Sentencia Nº 14553/07 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2010

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:14553/07
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los días del mes de julio de 2010, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "G.C.M. c/PROVINCIA DE LA PAMPA y Otro s/Accidente Acción Civil" (Expte. Nº 14553/07 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo I.- Mediante la sentencia de fs. 987/994 el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por la demandada contra la sentencia de fs. 908/915 de la Sala 2 de esta Cámara de Apelaciones, en los términos del art. 261 inciso 2º del CPCyC, y dispuso la remisión de las presentes actuaciones a la Sala 1 de este cuerpo para el dictado de un nuevo pronunciamiento, sobre idéntica plataforma procesal que enfrentó la sentencia que se anuló. El fundamento de tal decisión radicó en que la Sala 2 en su sentencia omitió resolver el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor con respecto al art. 39 de la Ley Nº 24557, en forma previa al tratamiento y resolución de las otras pretensiones del demandante II.- Así es convocada esta Sala 1 para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de fs. 843/847 en base a los agravios expresados a fs. 864/873, que fueron contestados por la demandada a fs. 876/881 La sentencia de Primera Instancia impugnada por el recurrente rechazó la demanda interpuesta por el actor, en el entendimiento que no se acreditaron en autos los recaudos de procedencia de la acción civil interpuesta, considerando por ello inoficioso el tratamiento de la inconstitucionalidad planteada por el demandante con relación a la Ley de Riesgos del Trabajo, apreciando que aún cuando tal inconstitucionalidad pudiera resultar procedente no variaría la suerte del reclamo, en atención a la improcedencia de la acción entablada con fundamento en normas del derecho común. Las costas del juicio se impusieron al accionante III.- De conformidad con lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en el referido pronunciamiento de fs. 981/994, se analizará y resolverá en forma previa al tratamiento de la apelación del actor, la inconstitucionalidad planteada por el accionante con respecto al art. 39 punto 1 de la Ley Nº 24557 Dicha tarea será efectuada en base a los lineamientos fijados el 21/09/04 por la CSJN en autos "Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA", pronunciamiento en el que el alto tribunal precisó que para el logro de la justa indemnización de los daños sufridos por un trabajador derivados de un accidente o enfermedad profesional, no puede soslayarse la vigencia del principio "alterum non laedere", a los efectos de tutelar los derechos de aquel para la obtención de una reparación integral de los perjuicios sufridos. Ello, a fin de resguardar los principios de igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad, protección del trabajador e inalterabilidad de las normas constitucionales, progresividad e igualdad de oportunidades, todos ellos consagrados por los arts. 16, 17, 14bis, 28 y 75 incs. 19 y 23 de la Constitución Nacional. B. causae nos remitimos entonces a los fundamentos del mencionado precedente jurisprudencial. Al sólo efecto de efectuar en el caso concreto un cotejo comparativo entre el régimen de prestaciones tarifadas de la LRT y la indemnización que por lucro cesante podría corresponderle al actor en base al ejercicio de la acción civil entablada, tomaremos en consideración los datos que emergen de la pericia contable practicada en autos (fs. 766), los que no han sido cuestionados por las partes. Allí, el experto estimó como indemnización civil por el lucro cesante y la pérdida de chance derivados de la incapacidad del actor (en base a una estimación del 66% de discapacidad permanente y a la jerarquía de Cabo de la policía provincial) la suma de $ 157.932,47. Por su parte, en base a su edad y a igual incapacidad y escalafón, calculó la respectiva prestación tarifada por incapacidad permanente (LRT), en la suma de $ 81.974,90. La comparación entre las aludidas cifras, permite constatar que la prestación del régimen tarifado resultaría menor en $ 75957,50, diferencia desfavorable para al trabajador equivalente sólo al 48,09% de lo que podría corresponderle por vía civil como indemnización por lucro cesante. La estimada y aludida diferencia perjudicial para el actor, resulta claramente demostrativa, por su grado e importancia (- 48,09%), de que en el caso concreto el art. 39.1 de la LRT resulta inconstitucional, en cuanto limita el derecho del trabajador a reclamar por vía común la obtención de la reparación integral de su daño, sólo a los supuestos de actuación dolosa del empleador. Dicha diferencia importa un detrimento patrimonial superior al tercio de lo que le correspondería cobrar al actor en base al derecho civil, circunstancia que indudablemente afecta negativamente no sólo su derecho de propiedad (art. 17 C.N.), sino también los principios de igualdad ante la ley (arts. 14 bis y 16 de la C.N., que no admiten discriminaciones arbitrarias en perjuicio del trabajador por su condición de tal), de inalterabilidad de las norma constitucionales (art. 28 de la C.N.), de progresividad e igualdad de oportunidades (art. 75 incs. 19 y 23 de la C.N.) y el citado "alterum non laedere" que emana del art. 19 de la C.N. y prohibe perjudicar los derechos de otros, siendo este último un principio general del derecho que se integra con el concepto de "reparación integral" que inspira el sistema indemnizatorio de daños (arts. 1109, 1113, 1069, 1078 y cc del Código Civil). Cabe apuntar además, que la referida diferencia perjudicial se incrementa notablemente, a poco que se considere que por vía civil le correspondería eventualmente al damnificado la indemización tanto del lucro cesante derivado de su incapacidad, como también por el daño moral que pueda haber sufrido a raíz del hecho dañoso. Por todo lo dicho, concluimos entonces que el art. 39.1 de la Ley Nº 24.557 resulta en este caso inconstitucional, por conculcar significativamente y en perjuicio del actor los principios constitucionales antes mencionados, correspondiendo por ende ingresar a continuación en el análisis del recurso del accionante contra la sentencia de fs. 843/847; como también a la consideración de los agravios vertidos por el perito contador a fs. 889/890 contestados por la demandada a fs. 893/vta. IV.- a) Apelación del actor. Se agravia en primer término el demandante a fs. 864/873, porque la juez a quo descartó que en el accidente por él sufrido interviniera una cosa riesgosa de propiedad o en guarda de la demandada, como causante de los daños derivados de aquél. Sostiene que ya en la demanda se indicó que la cosa riesgosa generadora de sus perjuicios fue la motocicleta usada por el actor, la que reviste tal calidad por...

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