Sentencia Nº 13/07 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2007

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:13/07

IP-13.07-07.08.2007

SANTA ROSA, 7 de agosto del año dos mil siete.-

VISTOS:

Los presentes autos, caratulados: "TRIPPUTI, J.P., con el patrocinio de los Dres. E.A. y H.S., en incidente nº 99/06 (reg. C. en lo C. nº 1) s/ recurso de apelación (susp. juicio a prueba)" -exp. n.º 13/07, reg. S. B del S.T.J.-; y

CONSIDERANDO:


1.- Que a fs. 20/21vta., la Cámara en lo C.inal n.º 1 de esta ciudad resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en autos por el imputado J.P.T.. Ello en razón de que “...la falta de consentimiento del señor F. de Cámara –que el artículo 76 bis del Código Penal exige como requisito indispensable resulta un obstáculo para la concesión del instituto solicitado, que hace innecesario el análisis del resto de los argumentos de la defensa”. Sin perjuicio de ello, el rechazo obedeció también a que el a quo consideró -de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio F.- que el delito imputado al peticionante prevé una pena de prisión cuyo máximo excede los tres años y establece también la pena de inhabilitación especial, lo que impide la procedencia de la suspensión del proceso a prueba. A esos efectos, fueron citados antecedentes de este Superior Tribunal. Por otra parte, en virtud del planteo de inconstitucionalidad formulado, el Tribunal expresó que “...no se advierte ninguna afectación al principio de igualdad ante la ley, puesto que esta se aplica de la misma manera a todas las personas que se encuentran en similar situación. En cuanto a las reglas del debido proceso y el derecho de defensa en un juicio justo; extraña a este cuerpo el planteo, puesto que el juicio oral y público es precisamente la mejor forma de garantizar el 'debido proceso y el derecho de defensa en un juicio justo' que solicita el presentante”.-

Contra esa decisión, el imputado, con el patrocinio letrado de los Dres. E.L.A. y H.A.S., interpuso recurso de apelación. En primer término se agravió de la interpretación que realizó el a quo de la normativa, que rige la suspensión del proceso a prueba –art. 76 bis del C.P.-. Para ello, confeccionó una crítica pormenorizada del dictamen del F. de Cámara, en razón de que la falta del consentimiento resultó un argumento del tribunal de juicio para proceder al rechazo del beneficio peticionado. En lo que al dictamen fiscal se refiere, expresó que “...no se encuentra debidamente fundado, si por fundar entendemos la exposición de motivos o razones pormenorizadas que nos permiten conocer los argumentos por los cuales se adopta una posición entre varias posibles y agraviarnos de los mismos en ejercicio del derecho al recurso”. Agregó que el señor F. de Cámara no expuso las razones para adoptar la interpretación restrictiva de la ley y no abordó ninguna de las cuestiones planteadas por la defensa en la petición. En definitiva, consideró infundado al dictamen del Ministerio Público, y desatacó que ello era el “...único obstáculo que, de ser el mismo negativo, podría impedir razonablemente la viabilidad de la suspensión”.-

Por otra parte...

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