Sentecia definitiva Nº 154 de Secretaría Penal STJ N2, 21-09-2010

Fecha de Resolución:21 de Septiembre de 2010
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24045/09 STJ
SENTENCIA Nº: 154
PROCESADOS: ESCOBAR MAURICIO OMAR – FRESCO SAÚL YAMIL
DELITO: VEJACIONES
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 20/09/10
FIRMANTES: BALLADINI – LUTZ – SODERO NIEVAS EN ABSTENCIÓN
///MA, de septiembre de 2010.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores Alberto Ítalo Balladini, Luis Lutz y Víctor Hugo Sodero Nievas, con la presidencia del tercero y la asistencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, en las presentes actuaciones caratuladas: “ESCOBAR, Mauricio Omar; FRESCO, Saúl Yamir s/ Severidades y lesiones leves en concurso ideal s/Casación” (Expte.Nº 24045/09 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), con el planteo de la siguiente:
-
C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor Juez doctor Alberto Ítalo Balladini dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia Nº 29, del 31 de agosto de 2009, la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- condenar a Saúl Yamil Fresco y a Mauricio Omar Escobar, como coautores del delito de vejaciones, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de cuatro años para ejercer funciones como policías de prevención con empleo de armamentos, con costas (arts. 45, 144 bis inc. 2º y último párrafo, en función del art. 142 inc. 5º, 26 y 29 inc. 3º C.P.).

1.2.- Contra lo decidido, sus defensores particulares
///2.- dedujeron sendos recursos de casación, que fueron declarados parcialmente admisibles por el a quo sólo en relación con los vicios in procedendo señalados (fs. 333/336), y posteriormente por este Cuerpo, también en cuanto a los agravios habilitados (fs. 343/344).

Así, se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados.

1.3.- A la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito comparece el señor Fiscal General doctor E. Nelson Echarren, oportunidad en la que expresa que ha contestado el recurso que fue concedido parcialmente, sólo respecto de los vicios in procedendo, puesto que los defectos in iudicando fueron descartados. Agrega que los defensores particulares doctores Oscar I. Pineda y Gerardo J. Tejeda sostienen la casación por discrepancia con la valoración probatoria, y afirma que no existen tales fallas in procedendo. Luego señala que la sentencia distingue entre prueba conducente e inconducente y se ajusta a las reglas del razonar. Finalmente aduce que, dado que las defensas proponen la revisión de cuestiones de prueba, a su entender han omitido aludir a una herramienta procesal disponible –el fallo “CASAL”-, resorte procesal cuya utilización debe ser propuesta expresamente, omisión que constituye una deficiencia recursiva, puesto que la aplicación de la teoría del máximo rendimiento debe ser propuesta y fundada en razones jurídicas. A lo anterior suma que, aunque no lo manifestó en su dictamen escrito, considera que el recurso del doctor Pineda, en definitiva, es un recurso
///3.- extraordinario federal. Reitera que la falta de invocación precisa de la teoría del máximo rendimiento, así como de la aplicación al caso de los convenios internacionales, constituye una insuficiencia procesal, puesto que, tal como se ha presentado, el recurso se estructura en torno de las categorías clásicas del análisis casatorio (arbitrariedad y absurdidad). Insiste en que el fallo no tiene errores de absurdidad, por lo que solicita su confirmación; pide asimismo que se incorpore el dictamen correspondiente y, en virtud de lo expuesto, se rechacen los recursos deducidos.

1.4.- Entonces, los autos han quedado en condiciones para su tratamiento definitivo.

2.- Agravios de la defensa de Saúl Yamil Fresco:

En relación con la porción admitida de su presentación recursiva, el doctor Gerardo José Tejeda sostiene que no advierte un análisis razonado de la prueba que se invoca, por lo que la sentencia cuestionada deviene arbitraria. También alega que viola la garantía de igualdad ante la ley y el principio del debido proceso.

En particular, afirma que el Tribunal sentenciante nada dice sobre las contradicciones en las que incurrieron la víctima y el testigo presencial, referidas por las partes. También cuestiona que haya considerado “mucho más que aceptables” los dichos de la víctima y que valorara como “asertivo y convincente” al testigo V.. Manifiesta posteriormente que no caben dudas de que si la golpiza hubiera sido tal como surge de la interpretación del a quo (en cuanto a su duración, cantidad de intervinientes,
///4.- elementos utilizados –borceguíes-), otras habrían sido las consecuencias, y cita lo dicho por este Superior Tribunal en un precedente –que no precisa- en apoyo de su postura. Critica otras supuestas contradicciones sobre aspectos tales como de dónde venía el denunciante la noche del hecho, cómo se produjo la detención y si estuvo o no inconsciente durante su traslado a la comisaría. Por último, refiere que el a quo no tuvo en cuenta que el móvil policial se había dirigido al lugar donde sucedieron los hechos en virtud de un llamado anónimo de una persona que habría dicho que había una persona arriba de su camión y que aparentemente le estaban robando.

3.- Argumentos del recurso de casación interpuesto en favor de Mauricio Omar Escobar:

Por su parte, en relación con el agravio por el que fuera admitido su recurso casatorio, el doctor Oscar Ismael Pineda considera que el a quo ha incurrido en arbitrariedad y absurdidad al interpretar la prueba producida en autos.

En tal sentido, sostiene que no coincide con la Cámara en lo relativo a que los mecanismos de producción referidos por la víctima y el testigo V. sean aceptables. En cuanto al testigo V., interpreta que su renuencia a concurrir a la audiencia de debate juega como una presunción de mendacidad de su declaración. También cuestiona que la Cámara haya aludido a la actitud de T. de propiciar un criterio de oportunidad, por considerar que se trata de un argumento que carece de sustento y es absolutamente subjetivo. Refiere asimismo que las declaraciones de la víctima y el testigo V. no son coincidentes en lo atinente
///5.- a la individualización de los autores ni respecto de si ambos habían estado o no en una fiesta de cumpleaños; agrega que tampoco coinciden las declaraciones de T. sobre si pudo ver o no a V. mientras era golpeado por los imputados, y a su criterio sería bastante difícil en esas circunstancias reconocer la voz de V. y verlo, máxime cuando no habría podido identificar a los supuestos autores.
Por otro lado, critica lo argumentado por el juzgador al desestimar la pretensión de los señores defensores
–manifestada en los alegatos- en cuanto a que se habría omitido requerir al médico forense que se expidiera acerca de si las lesiones podrían compadecerse con la caída de la víctima desde el camión, es decir, con la versión de los imputados. En el punto, la Cámara sostuvo que ambos letrados no habrían ejercido las facultades de solicitar medidas probatorias que les confiere el ordenamiento procesal en la etapa instructoria y en el plenario, a cuyo respecto el recurrente alega que se estaría invirtiendo la presunción de inocencia, por cuanto el que debe probar la culpabilidad es el Ministerio Público y, en caso de dudas, es el Tribunal el que debe corroborar las eventuales hipótesis alternativas que pudieran surgir, máxime cuando se trata de un procedimiento mixto y no acusatorio puro. Por todo ello, estima que debió aplicarse a su asistido el beneficio de la duda y absolverlo. Realiza finalmente la reserva del caso federal.

4.- Dictamen del señor Fiscal General:

4.1.- En el escrito de responde, dicho funcionario sostiene que la sentencia recurrida contiene un análisis
///6.- pormenorizado del proceso cumplido y de las pruebas disponibles, evaluadas según las reglas de la sana crítica, así como también que se ha estructurado con arreglo a las normas de logicidad y juricidad correspondientes. Manifiesta asimismo que los agravios deducidos contra tal acto jurisdiccional son insuficientes para los fines casatorios propuestos.

4.2.- Así, se ocupa primero del recurso de la defensa de Fresco y afirma que sus dichos no constituyen argumentos por sí mismos, atento a que carecen de una base fáctica y demostrativa que sustente su veracidad, y no logra desacreditar el mérito y la certeza lograda por los sentenciantes en su fallo.


En cuanto al primer agravio –que el testigo V. no fue asertivo ni convincente, ya que dio dos versiones opuestas y no justificadas-, señala que no entiende cuál es el sentido del planteo, puesto que si bien se observa la posible contradicción en los dichos del testigo V., no expresa en qué puede estribar y de qué modo ello transformaría en arbitraria la sentencia. Asimismo, aduce que los sentenciantes han tenido en cuenta esa contradicción para determinar la veracidad y consistencia de una sola de las versiones de los dichos del mismo testigo, la que resulta congruente en relación con los hechos tal como han sido acreditados por otros medios de prueba válidos producidos en la causa.

Respecto del segundo agravio, relativo a que si la golpiza hubiera sido tal como la interpretó el Tribunal otras habrían sido las consecuencias, el señor Fiscal
///7.- General refiere que la defensa no...

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