Sentecia definitiva Nº 13 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 18-02-2019

Fecha de Resolución:18 de Febrero de 2019
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
EXTRACTO GRATUITO

///MA, 18 de febrero de 2019.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores L.L.P. , S.M.B., E.J.M., A.C.Z. y R.A.A., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "GUTIERREZ, JUAN EDUARDO C/ IPPV S/ AMPARO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº 30019/18-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos.
V O T A C I Ó N
El señora J. doctora L.L.P. dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones en razón del recurso de apelación interpuesto a fs. 79 y fundado a fs. 88/93 y vta. por la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes, a cargo de la Defensoría nº 10 de la II Circunscripción Judicial, Dra. M.B.D., contra la sentencia dictada por la Sra. J. a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la Ciudad de General Roca, Dra. M.d.C.V., obrante a fs. 72/76 vta., que rechazó la acción de amparo interpuesta a fs. 7 y vta. por Sr. J.E.G., diagnosticado con hemiplejía (cf. certificado de discapacidad de fs. 15), contra el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) a fin de lograr una solución habitacional.
Para así decidir, la J. a-quo liminarmente destacó que en la decisión del sublite tiene incidencia directa la situación habitacional que atraviesa la Provincia. Señaló que el IPPV comunicó que existen unas 19.000 familias en todo el territorio provincial en extrema vulnerabilidad social y con necesidad habitacional urgente, precisando que el último conjunto de viviendas entregado en la localidad de General Roca data del año 2014, sin que actualmente existan unidades residenciales para dar cobertura a los requerimientos obrantes en el organismo (cf. fs. 44).
A su vez, observó que, según surge de lo informado por el IPPV a fs. 43, el amparista se encuentra inscripto desde el año 2015 en el ?Registro de Demanda Habitacional? pero no integra el cupo de personas y/o grupos de familiares comprendidos dentro del marco establecido por la ley D 2055, dado que no acompañó el certificado de discapacidad pertinente, pese a disponer de aquél (cf. fs. 15), lo que a su entender implica que la vía intentada no es la apta para sustanciar el reclamo del accionante, quien dispone de otras vías más idóneas, como por ejemplo la administrativa.
Consideró que, si bien del informe socioambiental de fs. 51/53 surge que estamos frente a un familia monoparental integrada por el amparista y su hijo de 10 años de edad, ambos en situación de vulnerabilidad, lo cierto es que actualmente cuentan con un lugar de residencia alquilado ($ 4.000) que tiene los servicios de agua, luz y gas, sumado a que el Sr. G. percibe una pensión ($ 9.000) que le permite afrontar los gastos de la habitación donde reside.
La magistrada sostuvo que, sin desconocer la realidad fáctica descripta ni los derechos en juego, la inscripción en el ?Registro de Demanda Habitacional? no implica ?per se? la adjudicación de una vivienda, máxime cuando no existen actualmente conjuntos habitacionales disponibles.
Afirmó que no corresponde que el Poder Judicial se inmiscuya en la órbita de la Administración ni supla sus facultades en función del principio de división de poderes, remarcando que conforme la doctrina del Superior Tribunal de Justicia en la materia no corresponde en el estrecho marco procesal del amparo cuestionar la política habitacional del IPPV y las normas que regulan el acceso a determinado planes (cf. STJRNS4 Se. 96/15 ?SAGREDO?, Se. 192/15 ?SIFUENTE?, Se. 118/16 ?TRONCOSO?, Se. 68/17 ?MERCADO? y Se. 10/18 ?RUBILAR?).
Por último, la sentenciante precisó que el caso de autos no configura una excepción a las reglas precedentemente enunciadas dado que no estamos en presencia de una situación de carácter extremo tal como sucedía en el precedente ?M.? (cf. STJRNS4 Se. 81/12).
Al fundar el recurso de apelación incoado, a fs. 88/93 y vta. la señora Defensora Oficial interviniente alega que la sentencia es arbitraria, dado que no satisface las condiciones mínimas necesarias para garantizar el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución Provincial.
Sostiene que la J. a-quo no tuvo en cuenta al decidir que el presente amparo se interpuso para que el IPPV le otorgue al actor una ?solución habitacional? por tener una discapacidad permanente del 80 % con diagnóstico de hemiplejía izquierda y epilepsia.
Denuncia que la sentenciante omitió considerar los precedentes del Superior Tribunal de Justicia ?M.? Y ?SILVA? (STJRNS4 Se. 81/12 y Se. 24/15) y aplicó erróneamente al sub examine otros precedentes, como ?SAGREDO? (cf. STJRNS4 Se. 96/15), contrariando a la normativa que a nivel legal, constitucional y convencional garantiza los derechos de las personas con discapacidad.
Destaca que del informe socioambiental obrante a fs. 52 surge que la presente es una situación de alto nivel de vulnerabilidad social, ya que la familia cuenta con ingresos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA