Sentencia Nº 132330/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Fecha de Resolución: 5 de Mayo de 2020
 
EXTRACTO GRATUITO

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 5 días del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúne la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dr. José Roberto Sappa y por su Vocal, Dr. Eduardo D. Fernández Mendía, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "MARENCHINO, Hugo Roberto contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 132330/18, en trámite ante la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

I.- A fs. 23/26, Hugo Roberto Marenchino, por derecho propio y con el patrocinio letrado de las Dras. Silvia Mirta Brown y Magalí Marilina Tarditi, promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa pretendiendo la declaración de nulidad del Decreto nº 1036/18, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial que lo destituyó de la Policía de La Pampa, de conformidad al art. 63, incisos 6 y 7 de la NJF 1034/80.

Relata que por medio del convenio celebrado en agosto de 1989, de modo voluntario quedó acordado y homologado su retiro voluntario de las filas policiales, dando origen a la liquidación de los haberes correspondientes. Sostiene que el beneficio que percibe es un derecho adquirido por lo que cualquier modificación del mismo requiere de un marco jurídico legal y constitucional.

Continúa diciendo que la aplicación del art. 50 de la ley 1034 es inconstitucional y vulnera tal derecho.

Repara en la incongruencia e inconsistencia del sistema legal del condenado inhabilitado incluido en el sistema previsional en calidad de aportante por las actividades laborales que desarrolló, con la exclusión de dicho sistema que lo priva de los beneficios, mientras ese derecho se le reconocía durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

En virtud de lo previsto en el art. 16 de la NJF nº 952, plantea la inconstitucionalidad del art. 50 de la NJF 1034, por resultar contrario a la Constitución Nacional pues vulnera su derecho de propiedad cercenando su beneficio jubilatorio.

Informa que el art. 50 señalado dice que la separación de retiro es aplicable al personal retirado y apareja la exclusión de la situación de revista respectiva con pérdida definitiva en los derechos correspondientes, considerando que tal norma, al regular la pérdida definitiva de derechos, vulnera el art. 14 bis de la Constitución Nacional pues ataca el derecho a la seguridad social, privándolo del derecho de protección previsional.

Afirma que cuando se ha adquirido el derecho como tal este no puede limitarse, condicionarse o suprimirse en forma irracional, constituyéndose en un derecho absoluto de disfrute.

Manifiesta que el beneficio social previsional es el resultado de los aportes efectuados durante toda su vida laboral, por lo que el acto administrativo impugnado no puede de ninguna manera afectar derechos adquiridos como tampoco puede hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos.

Expresa que en muchos fallos se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 19 inc. 4º del Código Penal, en tanto regula la privación de un haber de retiro como derivación de una sanción.

Funda su derecho, ofrece prueba y peticiona que se haga lugar a la demanda y se declare la inconstitucionalidad del art. 50 de la NJF 1034.

II.- A fs. 48/61, el Dr. José Alejandro Vanini y el Dr. Renzo Oscar Konrat, apoderados de la demandada Provincia de La Pampa, contestan la demanda incoada, negando todos y cada uno de los hechos invocados y peticionan su rechazo con costas.

Expresan que la demanda centra la impugnación del acto afirmando que el Decreto 1036/18 afecta la percepción del haber de retiro en virtud de habérselo sancionado con la separación de retiro, por aplicación del art. 63, inc. 6º y de la NJF 1034 y que vulnera la Constitución Nacional.

Explican que el señor Marenchino fue condenado en sede penal por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la pena de ocho (8) años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (5 hechos de los cuales uno es agravado doblemente por duración de más de un mes) y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos (3 casos), todos calificados como delitos de lesa humanidad.

Sostienen que la parte actora yerra en el análisis que realiza de las normas que cuestiona, dado que no es cierto que la destitución de la policía por aplicación de la sanción de separación de retiro vulnere derechos fundamentales consagrados en la carta magna; que el Decreto 1036/18 contiene todos sus elementos esenciales y no es ilegítimo, pues no debe perderse de vista que el bien jurídico tutelado por la Administración al disponer la destitución de la policía con carácter de separación de retiro del policía es de una naturaleza esencialmente distinta a la sanción de pena privativa de la libertad que dispone el derecho criminal, y que la misma deviene imperativa ante la gravedad del delito por el cual fue condenado.

Agregan que por tal razón la norma tachada de inconstitucional no resulta ser tal, pues los policías de la provincia, pese a estar retirados, conservan el estado policial, status este que resulta incompatible con la comisión de delitos dolosos, y menos aun con delitos de gravedad tal como el del caso que nos ocupa.

Explican que el Marenchino tuvo el grado de discernimiento y responsabilidad suficiente al cometer el delito por el cual que se lo condenó, y conoce desde el momento de su ingreso a las filas de la policía como también al momento de su pase a retiro voluntario, que se encuentra sometido a un régimen disciplinario que corresponde con su status de policía provincial.

Afirman que el actor no cuestiona la existencia de los hechos que tipifican administrativamente su conducta ni su status policial, y que el Decreto nº 1036/18 es la lógica derivación de una disposición normativa que requería ser aplicada.

Insisten en que el señor Marenchino, quien ostentaba el status de Comisario Mayor Retirado de la Policía Provincia, el más alto del escalafón, fue condenado como autor de delitos de lesa humanidad, motivo que determina que incurrió en faltas que actualizan la aplicación del art. 63, inc. 6º y 7º de la NJF 1034, por ser autor de actos que afectaron gravemente el prestigio de la institución, base fáctica que ha sido consentida por el actor y que en la instancia judicial está vedado analizar.

Analizan que debido al estado policial del actor, el retiro no significa la cesación del estado policial (art. 163 citado), en concordancia con el art. 23, que dice que el estado policial es la situación jurídica del conjunto de deberes, obligaciones, y derechos que las leyes, decretos y reglamentos establecen para el personal en actividad o en retiro, va de suyo que la condena que contiene la sentencia penal dictada, constituye una transgresión que está prevista en el señalado art. 63 incs. 6º y 7º de la NJF 1034, que determina la aplicación de la sanción, motivo por el cual la presente demanda carece de sustento que avale su prosperidad y debe ser desestimada, toda vez que el acto administrativo emitido deviene plenamente justificado y fundado.

Agregan que el actor se limita a desarrollar meras discrepancias...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA