Sentencia Nº 151 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 27-05-2022

• Número de sentencia: 151
• Fecha: 27 Mayo 2022

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala III ACTUACIONES N°: 1229/20 JUICIO: C.M.A. c/ EMPRESA DIRECTV ARGENTINA S.A. s/ ESPECIALES (RESIDUAL) EXPTE N° 1229/20San M. de Tucumán, 27 de mayo de 2022Sentencia Nro. 151

Y VISTO :
El recurso de apelación concedido el 8 de marzo de 2022 al actor M.A.C. contra de la sentencia de fecha 25 de febrero de 2022, que resolvió hacer lugar al incidente de caducidad deducido por la parte demandada con costas a cargo del accionante, y;

CONSIDERANDO :


I.- En fecha 17/03/22 el actor M.A.C., con patrocinio letrado, esgrime agravios contra el fallo en mención principalmente por receptar el incidente de caducidad de instancia en la presente acción de naturaleza consumeril. Sostiene que en el caso las reglas del proceso ordinario deben adecuarse a la plataforma fáctica, esto es consumidor afectado por una empresa monopólica con reincidencia en la falta de cumplimiento contractual, falta de trato digno, abuso de posición dominante y falta del deber de información contra lo establecido por la ley Nº24.240 y la Constitución Nacional. Entiende que en materia de impulso procesal el proveedor tiene un deber agravado en virtud de lo normado en el art. 53 de la ley Nº24.240, que establece que el proveedor tiene el deber de aportar al proceso los elementos de prueba que se encuentran en su poder, y por consiguiente afirma que la demandada pudo haber solicitado la apertura de la causa a prueba estando obligada a hacerlo. Del mismo modo, sostiene que el Juzgado de origen debió ordenar la apertura de la causa a prueba de oficio en virtud del principio in dubio pro consumidor con fundamento en que el derecho de los consumidores debe ser aplicado por las autoridades públicas, administrativas y jurisdiccionales aún de oficio en virtud de la normativa consumeril y los principios: protectorio, de sustentabilidad y de irrenunciabilidad de sus derechos. Crítica que se haya resuelto que la perención de instancia constituye un instituto de orden público y que se utilice esta terminología contraponiendo el instituto con la ley Nº24.240. Remarca que la Ley Consumeril es una ley de orden público que rige en todo el territorio nacional y fue receptada por nuestra provincial mediante la ley 8.365. Impugna la sentencia por desentenderse de la plataforma fáctica planteada y afirma que existe una “colisión normativa-institucional” entre el orden público de la ley 24.240 y el instituto de la caducidad de instancia, donde debe prevalecer aquella que no restrinja derechos, es decir la primera. Realiza alegaciones genéricas invocando la igualdad ante la ley, el derecho al acceso a la justicia y la tutela jurídica de los derechos individuales, los que considera conculcados con la declaración de caducidad apelada. Se agravia en la imposición de costas a su parte con fundamento en lo prescripto en el art. 53 de la ley de defensa del consumidor y afirma que la norma consagra el principio de justicia gratuita, que constituye una prerrogativa reconocida al consumidor por su condición de tal con el objeto de facilitar su defensa. Cita jurisprudencia que considera aplicable. Rechaza que se haya reservado el pronunciamiento sobre regulación de honorarios y pide que los honorarios se impongan por su orden atento el principio de gratuidad aludido. Solicita que oportunamente se rechace el incidente de caducidad de instancia, se resuelva lo planteado atendiendo lo prescripto en el art. 53 de la ley Nº24.240 y los honorarios se impongan por su orden. Corrido el traslado a la contraparte el día 22/03/22 (cfr. cédula de fecha 29/03/22), el 29/03/22 la firma accionada, mediante letrada apoderada, contesta el memorial de agravios, solicitando se rechace el recurso interpuesto con costas, por las razones que allí desarrolla y que serán consideradas al tratar los agravios vertidos por la contraparte en lo pertinente. Mediante providencia de fecha 08/04/22 se ordenó correr vista a la Sra. Fiscal de Cámara, cuyo dictamen fue acompañado el día 02/05/22 aconsejando rechazar el recurso deducido.

II.- De confrontar los agravios vertidos por la parte recurrente con los fundamentos que sostienen el pronunciamiento impugnado, constancias del JUICIO: C.M.A. c/ EMPRESA DIRECTV ARGENTINA S.A. s/ ESPECIALES (RESIDUAL) EXPTE N° 1229/20 expediente y normativa legal aplicable, surge la convicción de éste Tribunal que el recurso no debe ser acogido. En sustancia los agravios del recurrente se ciñen a dos cuestiones, la primera gira en torno a la caducidad declarada en la sentencia impugnada, la que el recurrente considera contraria a la normativa consumeril por entender que en la presente acción de consumo el proveedor pudo haber solicitado la apertura a prueba atento el deber impuesto en el art. 53 de la LDC como así también alega que la Jueza de grado pudo haber ordenado la apertura de la causa a prueba de oficio atento la naturaleza de la cuestión sometida. La segunda cuestión se centra en la imposición de costas a su parte y la reserva del pronunciamiento sobre honorarios, al respecto el actor invoca el principio de gratuidad previsto en la normativa consumeril y solicita que los honorarios se impongan por el orden causado. II.

1.- Adentrándonos en el tratamiento del recurso, respecto al primer agravio esbozado por el recurrente, resulta pertinente recordar que el tercer párrafo del art. 53 de la ley de Defensa del Consumidor Nº24.240 (en adelante LDC) establece que "Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos...