Sentencia Nº 130615/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 3 de Enero de 2018
 
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SANTA ROSA, 3 de septiembre del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "DIAZ, J.H. contra Gobierno de la Provincia de La Pampa sobre A., Expediente Nº 130615/18 (en trámite ante la S. C del STJ); y

CONSIDERANDO:

1°.- Traídos los autos a Despacho corresponde que este Superior Tribunal de Justicia resuelva si por razón de la materia, la competencia corresponde al fuero civil –Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería n ° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, que remitiera las presentes actuaciones- o a este Superior Tribunal con competencia jurisdiccional contencioso administrativa, asignada constitucionalmente, en forma originaria y exclusiva (cfr.: art. 97, inc. 2°, d), C.itución Provincial y art. 8, CPCA)

2°.- Corresponde resaltar y, especialmente señalar en forma liminar, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en profusa jurisprudencia ha sostenido y reiterado que “A los fines de resolver las cuestiones de competencia, debe tenerse en cuenta, en primer lugar la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, sólo en la medida que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión.” (Fallos: 318:218; 317:742; 323:470; 325:483; 328:351, entre muchos más).

Tal postulado se corrobora con la regla que surge del art. 5 del CPCC que indica que la competencia se determina por la “naturaleza” de las pretensiones deducidas en la demanda, lo que implica atender a la pretensión fáctica y jurídica articulada. Tales extremos son los que guiarán la decisión sobre la competencia que nos convoca.

3°.- Formuladas las precedentes y necesarias aclaraciones, se advierte que con relación a la cuestión sub examen, este Superior Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de expedirse –declarando su competencia- en expediente n° 126.308/18 caratulado “Juanel SA contra Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa sobre amparo” (Resolución de fecha 22/5/18), manteniendo para el presente caso el mismo criterio, por cuanto su objeto y pretensión resultan idénticas.

En dicho precedente se sostuvo que si bien, en principio, la pertinencia y la fundamentación de la vía intentada corresponde que sea formulada por quien demanda (cfr.: Prodelco, Fallos: 321:1252; voto del Dr. Fayt), el juez de la causa tiene facultad suficiente para resolver la inadmisibilidad de la acción procesal, su rechazo in limine, o la reconducción de la postulación.

Y ello es así, pues el código procesal confiere atribución suficiente al juez para examinar de oficio los presupuestos procesales de procedencia de las acciones, facultad que debe ser ejercida con prudencia jurídica en pos de no cercenar el derecho de acción vinculado con el derecho constitucional de petición (art. 14, CN).

En tal sentido, este Tribunal ha considerado y continúa en igual tesitura, que esa facultad debe ser ejercida por todo magistrado para evitar dilaciones, desgastes o repeticiones inhábiles, es una atribución legal que se enmarca en la órbita del principio de economía procesal (cfr: art. 35, inc. 6, ap. e) y el deber de la judicatura de evitar la articulación de actividades procesales susceptibles de ser anuladas (cfr.: art. 35, inc. 6, ap. b).

El amparo constitucional tiene presupuestos sustanciales y procesales de admisibilidad que son indisponibles para las partes, es decir, el interesado no puede omitir o soslayar su cumplimiento, y requiere para su habilitación, además de la afectación de derechos y garantías con raigambre constitucional, (i) la existencia de un acto u omisión de autoridad pública o particular que provoque una lesión, restricción, alteración o amenaza; (ii) que la afectación sea actual o inminente; (iii) que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; y (iv) que no exista otro remedio judicial más idóneo (cfr.: art. 43, CN; art. 302, CPCC).

Estos presupuestos de admisibilidad evidencian que la inclusión del amparo en la C.itución Nacional no ha significado su conversión en una acción ordinaria, sino que conserva su carácter de vía procesal de excepción.

Dicho de otro modo, la vía del amparo procede en la medida que el orden jurídico no provea al litigante de otra vía legal eficiente para la tutela de los derechos que se dicen afectados.

Consideramos atinado adicionar para el presente caso, en aval del criterio que asumimos, el siguiente argumento que no consta en el precedente citado (“causa “Juanel”) relacionado con el “R.S.d.A., que emerge del criterio expuesto por el jurista N.P.S., en “Elementos de derecho constitucional”, Ed. Astrea, T.I, 3° edición, 2001, página 303/304 que compartimos y que dice “… el amparo no es admisible cuando ‘existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate’.… en la Convención C.ituyente de 1994 quedó...

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