Sentencia Nº 134 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 01-10-2019

Fecha de Resolución: 1 de Octubre de 2019
 
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///MA, 1 de octubre de 2019.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores S.M.B., L.L.P., E.J.M., R.A.A. y A.C.Z., con la presencia de la señora Secretaria doctora A.J.B., para el tratamiento de los autos caratulados: "PEREZ ARDUSER, ANA C/ MEDICUS S.A. S/ AMPARO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº 30454/19-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
V O T A C I Ó N
El señor J. doctor S.M.B. dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 59/60 y fundamentado a fs. 64/72 vta. por el apoderado de M.S., doctor M.E.C., contra la sentencia de fs. 53/56 dictada por el doctor R.M.J. de la Cámara Primera del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, que hizo lugar al amparo interpuesto por la señora A.P.A., ordenando a M. S.A. la cobertura al 100% de la medicación Heparina de bajo peso molecular -C.- conforme lo indicado por el doctor A.A., así como de toda medicación que requiera para el tratamiento de su enfermedad en los términos indicados en la sentencia.
Asimismo ordenó el reintegro de los gastos efectuados por la amparista por la suma de $ 60.000. Impuso costas a la vencida y reguló los honorarios de la doctora F.G.S., por la parte actora en la suma de $28.425 (15 JUS) y los del doctor M.C. por M.S. en la suma de $18.450 (10 JUS) conforme art(s). 6/9 y 37 de la ley G 2212.
Para así decidir el magistrado consideró que M. afecta derechos esenciales -a la vida, a la salud y a un completo bienestar psicofísico y espiritual- y torna antijurídico su obrar, al negar la cobertura del 100% de la medicación de Heparina argumentando que no se trata de un medicamento oncológico y que corresponde solo cubrir el 40 % .
Resaltó que la amparista debe tomar Heparina como consecuencia del estado de trombofilia por tratamiento con T. a altas dosis -utilizado para tratar el cáncer- y que el oncólogo clínico de aquella señaló que la trombosis se considera como cuadro asociado a su condición oncológica y a su tratamiento, lo que no ha sido desvirtuado por la requerida.
Precisó que la medicación prescripta es parte integrante y necesaria del tratamiento de la enfermedad que padece la amparista y que el programa médico obligatorio fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que se deben garantizar (piso prestacional), que no puede derivar en una afectación al derecho a la vida y a la salud de las personas.
Sostuvo que corresponde hacer lugar a la solicitud de cobertura del 100% de la medicación y que la amparista padece de una enfermedad crónica que precisa tratamiento a largo plazo y, en consecuencia, requiere del suministro periódico de medicamentos conforme lo indique su médico tratante.
Expresó que es obligación legal de M. S.A. el reintegro de los gastos efectuados por P.A. en la compra de la droga "C." conforme documentación acompañada que no ha sido desconocida ni impugnada por la requerida y su necesidad a fin de garantizar la salud de la amparista.
Por último, entendió que derivar el reclamo a otra vía legal es una cuestión formal cuando se reconoce el derecho a recibir el medicamento como obligación de M. S.A. según indicación expresa del profesional tratante.
A fs. 64/72 vta. el apoderado de la requerida funda el recurso de apelación y solicita se revoque la sentencia dictada por causar un gravamen irreparable a su mandante.
Alega que no existe obligación legal alguna por la cual M. S.A. tenga que otorgar la cobertura de la medicación Enoxaparina sódica (C.) al 100% pues esta no se utiliza para tratar la patología oncológica que padece la amparista sino como anticoagulante para el tratamiento y prevención de la trombosis.
Indica que la resolución 310/2004 del Ministerio de Salud de la Nación determina que la medicación solicitada tiene una cobertura del 40% para usos como el que P.A. quiere darle y solo contempla la cobertura al 100% de los medicamentos suministrados durante la internación y los que específicamente detalla en el apartado 7.3, no estando incluido el que aquí se reclama, de lo que resulta -a su entender- que el porcentaje de cobertura que brindaba M. S.A. previo al inicio de estas actuaciones es el correcto.
Destaca que M. S.A. es una empresa de medicina prepaga y su obligación de cobertura no es ilimitada, sino que surge de la normativa vigente y del contrato con sus asociados y, en este caso, ninguna de las dos fuentes obliga a otorgar la cobertura al 100% de la medicación requerida por la accionante.
Sugiere que la amparista podría reclamar al Estado, nacional o provincial, basándose en el derecho a la salud pero que no corresponde trasladar esos derechos al ámbito privado.
Remarca que el reglamento de M. S.A. en relación al alcance de la cobertura establece que "...abarcará las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y se regirán por los planes a los que se encuentre incorporado el asociado. Las prestaciones no previstas en el mismo se encuentran excluidas".
Expone que obligar a M.S. a "hacer lo que no manda la ley" resulta contrario a los derechos de raigambre constitucional -art. 19 CN- e implicaría un fuerte desequilibrio en la economía de su mandante lo que derivaría indefectiblemente en el perjuicio del resto de sus afiliados.
Por otra parte, se agravia por cuanto el decisorio impugnado obliga a M.S. a la provisión de la medicación en la marca solicitada "Heparina de bajo peso molecular (C.)" cuando la ley 25649 indica que se debe prescribir por nombre genérico, es decir por principio activo, que en este caso sería Enoxaparina sódica.
Menciona que en el caso no existe justificativo médico válido para indicar una marca -cf. lo autoriza el art. 2 decreto reglamentario 987/03- tampoco motivo suficiente para hacer uso de la excepción legal cuando el resto de las marcas que se comercializan cuentan con la debida aprobación de la Anmat. Puntualiza que no hay constancia alguna que indique certeramente que la requerida sea mejor que el resto de las existentes en el mercado farmacéutico.
Declara que resulta excesivo obligar a su mandante a brindar prestaciones futuras e inciertas, toda vez que no es posible conocer en la actualidad si serán efectivamente...

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