Sentencia Nº 144 de Secretaría Penal STJ N2, 15-10-2013

Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2013
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26493/13 STJ
SENTENCIA Nº: 144
PROCESADO: LUENGO HORACIO ALEJANDRO
DELITO: HOMICIDIO SIMPLE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (INC. EJECUCIÓN)
VOCES: UNIFICACIÓN DE PENAS
FECHA: 22/10/13
FIRMANTES: ZARATIEGUI PICCININI BAROTTO APCARIAN EN ABSTENCIÓN MANSILLA EN ABSTENCIÓN
///MA, de octubre de 2013.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores Adriana C. Zaratiegui, Liliana L. Piccinini, Sergio M. Barotto, Ricardo A. Apcarian y Enrique J. Mansilla, con la presidencia de este último y la asistencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, en las presentes actuaciones caratuladas: “LUENGO, Horacio Alejandro s/Homicidio s/Incidente de ejecución de sentencia s/Casación” (Expte.Nº 26493/13 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:-
C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
La señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia de fecha 22 de marzo de 2013, la Cámara Primera en lo Criminal de San Carlos de Bariloche resolvió unificar las dos penas que se le habían impuesto a Horacio Alejandro Luengo en la pena única de diez años y seis meses de prisión.

Concretamente los pronunciamientos unificados eran, por un lado, una condena a la pena de un año de prisión de ejecución en suspenso como autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, dictada por el Juzgado Correccional Nº 8 de esa ciudad el día 8 de septiembre de 2009, que le había impuesto además ciertas pautas de conducta; y una condena a la pena de diez
///2.- años de prisión como autor del delito de homicidio simple, dictada el 29 de noviembre de 2010 por la Cámara antes mencionada.

1.2.- Contra lo decidido, el señor defensor particular del imputado, doctor Rodolfo Rodrigo, interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y luego por este Superior Tribunal, que le dio intervención a la Fiscalía General.

1.3.- El día 24 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito, a la que comparecieron el doctor Rodolfo Rodrigo y el señor Fiscal General, doctor Marcelo Álvarez. Este último presentó un escrito que luego sería incorporado al expediente.

La defensa expresó que era la ocasión institucional para que se haga justicia, hizo una reseña vinculada con la unificación y su cómputo, y opinó que el recurso fue bien concedido por la Cámara.

Agregó que el proceso tiene algunas particularidades, e hizo referencia al primer tratamiento tutelar y al mérito de la sentencia que absolvió a su pupilo. Explicó que este estuvo en tratamiento durante un año y nueve meses, que estuvo en una situación de abandono, y que la Cámara advirtió esto y lo absolvió. Precisó que cuando estaba sometido al tratamiento, Luengo fue imputado por otro delito, y que el proceso quedó en el abandono. Posteriormente, el 15 de enero de 2004, fue imputado por el delito de homicidio por un tercer hecho, a lo que sucedió su rebeldía y posterior captura; apareció en el año 2009, cuando fue detenido y juzgado, y en tal oportunidad se
///3.- juzgaron las primeras dos causas. Reiteró que en la primera fue absuelto y relató que, en la segunda, se lo juzgó el 8 de septiembre de 2009 y se lo condenó a un año en suspenso por una portación de arma. Añadió que el 8 de septiembre de 2010 la pena quedó cumplida y Luengo no cometió otro delito desde entonces.

En cuanto a la tercera causa, por la cual se impuso una pena de diez años de prisión, sostuvo que el recurso fue declarado inadmisible en violación de la garantía del doble conforme y este Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja por ser extemporáneo, después de lo cual se denegó el recurso extraordinario federal, lo que no permitió la garantía de la doble instancia. Indicó que se trataba de la causa por homicidio de “BARREIRO”, y que se hizo una unificación con la causa con sentencia cumplida, esto es, el segundo hecho, cuando su pupilo no había cometido un nuevo delito luego de esta sentencia, fue unificada.

Al respecto expresó que el art. 58 del Código Penal no lo permitía, que la sentencia estaba cumplida y que la decisión fue ilegal. Refirió que la postura de la Cámara fue inadvertida y que había agregado pena efectiva a una causa que tenía condena en suspenso ya cumplida. Volvió a hacer referencia al art. 58 en cuanto a sus hipótesis, explicó que se trata de dos condenas de tribunales diferentes, y que la unificación corresponde cuando se está cumpliendo pena, pero no cuando la pena esta cumplida. Planteó que el fallo de unificación presenta enormes confusiones entre unificación y cómputo, leyó el texto del art. 58 del código de fondo e insistió en que la pena no podía ser reavivada. Afirmó que
///4.- pena cumplida era pena cumplida y que Luengo no cometió ningún delito posterior a la primera sentencia.

En apoyo de su postura, citó la obra de diversos doctrinarios, entre ellos D\'Alessio (Código Penal, pág. 925, punto i; asimismo, Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Hammurabi, Tº 8, págs. 159, 181, 184/185 y 191 punto h), para quien, cuando hay una pena extinguida, solo se puede hacer unificación de condenas si se beneficia con las reglas del concurso, en un sistema de acumulación, computándose la pena cumplida. Recordó también que Zaffaroni adhiere a Núñez y dice que cuando hay un interés se puede tocar la pena cumplida; por su parte, agregó que en el caso “GAGO” se diferencian unificaciones de pena y de condena, y alegó que no se puede reavivar penas cumplidas. También mencionó un fallo con voto del doctor Frías Caballero, que señala un caso similar y argumenta algo parecido. En el mismo sentido, refirió el Tratado de jurisprudencia y doctrina Derecho Penal. Parte General dirigido por Almeyra, pág. 846, punto VII-1, y Derecho Penal, de Donna, pág. 609, punto 2. En función de las citas referidas, el letrado aseveró que puede unificarse el tramo incumplido de una condena en suspenso, y que el primer requisito para la unificación es que la pena no esté cumplida. Citó asimismo jurisprudencia, y sintetizó que la pena estaba cumplida y no hubo violación posterior a las reglas fijadas, ni tampoco delito.

Por lo expuesto respecto del primer agravio, solicitó que se haga lugar al recurso, pues se le impuso a su defendido una pena de cumplimiento efectivo considerando una
///5.- pena ya cumplida.

En cuanto al segundo punto, relativo al cómputo de pena, alegó que Luengo en el tratamiento tutelar se encontraba privado de libertad y se le declaró la responsabilidad penal, se prorrogó el tratamiento tutelar y luego fue absuelto. Señaló que estuvo un año y nueve meses privado de libertad y que tal plazo debió ser computado y no fue así, sino que la Cámara no resolvió el planteo. Reiteró que ese lapso debió ser computado en la pena de diez años de prisión, de acuerdo con las reglas del concurso. Adujo que se hicieron dos juzgamientos, y que no se lo computaron pues resultó absuelto, de modo que habría convenido que lo condenaran. Señaló que se trata de una situación absurda, que el sentenciante sostuvo que no se podía unificar y por tanto no lo podían computar, lo cual resulta ilógico, y cita doctrina a favor de su postura (Ábalos, Código Procesal Penal, Tº IV, pág. 66; LL 2002-D, pág. 903, y D\'Albora, Código Procesal Penal comentado, comentario al art. 493, pág. 912). Reiteró que debe computarse a favor del condenado el tiempo en que permaneció detenido en otro proceso en que recayó sentencia absolutoria y, por las fechas de las sentencias (ambas de 2009), de haber habido condena deberían aplicarse las reglas del concurso y asimismo debería computarse aquella privación de libertad del tratamiento tutelar (con cita de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y de doctrina). Sostuvo que, de prosperar su reclamo, debía determinarse que en el cómputo de la pena se tome en cuenta la prisión preventiva sufrida.

Posteriormente hizo referencia a la realidad actual de
///6.- Luengo y advirtió valores que vale la pena rescatar de su tratamiento penitenciario, respecto de lo cual mencionó el avance en sus estudios y el trabajo en albañilería y carpintería. También reseñó que se hizo un planteo de rebaja de pena, cuyo trámite ante este Cuerpo se encuentra paralizado puesto que se solicitó un concepto sobre Luengo, y pide que se tenga en cuenta el planteo de conmutación. Afirmó que no pide indulgencia, sino la aplicación del derecho, y finalmente...

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