Sentecia definitiva Nº 132 de Secretaría Penal STJ N2, 22-05-2017

Fecha de Resolución:22 de Mayo de 2017
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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///MA, 22 de mayo de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores S.M.B., E.J.M., L.L.P., A.C.Z. y R.A.A., según surge del acta de audiencia obrante a fs. 1303, con la presencia del señor Secretario doctor W.A., para el tratamiento de los autos caratulados “AVILÉS, W.G. y CONTRERAS, E.F. s/ Homicidio agravado s/Casación” (Expte.Nº 29009/17 STJ), elevados por Cámara Primera en lo Criminal de la IIIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en San Carlos de Bariloche, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor S.M.B. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
En la audiencia celebrada el 22 de diciembre de 2016, la Cámara Primera en lo Criminal de San Carlos de Bariloche resolvió rechazar el pedido de inmediata libertad presentado por la Defensa de W.G.A., la que había agregado a su solicitud copia de lo resuelto por este Superior Tribunal de Justicia en STJRNS2 Se. 241/16 en relación con el nombrado. En esta última sentencia se hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por A. y se anuló el Auto Interlocutorio Nº 50/16 de aquel mismo Tribunal de grado -que había rechazado el pedido para que cesara la prisión preventiva-, con reenvío del expediente al origen para que, con la misma integración, continuara con el trámite (art. 441 C.P.P.).
Contra lo decidido la Defensa interpuso recurso de casación, que fue admitido por el a quo y posteriormente este Cuerpo lo consideró bien concedido.
/// Se dispuso entonces que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, se dio intervención a la Defensoría General -que sostuvo el recurso a fs. 1287/1289- y a la F.ía General.
Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal, sin la comparecencia de las partes, y agregado el escrito de la F.ía General (fs. 1297/1302), los autos han quedado en condiciones de ser tratados.
2. Agravios del recurso de casación:
La Defensa afirma que la resolución en crisis ha efectuado una errónea interpretación y aplicación de determinadas normas que cita (arts. 18 y 75 inc. 22 C.Nac.; 7.3, 7.5, 29 y 8.2 CADH; 9.3 y 14 PIDCyP; 11 DUDH; XXVI DADyDH; 200 C.Prov., y 98, 374, 375 y 380 inc. 3 C.P.P.), además de que ha omitido considerar la doctrina legal establecida por este Superior Tribunal de Justicia en los fallos “G. y “P.. Agrega que tampoco se contestaron puntos de agravio concretos expresados por esa parte, por lo que se ha violentado severamente el derecho de defensa en juicio y se ha incurrido en arbitrariedad.
Señala que, al momento de recurrir, su defendido se encontraba detenido desde hacía cuatro años y cuatro meses, y aclara que cumple prisión preventiva toda vez que su sentencia de condena no está firme. Ello, con fundamento en lo expresado por este Cuerpo en el fallo STJRNS2 Se. 98/15, donde se estableció que la naturaleza del encierro previo a la firmeza de la sentencia condenatoria no puede ser otra que cautelar. Sobre dicho aspecto, critica los términos de la decisión en tanto la alegada semejanza que habría señalado la Defensa con la prisión preventiva no es tal, sino que se trata de la interpretación y doctrina legal de este Superior Tribunal.
R. lo ocurrido en relación con su anterior petición de cese de la medida cautelar, rechazada sin contestar el agravio central relativo al transcurso del tiempo, lo que motivó la anulación de esa decisión y el consecuente reenvío por parte de este Cuerpo. Al tomar conocimiento de esto último, prosigue, solicitó la inmediata excarcelación de A. y ese planteo fue rechazado con argumentos que hicieron caso omiso al transcurso fatal del tiempo.
Agrega que nada argumentaron los Jueces respecto del plazo legal vencido de prisión preventiva y, por el contrario, destacaron que es un caso que cuenta con condena y que no puede equipararse a la prisión preventiva en la que no está resuelta la situación procesal, con lo que desoyeron la doctrina legal.
///2. Destaca que lo más grave es que el a quo indicó como responsable del transcurso del tiempo a la Defensa, la que ejerció el legítimo derecho al recurso. Sobre el punto, argumenta que “las actividades procesales del imputado y su defensa no pueden ser consideradas a los fines de justificar el plazo razonable ya que el empleo de los medios que l[a] ley ha previsto para garantizar el debido proceso no debe ser desalentado y, mucho menos, valorado de manera negativa la activa intervención durante el proceso”.
Por lo expuesto, mantiene las reservas federales formuladas y solicita que se revoque lo decidido por importar a esta altura una privación ilegal de la libertad para su defendido y, aplicando la doctrina legal referida, se disponga el cese de la prisión preventiva y la excarcelación de W.G.A..
3. Escrito de sostenimiento de la Defensoría General:
La señora Defensora General manifiesta en su escrito que sostiene el recurso de casación, por compartir plenamente sus fundamentos.
Añade que del análisis de las presentes actuaciones surge con claridad no solo que se ha vencido de manera holgada el plazo máximo de prisión preventiva fijado en nuestro código de forma -al momento de expedirse la señora Defensora General, el detenido llevaba más de cuatro años y siete meses privado de libertad-, sino que el a quo insiste en resolver la cuestión omitiendo cumplir la normativa y la doctrina legal vigente, que cita.
Por otra parte, entiende sumamente preocupante que el fallo recurrido interprete el ejercicio del derecho al recurso como perjudicial para los derechos de la persona condenada, máxime cuando los recursos presentados son legal y doctrinariamente factibles, como en el caso de autos. Agrega que corresponde a la magistratura extremar los recaudos necesarios para impartir mayor celeridad al trámite judicial recursivo.
Por lo argumentado, solicita que se le otorgue la libertad a A. de manera inmediata.
4. Dictamen de la F.ía General:
El señor F. General considera que, si bien la Defensa pide la excarcelación del imputado W.A. en virtud del transcurso del tiempo de la prisión preventiva, los arts. 287 bis y ter del Código Procesal Penal resultan inaplicables por resultar contrarios a la norma convencional que pretenden reglamentar.
/// Entiende que “existe una colisión entre lo preceptuado por tales normas y lo dispuesto por el art. 7°, inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, tiene dicho ese STJRN (Se. 241/16) que las normas provinciales referenciadas resultan ser aquellas a través de las cuales se reglamenta el art. 7° de la CADH. Siendo ello así, en ningún caso podría plantearse la posibilidad de que la norma reglamentaria desvirtúe la norma que reglamenta”. Señala que se está frente a una cuestión que reviste gravedad institucional.
Cita tramos de precedentes de este Cuerpo referidos al plazo legal máximo para la prisión preventiva y sostiene que “(s)urge así la discordancia, por cuanto la cuestión subjetiva de fijar prudencialmente el plazo razonable se convierte en una objetiva: supeditada al cumplimiento del plazo fijo de 3 años y 6 meses”. Estima incongruente, además, que como consecuencia, al vencimiento de dicho plazo, “pasan a no ser consideradas ni mensuradas las razones que impusieron la necesidad del dictado de la cautelar”.
R. su interpretación de determinados precedentes de la Corte Suprema de Justicia que respaldarían su postura.
Agrega que “no puede perderse de vista que la actividad del Estado en procura de sancionar el hecho ilícito generador de este proceso, ha cesado a partir del dictado de la sentencia. Que luego de producido ello, se han sustanciado recursos generados en la actividad de la defensa, con resultado infructuoso. Interponiéndose recurso de queja por la denegatoria de la apelación extraordinaria -actualmente en trámite-, la que a la luz de las constancias de la causa no tiene serias chances de prosperar”.
Entiende, por último, que existe por parte del legislador provincial la clara voluntad de modificar el estado actual de cosas. Alude al art. 114 de la Ley 5020, que...

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