Sentecia definitiva Nº 132 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 14-09-2015

Número de sentencia132
Fecha14 Septiembre 2015
EmisorSecretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
///MA, 14 de septiembre de 2015.
VISTO: Los presentes autos caratulados: "COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL ALTO VALLE OESTE S/ MANDAMUS" (Expte. Nº 27921/15-STJ-), puestos a despacho a fin de resolver, y,
CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:
ANTECEDENTES DEL CASO
Llegan las presentes actuaciones a consideración de este Tribunal en virtud de la presentación conjunta efectuada a fs. 27/37 por los representantes del Colegio de Psicólogos del Alto Valle Oeste, Ps. Sergio Blanes Caceres, Lic. Verónica de los Angeles Murias, la Psicóloga, Lic. Stefanía Ailén Rossi y su paciente la Sra. Mabel Tapia, con el patrocinio letrado de los Dres. Omar Mallemaci y Alberto José García, quienes promueven mandamiento de ejecución contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro por la actuación de sus órganos dependientes, la Junta Médica Provincial y la Secretaría de la Función Pública de Río Negro, para que se ordene el cumplimiento de las Leyes provinciales G 3338 y G 972, las Leyes nacionales 26.529 -de derecho del paciente- y 26.657 -de salud mental-, el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y art. 39 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Explican que la acción tiene por objeto que el Estado Provincial cese en la omisión de aplicar la normativa nacional que faculta a los ciudadanos a elegir y/o rechazar la terapia o procedimientos con o sin expresión de causa (Leyes 26.529 y 26.657) y de las leyes provinciales que facultan a los psicólogos a expedir certificados con referencia a los estados psíquicos y los procedimientos técnicos psicológicos utilizados (Leyes G 972 y G 3338).
Relatan que la Sra. Tapia, agente de la Administración Pública Provincial, se encuentra desde el día 3 de abril de 2014 en tratamiento psicoterapéutico con la Lic. Stefanía Ailén Rossi, a raíz del cual la profesional le indicó licencia laboral por cuestiones psicológicas y se le prescribió readecuación de tareas.
Exponen que en ese contexto la Sra. Tapia fue convocada por la Junta Médica Provincial para su evaluación en los términos de la Ley L 3487 y que en esa oportunidad acompañó el certificado expedido por su psicóloga tratante, Lic. Rossi. Destacaron que el organismo aludido no aceptó tal documentación al sostener que la Ley de rigor exige que la enfermedad o accidente inculpable sean justificados y certificados por un médico.
Los presentantes manifiestan que la Sra. Tapia, quien cuenta con escasos recursos económicos, debió concurrir a un médico clínico, quien no era el profesional que la trataba, a fin de que le extienda un certificado para presentarlo ante la Junta Médica Provincial. Explican además que dicha circunstancia se repetirá en la brevedad cuando la agente deba comparecer...

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