Sentecia definitiva Nº 151 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 21-11-2012
| Número de sentencia | 151 |
| Fecha | 21 Noviembre 2012 |
| Emisor | Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4 |
///MA, 21 de noviembre de 2012.-
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Enrique J. MANSILLA y Víctor Hugo SODERO NIEVAS y con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel Lozada, para el tratamiento de los autos caratulados: "OVIEDO, RICARDO ANTONIO Y OTROS S/AMPARO S/APELACIÓN" (Expte. N° 26123/12-STJ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado;
V O T A C I O N
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El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:
Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1057/1060 y fundado a fs. 1065/1074 por los amparistas con el patrocinio letrado de los Dres. Oscar Pineda y Pablo Iribarren, contra la sentencia de fs. 1047/1056 dictada por el Juez del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 9 de la IIda. Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Rodríguez, que rechazó “in límine” la acción de amparo que pretendía se ordene a EDERSA, CAMUZZI GAS DEL SUR, la Municipalidad de General Roca y el I.P.P.V. que provean del suministro de electricidad y gas a las viviendas que los amparistas ocupan en el Plan 87 Viviendas de General Roca.
A modo de breve reseña, los accionantes manifiestan que han adquirido una vivienda a VIARSE y/o House Vial, según el caso, que el I.P.P.V. construyó parte de esas viviendas, las que se encuentran en condiciones de ser habitadas hace más de un año, y que a pesar de ello no fueron preadjudicadas ni adjudicadas a ninguno de los postulantes. Expresan que la grave situación en que se encontraban, por la necesidad imperiosa de contar con un techo, los obligó a ocupar pacíficamente el lugar y luego los inmuebles. Alegan ser víctimas de una maniobra delictiva y que los responsables de la misma se encuentran procesados y con prisión preventiva en la causa "Sansuerro e Iturburu s/Estafa", Expte. 27851 del Juzgado de Instrucción N° 8.
Argumentan que a partir de la tenencia pacífica de los inmuebles han solicitado la conexión de los servicios a cada organismo, que EDERSA les exige acreditar el carácter de ocupante legal; que CAMUZZI exige el acta de adjudicación de la vivienda; que a la Municipalidad local se le solicitó el tendido del alumbrado público sin que obre respuesta. También que el IPPV no les acepta los reclamos por escrito que intentan presentar.
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El a quo destacó que el objeto de la pretensión amparista, “…no consiste en requerir de la autoridad pública la efectivización del derecho a obtener una vivienda digna (art. 14 bis Constitución Nacional), sino en dotar a las que ya ocupan con los servicios de electricidad, gas y alumbrado público que -a su juicio- les han sido ilegal o arbitrariamente denegados…”.
Merituó que los propios amparistas reconocen que han ocupado las viviendas en cuestión por acto de su propia autoridad, a pesar de no hallarse aún adjudicadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) de esta Provincia. Al respecto, precisó que ello excluye toda posibilidad de calificar la actuación de los requeridos como ilegal o arbitraria.
El Juez del amparo puntualizó que la documental agregada a fs. 1040 y 1041 da cuenta que los servicios de gas y electricidad no han sido denegados por las empresas prestatarias, sino que el suministro requerido ha sido supeditado al cumplimiento de requisitos razonables, a la vez que exigidos al universo de usuarios en iguales circunstancias, tales como acreditar la titularidad de la vivienda o su carácter de ocupante legal del inmueble.
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Asimismo agregó que tal titularidad u ocupación legal de las viviendas precisamente no ha podido ser acreditada por los amparistas como consecuencia de su acceso a las unidades habitacionales del plan de viviendas por vías de hecho, ajenas al procedimiento reglado para la...
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Enrique J. MANSILLA y Víctor Hugo SODERO NIEVAS y con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel Lozada, para el tratamiento de los autos caratulados: "OVIEDO, RICARDO ANTONIO Y OTROS S/AMPARO S/APELACIÓN" (Expte. N° 26123/12-STJ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado;
V O T A C I O N
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El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:
Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1057/1060 y fundado a fs. 1065/1074 por los amparistas con el patrocinio letrado de los Dres. Oscar Pineda y Pablo Iribarren, contra la sentencia de fs. 1047/1056 dictada por el Juez del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 9 de la IIda. Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Rodríguez, que rechazó “in límine” la acción de amparo que pretendía se ordene a EDERSA, CAMUZZI GAS DEL SUR, la Municipalidad de General Roca y el I.P.P.V. que provean del suministro de electricidad y gas a las viviendas que los amparistas ocupan en el Plan 87 Viviendas de General Roca.
A modo de breve reseña, los accionantes manifiestan que han adquirido una vivienda a VIARSE y/o House Vial, según el caso, que el I.P.P.V. construyó parte de esas viviendas, las que se encuentran en condiciones de ser habitadas hace más de un año, y que a pesar de ello no fueron preadjudicadas ni adjudicadas a ninguno de los postulantes. Expresan que la grave situación en que se encontraban, por la necesidad imperiosa de contar con un techo, los obligó a ocupar pacíficamente el lugar y luego los inmuebles. Alegan ser víctimas de una maniobra delictiva y que los responsables de la misma se encuentran procesados y con prisión preventiva en la causa "Sansuerro e Iturburu s/Estafa", Expte. 27851 del Juzgado de Instrucción N° 8.
Argumentan que a partir de la tenencia pacífica de los inmuebles han solicitado la conexión de los servicios a cada organismo, que EDERSA les exige acreditar el carácter de ocupante legal; que CAMUZZI exige el acta de adjudicación de la vivienda; que a la Municipalidad local se le solicitó el tendido del alumbrado público sin que obre respuesta. También que el IPPV no les acepta los reclamos por escrito que intentan presentar.
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El a quo destacó que el objeto de la pretensión amparista, “…no consiste en requerir de la autoridad pública la efectivización del derecho a obtener una vivienda digna (art. 14 bis Constitución Nacional), sino en dotar a las que ya ocupan con los servicios de electricidad, gas y alumbrado público que -a su juicio- les han sido ilegal o arbitrariamente denegados…”.
Merituó que los propios amparistas reconocen que han ocupado las viviendas en cuestión por acto de su propia autoridad, a pesar de no hallarse aún adjudicadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) de esta Provincia. Al respecto, precisó que ello excluye toda posibilidad de calificar la actuación de los requeridos como ilegal o arbitraria.
El Juez del amparo puntualizó que la documental agregada a fs. 1040 y 1041 da cuenta que los servicios de gas y electricidad no han sido denegados por las empresas prestatarias, sino que el suministro requerido ha sido supeditado al cumplimiento de requisitos razonables, a la vez que exigidos al universo de usuarios en iguales circunstancias, tales como acreditar la titularidad de la vivienda o su carácter de ocupante legal del inmueble.
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Asimismo agregó que tal titularidad u ocupación legal de las viviendas precisamente no ha podido ser acreditada por los amparistas como consecuencia de su acceso a las unidades habitacionales del plan de viviendas por vías de hecho, ajenas al procedimiento reglado para la...
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