Orgánica con el debido respeto a las garantías en juicio, resultando, por ende, improcedentes los planteos de la recurrente.
También, se descartó que el agravio sustentado en la irrazonabilidad de la pena aplicada constituya materia de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, juzgando que no se trata de convertir a aquél en un tribunal de alzada que sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado. Y, se declamó la impertinencia de la crítica enarbolada en base a una supuesta arbitrariedad de la sentencia, apreciando que su sola invocación no logra conmover la solución adoptada cuando, como en el caso, simplemente se alegan no respetados los principios lógicos de la materia probatoria, es decir, sin indicar cuáles serían éstos, y omitida su evaluación bajo la perspectiva de género, al apreciarse introducido de ese modo una cuestión no planteada en oportunidad de interponer la casación.
En conclusión, se precisó que la enjuiciada fue imputada por cargos definidos en base a las conductas descriptas con precisión; tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo y ofrecimiento de prueba; su actuación fue evaluada con arreglo a los recaudos legalmente contemplados, y destituida por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Río Negro depositó la atribución ejercida, a través de una decisión unánime que estimó acreditada la causal típicamente reglada de mal desempeño.
3.- Que, narrado el devenir del trámite, imperativo resulta señalar que la representación de la impugnante al plantear el remedio federal en tratamiento persigue la concesión del recurso interpuesto a fin de que el Máximo Tribunal Nacional deje sin efecto la sentencia recurrida y resuelva sobre el fondo de la cuestión, revocando la destitución e inhabilitación impuesta por el Consejo de la Magistratura de la IIIª Circunscripción Judicial.
Precisamente, con esa finalidad arguye violentado el debido proceso legal, la garantía de juez natural y defensa en juicio, como asimismo desconocido el bloque de constitucionalidad y tratados internacionales, por el modo en que se juzgó y valoró la prueba, lo que tilda de arbitrario, en tanto a su mérito en esa tarea se prescindió...
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "TABOADA, M.E.S./ QUEJA EN: TABOADA, M.E. S/ SUMARIO" (Expte. N° 29874/18-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:
CONSIDERANDO:
La señora Jueza doctora M.L.I. dijo:
1.- Que a fs. 93/102, el doctor E.A.G., en el carácter de defensor de la doctora M.E.T., quien fuera titular de la ex Secretaría n° 4 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia nº 97, por la que, glosada a fs. 88/92 vta., este Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja por casación denegada articulado a fs. 48/53.
2.- Que, encaminada a su dilucidación y a modo de antecedente de ineludible valoración, corresponde comenzar por reseñar que el Consejo de la Magistratura de Río Negro declaró inadmisible mediante Acta N° 7/18 el recurso de casación incoado contra el Acta/sentencia N° 21/17 del mismo cuerpo que resolvió destituir del cargo de Secretaria a la doctora M.E.T. y la inhabilitó por cinco (5) años para ocupar otro cargo judicial.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia, en la sentencia aquí recurrida, desestimó el recurso de queja al haber entendido no demostrada en forma nítida, incuestionable y concluyente la alegada lesión a las reglas estructurales del debido proceso, ni la irrazonabilidad de la decisión denegatoria de la casación que oportunamente interpusiese.
En ocasión de esa resolución, expresamente se sostuvo que los cambios en la estructura del Poder Judicial enunciados en pos de fundar la afectación del debido proceso, no invierten ni restan entidad a los hechos enrostrados, y menos aún a la decisión del órgano con aptitud para el dictado del acto recurrido. Se destacó que el Consejo de la Magistratura ha obrado dentro de los límites de su competencia, llevando a cabo un procedimiento reglado en conformidad con las previsiones prescriptas en los artículos 27 a 47 de su Ley Orgánica con el debido respeto a las garantías en juicio, resultando, por ende, improcedentes los planteos de la recurrente.
También, se descartó que el agravio sustentado en la irrazonabilidad de la pena aplicada constituya materia de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, juzgando que no se trata de convertir a aquél en un tribunal de alzada que sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado. Y, se declamó la impertinencia de la crítica enarbolada en base a una supuesta arbitrariedad de la sentencia, apreciando que su sola invocación no logra conmover la solución adoptada cuando, como en el caso, simplemente se alegan no respetados los principios lógicos de la materia probatoria, es decir, sin indicar cuáles serían éstos, y omitida su evaluación bajo la perspectiva de género, al apreciarse introducido de ese modo una cuestión no planteada en oportunidad de interponer la casación.
En conclusión, se precisó que la enjuiciada fue imputada por cargos definidos en base a las conductas descriptas con precisión; tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo y ofrecimiento de prueba; su actuación fue evaluada con arreglo a los recaudos legalmente contemplados, y destituida por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Río Negro depositó la atribución ejercida, a través de una decisión unánime que estimó acreditada la causal típicamente reglada de mal desempeño.
3.- Que, narrado el devenir del trámite, imperativo resulta señalar que la representación de la impugnante al plantear el remedio federal en tratamiento persigue la concesión del recurso interpuesto a fin de que el Máximo Tribunal Nacional deje sin efecto la sentencia recurrida y resuelva sobre el fondo de la cuestión, revocando la destitución e inhabilitación impuesta por el Consejo de la Magistratura de la IIIª Circunscripción Judicial.
Precisamente, con esa finalidad arguye violentado el debido proceso legal, la garantía de juez natural y defensa en juicio, como asimismo desconocido el bloque de constitucionalidad y tratados internacionales, por el modo en que se juzgó y valoró la prueba, lo que tilda de arbitrario, en tanto a su mérito en esa tarea se prescindió...
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