Sentencia Nº 134762 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Fecha de Resolución: 9 de Enero de 2018
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los días veinticuatro de junio de dos mil veinte, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. José Roberto Sappa y Eduardo D. Fernández Mendía, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: “Morán, Darío Alejandro Martín contra Provincia de La Pampa – Jefatura de Policía sobre Demanda Contencioso-Administrativa”, Expte. nº 134762, del que

Resulta:

I. Darío Alejandro Martín Morán, mediante apoderados, promueve una demanda contencioso-administrativa contra la Provincia de La Pampa – Jefatura de Policía – Ministerio de Seguridad mediante la que pretende la declaración de nulidad de la resolución 09/18 “J” DP de Jefatura de Policía de la Provincia de La Pampa, que dispuso su traslado a la ciudad de Santa Rosa y el cambio de tareas y contra la resolución 84/2018 (fojas 12-23 vta.).

Expresa que la resolución impugnada dispuso el cambio de destino a la División Criminalística D5 (RS).

Indica que ingresó a la policía provincial en los términos del artículo 38 de la ley 1043/80 y su norma reglamentaria y que desarrolló su labor como perito hasta el 9 de enero de 2018 dentro del cuerpo escalafón profesional conforme a sus conocimientos, funciones específicas e incumbencias de su título habilitante como licenciado en criminalística. -

Expresa que fue adjudicatario del concurso público de antecedente y oposición para el cargo que ocupó en la División Criminalística de General Pico.

También destaca que las bases del concurso público indicaban que el cargo era para prestar tareas en la ciudad de General Pico y que así lo hizo hasta el dictado de la resolución 09/18 “J” DP.

Señala que la ley policial (NJF 1034/80), en el capítulo referido al régimen de cambio de destinos, el artículo 90 establece que deben ser dispuestos por el Jefe de Policía, a quien se informará previamente sobre la situación personal y familiar.

Dice que, en su caso, se dispuso el cambio de destino habiéndose omitido el informe por parte del organismo competente.

Expresa que Jefatura de Policía omitió ponderar el derecho adquirido conferido por el Poder Ejecutivo al haber sido designada en el cargo por el que había sido adjudicataria por concurso público.

Entiende que se ha tratado de una decisión tomada con desconocimiento y vulneración de sus derechos adquiridos motivo por el que requiere el respeto a sus derechos constitucionalmente garantizados y que se anule la parte pertinente de la resolución que impugna.

Con base en el principio de supremacía de las leyes establecido por el artículo 33 de la Constitución nacional, afirma que una norma de menor jerarquía, como es la resolución 09/18 “J” DP o la resolución 84/2018 del Ministerio de Seguridad, no puede derogar, modificar ni vulnerar sus derechos adquiridos consagrados en una norma anterior (fs. 14-14 vta.).

Luego de hacer referencia a lo considerado en la resolución 84/2018 del Ministerio de Seguridad, argumenta que no puede existir un traslado de General Pico a Santa Rosa como es pretendido por Jefatura de la Policía, mediante una mera resolución dictada en el desconocimiento de la jerarquía constitucional y de los derechos fundamentales del actor.

En el capítulo referido a los vicios de los actos administrativos, señala que es notable la desviación de poder existente en la formación de la voluntad subjetiva del funcionario que la dictó, pues procedió al dictado de una resolución con una finalidad distinta a la instituida previamente por una norma superior: el decreto por Poder Ejecutivo que la designó y puso en funciones y cargo (fs. 15).

Expresa que al pretender la autoridad administrativa mudar su domicilio y tareas o trabajo asignado, perito en criminalística actuó desviando el sentido intrínseco de la ley.

Manifiesta que la motivación del acto se fundamenta en las intenciones de excluirlo por cuestiones internas y subjetivas, totalmente ajenas a cuestiones vinculadas a su labor profesional, pues al encomendarse tareas administrativas en un lugar distinto al que resultó adjudicatario por concurso.

Dice que la resolución 72/18 “J”, hizo una errónea interpretación de su recurso de reconsideración pues le hace decir “algo que claramente NO dice” (fs. 15; el destacado corresponde al original).

Expone que las resoluciones que tacha de nulidad contienen fundamento inadecuado, erróneo y hasta mal intencionado, pues desconocen derechos adquiridos.

Entiende que la resolución que impugna resulta arbitraria y sin motivo razonable que justifique la movilidad de General Pico a la ciudad de Santa Rosa.

Reitera que resulta “notablemente arbitraria e inconstitucional” la resolución que impugna, pues no está motivada, “adolece de unos de sus requisitos esenciales, estos son la causa y la motivación. Violando abiertamente el principio de legalidad y convencionalidad (fs. 16).

Asevera que el acto que impugna nada dice respecto de los motivos y la causa que llevaron al cambio de su lugar de trabajo, destino y tareas.

Expresa que Jefatura de Policía, a pesar de haber tenido asistencia técnica, rechazó el recurso de reconsideración sin meritar o valorar los antecedentes, experiencia y sin respetar el principio de legalidad y las normas jurídicas específicas que respaldan el haber accedido por concurso público.

Manifiesta que son muchos los perjuicios personales y profesionales que ocasiona el acto administrativo, pues está abonando un crédito del Procrear de una vivienda familiar en la ciudad de General Pico.

Añade que perdería sus ingresos si tuviera que mudar el domicilio, pues se vería imposibilitado de pagar la cuota del crédito y las obligaciones familiares que ha asumido gracias a la estabilidad y reconocimiento profesional.

Informa que se encuentra con certificado psicológico a causa del estrés laboral como consecuencia de la vulneración e incertidumbre que genera la decisión arbitraria de Jefatura de Policía.

Pretende que, conforme su realidad familiar, coherencia personal y profesional, sus derechos laborales sean respetados.

Recuerda que el principio de legalidad consiste en afianzar la seguridad individual y que es la ley la que determina las conductas debidas o prohibidas de forma que las personas puedan conocer de antemano aquello que tienen que hacer u omitir y estar exentos de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quien manda.

Seguidamente, expresa que en las resoluciones se han desplegado conductas antijurídicas pues se ha utilizado el poder para desviar la finalidad y que son arbitrarias dado que carecen de razonabilidad.

Añade que Jefatura de Policía prescindió de los hechos probados y de fundar en derecho la decisión adoptada.

También dice que se ha disfrazado la causa o motivo para resolver una situación jurídica en la que no solo hay desviación de la finalidad, sino que, además no existe relación jurídica entre los hechos y el derecho que se pretende aplicar, toda vez que se ha omitido el pedido de dictámenes personales y la atención especial del legajo del actor en forma previa al dictado de la resolución.

En capítulo aparte, expresa que la resolución que impugna resulta abusiva y arbitraria, dictada sin tener en cuenta las normas jurídicas que reconocen sus derechos constitucionales.

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto dado por la ley 26088, recuerda que el derecho de ius variandi encuentra su límite con...

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