Sentencia Nº 142598 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021

Fecha08 Mayo 2019
Número de sentencia142598
EstatusPublicado
EmisorSuperior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintiseis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se reúnen los Ministros Dr. J.R.S. y Dra. Victoria E.F., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "AIMAR, C.V. contra Gobierno de La Pampa sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 142598, en trámite ante la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

I.C.V.A. –abogada- por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa –Ministerio de Salud-, impugnando la Resolución Ministerial nº 057/2020, que rechaza su petición de escalafonamiento a la rama profesional categoría 8, de conformidad a lo establecido en el art. 10 de la ley de Carrera Sanitaria nº 1279.

Plantea la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley de ejercicio financiero 2018, ley provincial nº 3056, en cuanto modificó el originario art. 10 de la ley 1279.

Informa que presentó al Director del Centro de Salud “V.F., una nota adjuntando copia certificada del título de abogada, y ante la Dirección de Personal una nota suscripta por el profesional antes referido, en la que manifiesta que desempeña tareas inherentes a su profesión de grado en dicho centro de salud.

Agrega que por Disposición 610/19 la Subsecretaría de Salud rechazó su solicitud alegando que no desempeña tareas de las consideradas como actividades de la salud de acuerdo a la ley 2079.

Dice que el art. 10 de la ley 1279 sufrió una modificación por ley 3056 (ley de Presupuesto Ejercicio 2018), y que cuestionó tal modificación por la periodicidad anual de cada ejercicio financiero; porque las leyes de presupuesto no pueden reformar leyes vigentes, y no pueden contener disposiciones de carácter permanente.

Sostiene que el art. 10 de la ley 24.156 de Administración Financiera de Estado, determina la periodicidad anual del presupuesto y el art. 20 establece que las disposiciones generales constituyen las normas complementarias y rigen para cada ejercicio financiero, no pudiendo contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes, o sea, no pueden regular temas que excedan cuestiones presupuestarias.

Expresa que a nivel provincial la ley nº 3 de Contabilidad de la provincia de La Pampa dice en el art. 17, que no se incluirán en la ley de presupuesto disposiciones de carácter orgánico o que modifiquen o deroguen leyes en vigor, ni se crearán entidades o ramas administrativas, cuyas actividades por su naturaleza deban ser previamente fijadas por una ley orgánica.

Aduce que se le negó el cambio de rama a la profesional, porque ser abogada no es ser parte de una actividad de salud.

Aclara que como abogada en el centro de salud donde labora, realiza trabajos acordes a su profesión, sumarios, denuncias en la FIA, etc., por lo que la negación del escalafonamiento le ocasiona un grave daño, dado que no percibe una remuneración acorde a lo que realiza.

En el punto VI fundamenta la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 3056, que modifica y sustituye las disposiciones establecidas en el art. 10 de la ley 1279 de Carrera Sanitaria, en lo que respecta al escalafonamiento y categorización de la rama profesional de los empleados de Salud Pública.

Dice que la inconstitucionalidad que plantea encuentra fundamento en la violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 2, 8, 27 y 47 de la Constitución Provincial.

Arguye que la modificación que cuestiona vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y propiedad, privándola de su categorización correcta conforme lo establece el art. 10 originario de la ley 1279.

Indica que el art. 16 establece la igualdad para quienes comparten el mismo rango, y que ello acontecía con el art. 10 originario de la ley 1279, al establecer que podían ser parte de la rama profesional toda persona con título universitario habilitante y que desarrollara tareas inherentes a su profesión, sin discriminar tareas propias de la salud.

Afirma que ello afecta su derecho de propiedad, dado que continúa cobrando como administrativa.

Explica que no cuestiona la legitimidad o legalidad de la norma, sino que se produce la inaplicabilidad de la misma a un caso, de no efectivizar su aplicación se transgreden preceptos constitucionales.

Señala que la ley provincial de Contabilidad nº 3, en su art. 1º expresa que el presupuesto de la provincia comprende la totalidad de los recursos y gastos ordinarios, extraordinarios y especiales de la administración general, de las administraciones de las entidades descentralizadas y de las empresas que administren un capital de la provincia, y que el año financiero comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Dichas normas, dice, se vinculan solo con el presupuesto, no pudiendo contener disposiciones de carácter permanente ni reformas de leyes vigentes, así lo estipula el art. 17 de tal ley.

Adiciona que se encuentra encuadrada jurídicamente en la ley 1279 de Carrera Sanitaria, como resulta del informe de la Dirección de Personal de fs. 10 del expte. administrativo nº 6582/2019, y que el art. 10 originario determina qué trabajadores se encuentran comprendidos en la rama profesional, estableciendo que la misma comprende a todos los que desempeñen tareas inherentes a su profesión y posean título universitario con validez nacional.

Titula el apartado VII como Daños y Perjuicios, expresando que la imposibilidad de acceder a la rama profesional con la correspondiente categoría de ingreso que propone la ley de Carrera Sanitaria 1279 data del 8 de mayo de 2019, fecha en que realizó su solicitud, por lo que desde tal fecha se vio privada de los derechos que le corresponden, y la negación se fundó un una modificación a la ley que es inconstitucional, por lo que solicita resarcimiento por los daños patrimoniales ocasionados.

Detalla que como lucro cesante solicita $281.540,74, conforme los decretos 616 y 617 que fija los haberes a partir de febrero de 2019 y mayo de 2019.

Respecto del daño moral, aduce una situación de discriminación en Salud Pública; que cuenta con antecedentes psiquiátricos desde el 2015; que sufrió mobbing laboral por su situación sexual, dado que se encuentra en pareja con una persona de su mismo sexo desde hace diez años, con la cual tienen una hija de tres años, y son una familia constituida, solicitando $281.540,74 por tal concepto.

Finaliza haciendo reserva del caso federal, ofrece prueba y peticiona que se declare la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley de presupuesto 3056 de Ejercicio Financiero 2018, se haga lugar a los daños y perjuicios reclamados, y oportunamente, se dicte sentencia acogiendo su pretensión, con costas a la contraria.

II) Que mediante actuación nº 562515, la Dra. R.B.S., F. de estado Provincial, y el Dr. Á.O.L., contestan la demanda impetrada, negando todos y cada uno de los hechos articulados.

Expresan que acceder a la petición actoral vulneraría el principio de igualdad establecido por el legislador, por cuanto la petición es contraria a la normativa vigente y a las políticas de empleo establecidas por el Estado Provincial.

Manifiestan que la pretensión de la actora de ser incorporada a la rama profesional de la ley de Carrera Sanitaria 1279 no es factible administrativamente, porque no existe una norma que posibilite la reubicación de un empleado dependiente del Poder Ejecutivo en un escalafón distinto del que se encuentra encuadrado.

Explican que la actora ingresó a la Administración Pública bajo el régimen de la ley 2213, ley de Adhesión de la Provincia de La Pampa a la ley 25855 de trabajo voluntario gratuito y políticas sociales comunitarias, revistando a la fecha la categoría 13 de la ley 1279.

Sostienen que el accionar del estado en modo alguno implica un apartamiento arbitrario de las leyes vigentes, ni comporta un acto discriminatorio, pues su petición de troncar de una rama a otra es normativamente imposible.

Afirman que no se avizora que el acto atacado carezca de alguno de los requisitos esenciales para su dictado, consta de sujeto, causa, contenido, forma y motivación, fue dictado en base al derecho aplicable y conforme los antecedentes y dictámenes de los organismos asesores de gobierno, por lo que es un acto válido y eficaz.

Respecto de la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 1279 por la ley 3056, expresan que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ser razonada y decretada restrictivamente, estando condicionada a que la disposición atacada ostente ilegitimidad y arbitrariedad.

Afirman que ningún derecho es absoluto y se ejercitan conforme a las disposiciones que lo reglamentan.

Insisten en que se ha actuado en el marco de la legalidad impuesta por la normativa legal, en tanto el contenido de las disposiciones atacadas y los requisitos que establece la ley de carrera sanitaria que al tipificar cada una de sus ramas para ubicar a sus agentes, no compromete la realización de ningún derecho, menos aun discriminación, presupuesto que se encuentra solo en la subjetividad de la accionante.

Concluyen en que la señora A. está sujeta a los presupuestos de organización de la Administración Estatal, a las relaciones de empleo público, encontrándose sometida al régimen normativo específico y propio, en el caso la ley 1279.

Advierten que no existe contradicción en los actos atacados y la ley impugnada en su confronte con el principio de...

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