Sentencia Nº 137541 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

• Fecha: 27 Julio 2020
• Año: 2020
• Número de sentencia: 137541
• Estatus: Publicado
• Emisor: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete días de julio de dos mil veinte, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia, integrada por la Dra. E.V.F. y E.D.F.M., presidente y vocal, respectivamente, del Superior Tribunal de Justicia para dictar sentencia en los autos caratulados: “R., M.A. contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso-Administrativa”, expediente nº 137541 del que

Resulta:

I.M.A.R., por derecho propio, promueve una demanda contencioso-administrativa contra la Provincia de La Pampa por la que pretende que se revoque la resolución 03/18 y la disposición 03/18 del Centro Operativo de Tramitación Especial –COTE– y la resolución 100/19 del Ministerio de Hacienda, fechada el 20 de mayo de 2019, que confirmó el cese de la relación laboral (fs. 13-18).

Asimismo, peticiona que, revocados los actos administrativos cuestionados, se ordene su reincorporación laboral.

Luego de exponer sobre la competencia del Tribunal, desarrolla los hechos del caso.

Narra que se desempeñaba como portera en la Escuela nº 261 de la localidad de Catriló, bajo el régimen monotributista y que fue incluida en el Régimen Laboral de Tiempo Reducido (ley 2871).

Relata que en función de lo dispuesto por la referida ley y su decreto reglamentario 1367/16, la Dirección del Colegio efectuó una evaluación de su desempeño laboral que derivó en una calificación injusta e infundada del Centro Operativo de Tramitación Especial que provocó la pérdida de (su) trabajo (fs. 33 vta.-34).

Dice que, como consecuencia de aquella calificación, inició el reclamo administrativo y posteriormente la demanda contencioso-administrativa que dio origen a los autos caratulados: “R., M.A.c./ Provincia de La Pampa s/ demanda contencioso-administrativa”, E. nº 121089.

Explica que, en la sentencia definitiva del referido expediente, este Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados y condenó a la demandada al dictado de un nuevo acto administrativo que cumpla con los recaudos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en particular en lo concerniente a la motivación y fundamentación del acto.

Sostiene que, pese a que la declaración de nulidad se sustentó en la falta de acreditación de los antecedentes fácticos o de las situaciones de hecho invocadas para emitir los actos impugnados, la demandada reitera su accionar al emitir nuevos actos administrativos sin acreditar la realidad fáctica y jurídica que encuadra la relación laboral.

Añade que, para motivar y fundamentar los actos administrativos –resolución 03/18, disposición 03/18 del COTE y resolución 100/19 del Ministerio de Hacienda y Finanzas–, la demandada incorpora la evaluación y documentación emitidas por las autoridades del establecimiento educativo y remitidas por la Coordinación de Zona III del Ministerio de Educación de La Pampa (evaluación realizada por la Directora Interventora, M.L.A. –a quien nunca conoció-) circunstancia que evidencia la ausencia de razones legítimas que justifiquen el despido.

Señala que, decretada la constitucionalidad de la ley 2871, para determinar la validez o invalidez del acto administrativo cuestionado, la relación entre las partes debe remitirse a su texto, a los procedimientos que dicta, a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 951 y a lo resuelto por este Tribunal.

Dice que, conforme a la ley 2871, la demandada tenía 180 días corridos desde la contratación, iniciada el 1 de julio de 2016, para la evaluación y calificación del desempeño laboral.

Manifiesta que la directora interventora no pudo evaluarla personalmente porque nunca se conocieron y que la documentación aportada fue constante y recurrente en referirse a episodios laborales inexistentes supuestamente ocurridos fuera del período de evaluación establecido por la misma ley.

Añade que, el expediente administrativo no contiene prueba alguna que acredite hechos que puedan constituirse como fundamento de los actos administrativos que impugna.

Expone que del informe realizado por la directora interventora y de la documentación acompañada, es posible observar que solamente un acta de agosto de 2016 resultaría pertinente, la cual, en lugar de probar el mal desempeño laboral, pone de manifiesto que era víctima de una persecución de parte de quien entonces era directora del establecimiento.

Cuestiona la falta de razonabilidad entre la fundamentación y lo resuelto en los actos administrativos impugnados, pues se basan en hechos que no fueron acreditados, circunstancia que determina su falta de motivación.

Afirma que los actos administrativos resultan nulos de conformidad a lo dispuesto en los artículos 41, 44 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo, hecho por el que solicita que se dicte la nulidad y que se ordene su reincorporación al trabajo.

Dice que la resolución 03/18 del COTE desoye la sentencia de este Superior Tribunal de Justicia en los autos “R., M.A. contra Provincia de La Pampa sobre demanda contencioso-administrativa”, E.. nº 121.089 pues pretende obtener la motivación en hechos y acontecimientos inexistentes.

Sostiene que la autoridad administrativa incurre nuevamente en el mismo vicio de ausencia de fundamentación fáctica y cierta que permita motivar la decisión.

Finalmente, ofrece la prueba, funda en derecho su pretensión procesal, hace reserva del caso federal por violación de los derechos reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución...