Sentencia Nº 13801/1 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:12 de Junio de 2019
 
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FALLO N° 28/19 -P.A.-SALA "B": En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los 12 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los Jueces Pablo Tomas Balaguer y Mauricio Federico Piombi, asistidos por la Secretaria María Elena Grégoire, a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto con fecha 13 de febrero del 2.019 ante este Tribunal por el Abogado Raúl Alberto Quiroga como defensor particular de L. D. V. en el legajo registrado con el nro. 13.801/1, caratulado "V., L. D. S/Recurso de Impugnación", del que:

RESULTA: Que la Audiencia de Juicio de esta ciudad, con fecha 21 de diciembre del 2018, integrada en su función unipersonal por la Jueza Alejandra Flavia Ongaro, condenó a L. D. V. como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en reiteradas oportunidades, todo ello como delito continuado, agravado por el vínculo (artículos 119, primero, tercero, y cuarto párrafo, apartado b), y 54 "a contrario sensu" del Código Penal), hechos valorados en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres en los ámbitos en que se desarrollen su relaciones interpersonales, a la pena de ocho años de prisión (artículos 27, 40 y 41 del Código Penal), más accesorias legales del artículo 12 del Código Penal, con costas (artículos 355, 474. y 475 del C. de P.P.).

Que contra dicha sentencia el defensor particular de L. D. V., el Dr. Raúl Alberto Quiroga, interpuso recurso de impugnación alegando que hubo en el resolutivo recurrido inobservancia o errónea aplicación del la ley sustantiva en los términos del inciso 1° del artículo 400 del C.de P.P.; y errónea valoración de la prueba en los términos del inciso 3° del mismo artículo del C.P.P., solicitando así que se impugne la sentencia y se absuelva al Señor L. D. V..

En su primer agravio como planteo de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (artículo 400 inciso 1° del C.de P.P) el recurrente expresa que cuando el a quo valida la acusación a partir de la carga probatoria al haberse acreditado con certeza que L. D. V., aproximadamente entre el año 2010 a noviembre o diciembre de 2016, período comprendido entre los nueve a los quince años de edad de su hermana menor, M. A. Ñ. V., abusó sexualmente de eta última, mediante violencia y forma reiterada. Los abusos se fueron incrementando en gravedad, ello es, de toqueteos corporales en la zona genitales, hasta llegar al acceso vaginal, y se produjeron en el interior de la vivienda que ambos compartieron -hasta al menos el 2014- y a la que luego el imputado solía concurrir de visita, sita en Colonia Chica lote El Arroyo, en la zona rural de 25 de mayo. El último hecho de agresión sexual, con acceso carnal, fue en el mes de noviembre o diciembre de 2016, en este último caso, en el interior de la vivienda de la abuela materna de ambos, Mariela Soto, sita en la mencionada localidad de 25 de mayo.

Que referido a la descripción de los hechos la defensa recurrente de V. puntualiza que el mismo al momento del debate tenía la edad de 20 años, habiendo nacido 28 de febrero del año 1.998, teniendo relación con el tiempo de consumación de los hechos habida que cuenta que la víctima tenía 9 años de edad en adelante; es decir que al inicio del presunto abuso, su pupilo, tenía 11 años de edad, con lo cual destaca que en esa circunstancias temporales en que le fuera achacado los hechos a V. se lo hace en un marco de su inimputabilidad por su edad.

Advierte así que este dato no puede ser soslayado ya que se estaría validando imputar y culpar a un menor de edad y siendo ello contrario a nuestro sistema de imputación penal. En definitiva, al tiempo de suceder los hechos, tanto la víctima y como el victimario, eran menores de edad.

Manifiesta el recurrente que la acusación fiscal y lo determinado en el debate oral con su consecuente condena, resultan incongruente con una codena de delito continuado y en concurso ideal, siendo que la sentencia no puede abarcar la esfera de inimputabilidad para dar sustento a un concurso ideal, claramente vedado por nuestra ley penal por las circunstancias esbozadas.

Finalmente solicitó que se deje sin efecto la calificación penal llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal y se declara la sentencia como arbitraria por incongruente.

Como segundo agravio la defensa alega que la sentencia condenatoria incurre en errónea valoración de la prueba de conformidad a los dispuesto en el inciso 3° del artículo 400 del C.P.P. al omitir en el resolutivo que tanto la víctima como su hermano -por el acusado- fueron abandonados por su madre y los criaron sus abuelos maternos en un predio rural, siendo muy chicos que debieron arreglárselas solos. Que, además, conforme a los dichos de la Psicóloga del Hospital de Veinticinco de Mayo, los dos -víctima y victimario- se encontraba en un evidente estado de vulnerabilidad.

Por último, sostuvo que la circunstancias fácticas conspiran contra la probanzas de autos y se conectan directamente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que las pruebas dejadas de lado por el aquo conspiran con la certeza de culpabilidad que ha encontrando el sentenciante y nos llevan a pensar que no ha existido certeza, sino que más bien se debiera imponer, por lo expuesto una duda razonable en los alcances que establece el artículo 6° del C.P.P..

Que, admitido formalmente el recurso interpuesto ante este mismo Tribunal de Impugnación y habiéndose celebrado la audiencia prevista por el artículo 410 del C.P.P en integrada la Sala llamada a decidir, ha quedado en consecuencia ésta en condiciones de ser resuelta. Así:

CONSIDERANDO:

El Juez Pablo Tomás Balaguer dijo:

En primer término, corresponde afirmar que el recurso de impugnación presentado por la defensa resulta admisible formalmente toda vez que, razonablemente en sus fundamentación se planteo su disconformidad con la sentencia dictada al resultar contraria a sus intereses, habilitándose para ello lo dispuesto en los artículos 400, 402 y 404 del mismo cuerpo legal.

Que entrando al tratamiento del recurso interpuesto, le daré respuesta a los agravios que fueran planteados por la defensa recurrente los que fueron desarrollados con anterioridad, conforme al orden propuesto por esa parte.

Referido al primer agravio que exteriorizo la defensa en cuanto a que L. D.V. fue condenado por los delitos que se mencionara en el resuelvo del decisorio cuestionado en un periodo de tiempo que tiene su comienzo aproximadamente en el año 2010 y hasta por lo menos 2014; y siendo que para ese entonces V. era menor de edad, habiéndose acreditado que nació el 28 de febrero de 1.998 resulta fácil advertir que en su inicio tenía la edad de 12 años y al culminar tenía la edad de 16 años y que conforme a ello se le declara la autoría del imputado sin imponerle pena alguna en función del supuesto estado de minoridad.

A ello la Jueza de Audiencia le responde que "se trata de un circunstancia que objetivamente no es correcta y adolece de un error fácilmente comprobable al efectuar esa parte -por la defensa- un recorte de los hechos desconociendo la naturaleza jurídica del delito continuado"…."Pero aún así, si hipotéticamente solo se considerara el hecho ubicado a fines del año 2016, de ningún modo V. sería menor de edad -tal como lo pretende la Defensa- ya que en ese momento el imputado contaba en cambio con 18 años de edad cumplido a comienzos del mentado año 2018".

Ahora bien, es indudable que el dato objetivo y que no admite interpretación alguna distinta es que V.en los años 2.010 y 2.014 era menor de edad y conforme a ello, según sea su edad se le deberá aplicar los distintos procedimientos establecidos en las ley 22.278 reformada por la ley 22.803 en los que combina la edad del menor no punible -menos de 16 años- o a la comisión de un injusto con un monto menor a los dos años de pena; pues bien, si supera los 16 años de edad y hasta los 18 años se lo considerara como punible siempre y cuando cometiera un delito con pena mayor a los dos años y así se lo deberá declara responsable luego de haber cumplido los 18 años de edad y que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario a la mayoría de edad (arts. 1°, 2° y 4°).

También resulta un dato objetivo que a la fecha consumación del hecho que fuera señalado por la Jueza de Audiencia, en los meses noviembre o diciembre del año 2016, el condenado tenía la edad de 18 años por haberlos cumplimos en febrero del mismo año.

Definitivamente en esto se apoya la defensa -reiterando la queja en el recurso- y la jueza de grado le contesta con las frases que he entrecomillado con anterioridad. Que sin perjuicio de haber dado respuesta a ello en dos escuetos párrafo, al final de las conclusiones, en los considerandos, no responde con los estándares de razonabilidad frente a la grave acusación que lo vincula al imputado, máxime si se tiene en cuenta que el órgano juzgador al resolver la controversia se inclina por la teoría del caso que fuera presentada por el acusador público.

Considero por un lado que de las premisas utilizadas no surgen respuesta válidas al no bastarse en sí mismo por no explicar el porqué de la afirmación "que esas circunstancias objetivamente no es correcta y adolece de un error fácilmente comprobable ya que esa parte realiza un recorte de los hechos desconociendo la naturaleza jurídica del delito continuado". Y, por otro lado, sin que la propia jueza explique el significado de los que es jurídicamente delito continuado, por lo...

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