Sentencia Nº 1549/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:17 de Abril de 2017
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 17 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.E.D.F.M. y por su vocal, Dr. J.R.S., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “T.M.H.R. contra T.R.C. Y OTRO sobre DAÑOS Y PERJUICIOS”, expte. nº 1549/16, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

RESULTA

I.- A fs. 343/367, P.H.D., abogado, en calidad de apoderado del Sr. R.T., interpone recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 261 incisos 1° y 2° del CPCC, contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que a fs. 337/337 vta. resolvió: “I.- Revocar la sentencia de fs. 304/310 y, en consecuencia, condenar al demandado R.T. pague al actor la suma de pesos sesenta y cuatro mil quinientos ($64.500,00) a la fecha de la presente resolución, pago que deberá efectivizarse dentro del plazo de 10 días de que exista liquidación aprobada del crédito adeudado al actor H.R.T.M

Acredita el cumplimiento de los recaudos formales, y relata los hechos de la causa diciendo que en el año 1983, en la localidad de Lonquimay, se reunieron varios productores rurales para formar una asociación con el propósito de brindar a los socios el uso de una balanza para el pesaje de camiones de cereal, animales y demás productos agrícolas.-----

Con tal objetivo, ese grupo adquirió la báscula, mientras que el actor aportó el terreno donde se iba a asentar, comprometiéndose a su donación, contribución que nunca se hizo efectiva porque, por cuestiones legales, no contaba con la escritura de ese predio

Aclara que en el año 1996, la sociedad seguía funcionando irregularmente por lo que intentaron solucionar esa cuestión, concretándose una reunión el 4 de marzo del mismo año en la que se firmó un contrato de constitución de sociedad en formación, nombrándose una comisión regularizadora

Señala que ese contrato se firmó ante el juez de paz y fue suscripto por 18 de los socios originales, a saber: 1) H.A.P., 2) O.C., 3) R.V., 4) A.F. de S., 5) A.L.M., 6) G.D.C., 7) J.A.A., 8) A.O.D., 9) H.R.T. (actor en estos autos), 10) P.H.P., 11) F.J.A., 12) O.V., 13) O.J.G., 14) M.H., 15) M.Á.D., 16) J.M.B., 17) E.C. y 18) R.T

Indica que, posteriormente, el 5 de marzo de 1996, se dirigió otra nota a los productores informándoles sobre la conformación de la sociedad provisoria y que se les otorgaba un plazo de 90 días para expresar su voluntad de integrarse y regularizar la situación.

Ante el fracaso, intentan nuevamente en el 2006, pero tampoco pueden sanear la irregularidad porque el Sr. T. no efectivizaba la donación prometida.

Más adelante dice que ante ello y debido a las intimaciones de distintos organismos de contralor para resolver la situación legal, el 15 de abril de 2010, de común acuerdo, un grupo de socios deciden ofrecerle a la Asociación Rural de Lonquimay transferir los derechos que tenían sobre esa balanza y en caso de aceptación, proceder a su traslado.

Manifiesta que cuando intentan trasladarla, el Sr. T. se los impide y finalmente la balanza queda en el mismo lugar sólo que desarmada, interponiendo la presente demanda por los daños y perjuicios que supuestamente le ocasionaron por la privación de uso y por los gastos que le demandó volver a armarla.

Señala que las pretensiones del actor fueron rechazadas en primera instancia pero admitidas ante la Cámara de Apelaciones motivo por el cual interpuso el presente recurso extraordinario provincial.------

En el parágrafo que titula “Falta de fundamentación” (art. 35 inc. 5 en función del art. 261 inc. 2 del CPCC) expresa que la Cámara de Apelaciones resolvió la condena a su parte sin fundamentos, agrega que es arbitraria y que viola palmariamente el derecho de defensa en juicio.

Indica también que el tribunal de mérito se desentiende de las pruebas producidas en autos y se sustenta en hechos no acreditados, al tiempo que, acerca de los presupuestos de responsabilidad, se limita a rebatir solo uno de ellos.

A continuación efectúa un análisis de los referidos presupuestos, concluyendo que no se han configurado y ya en el siguiente parágrafo precisa que la sentencia de la Cámara de Apelaciones incurre en el vicio de incongruencia respecto del objeto del proceso. Dice que tampoco se pronunció sobre todos los hechos controvertidos que se habían establecido en la audiencia preliminar y tampoco hizo ningún análisis sobre prueba documental y testimonial que considera de fundamental importancia.

Párrafos más adelante asevera que la Cámara tomó como propio un argumento planteado extemporáneamente por la parte actora –recién en la expresión de agravios– cual fue la figura del condominio, cuando en el escrito de demanda fundaba su derecho de reclamar daños y perjuicios en la titularidad del inmueble y en el carácter de inmueble por accesión del objeto en disputa (arts. 2587 y 1094 del CC).

También señala que el tribunal de mérito ha incurrido en absurdo dado que advierte en la sentencia un razonamiento jurídicamente insostenible y contrario a las leyes de la lógica.

Analiza la prueba rendida y luego dice: “Cuando la Cámara afirma que la donación de la propiedad del terreno por parte del actor era su 'aporte societario' se contradice con sus propias conclusiones en el fallo al resolver que prospera el primer agravio de la contraparte aplicando los artículos 2680 y 2681 del Código Civil y no así el art. 46 del mismo cuerpo normativo, como debió haber...

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