Sentencia Nº 129721 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:10 de Octubre de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los diez días de octubre de dos mil diecinueve, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. J.R.S. y E.D.F.M., como presidente y vocal, respectivamente, para dictar sentencia en los autos caratulados: Torres, L.B. contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso-Administrativa, expediente nº 129721, del que;

Resulta:

I.L.B.T., por derecho propio, interpone una demanda contencioso-administrativa contra el Estado provincial y solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Carrera Sanitaria, ley 1279, y, en su consecuencia, la nulidad de las disposiciones 135/17, 726/17 y 748/18, todas de la Subsecretaría de Salud.

Asimismo, solicita su recategorización respetando sus estudios de carrera de grado en Farmacia, en la categoría profesionales nº 8 de la ley 643 –no nº 9 correspondiente a la rama técnica– y se reconozca la indemnización que corresponde a los años que se ha desempeñado mal categorizada como técnica (75-98 vta.).

Luego de exponer sobre la competencia del Tribunal, el agotamiento de la vía administrativa y la oportunidad de interposición de la demanda, narra los hechos del caso.

Así, relata que el 10 de noviembre de 1986 recibió su título de farmacéutica nacional expedido por la Universidad Nacional de San Luis.

Refiere que en 2006 fue contratada por el Estado provincial para desempeñarse en la categoría 9 en el área Centro Sanitario y que el 6 de enero de 2014, mediante la disposición interna 131/13, fue designada como Jefa del Sector Farmacia, cargo en el que permaneció hasta el 17 de noviembre de 2016, que pasó a prestar servicios en el Hospital Comunitario E. (disposición 611/16). Añade que el 1 de enero de 2017 fue designada en el cargo en planta permanente.

Afirma que lo incongruente del accionar de las autoridades provinciales fue su designación como jefa del Sector de Farmacia del Centro Sanitario, siendo que para ellos la actora es técnica farmacia y no profesional.

Entiende que, luego de haber sido incorporada a la planta permanente de personal, y en respeto a su título universitario, debió haber sido reubicada en la categoría profesionales y no hacerla permanecer en una categoría inexistente, esto es, la de Técnica en Farmacia (fs. 77 vta.).

Seguidamente, dice que el “nivel de técnico en farmacia” es una creación absurda que solamente desprestigia la carrera de grado de farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, ya que la Administración provincial da mayor importancia a la duración del plan de estudios (4 años) antes que a su contenido.

Recuerda la intervención que ha tenido el Colegio de Farmacéuticos a través de una nota del 6 de junio de 2009 y detalla el nombre de personas dependientes del Estado provincial que, habiendo aprobado un plan de estudios en Farmacia de cuatro años de duración, han sido encuadradas en la categoría profesional.

Afirma que en su caso se está ante una situación de discriminación en relación con sus compañeros y compañeras de trabajo y colegas quienes realizan las mismas tareas, pero están encasillados en la categoría 8, mientras que ella lo está en la categoría 9, con la consiguiente diferencia salarial.

Con ello, expresa que se hace manifiesta la arbitrariedad en que ha incurrido la Subsecretaría de Salud al resolver su petición, vulnerando derechos de raigambre constitucional y tratados internacionales.

En capítulo aparte desarrolla los motivos de su impugnación. Por un lado, expresa que los dictámenes 10/17 y 1133/17 carecen de un estudio pormenorizado de las normas aplicables al caso.

Así, respecto del dictamen 10/17, señala que no fueron considerados los informes de la Universidad Católica de C. ni de la Universidad de San Luis ni del Colegio de Farmacéuticos de La Pampa.

En cuanto al dictamen 1133/17, refiere que solamente se ha hecho remisión al artículo 61 de la ley 1279 sin advertir que su aplicación corresponde al caso de agentes que pertenecen a la planta permanente de empleados estatales, situación en la que se encuentra desde enero de 2017, y no en la categoría de contratada.

Por otro lado, y en referencia a las disposiciones 135/17, 726/17 y 748/17 de la Subsecretaría de Salud, expresa que la autoridad administrativa se ha limitado a transcribir lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 1279, el que –según entiende– es inconstitucional por transgredir los artículos 5, 14, 14 bis, 16, 28, 121 y 126 de la Constitución nacional y 7, 24, inc. a), 27 y 47 de la Constitución provincial.

Expresa que sendos actos administrativos son nulos de nulidad absoluta por carecer de causa o motivo, por ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta, pues las autoridades administrativas no aplicaron la normativa pertinente y porque no se ajustan a la verdad material.

Añade que ninguna de las tres disposiciones impugnadas hace referencia a los hechos y derechos alegados ni a la prueba aportada.

Entiende que la “autoridad administrativa se arrogó facultades abusivas y que no le corresponden, por ser competencia del Ministerio Nacional de Educación” (fs. 83 vta.).

Expresa que es relevante el hecho que la autoridad administrativa, mediante la disposición 2/13, del 19 de enero de 2013, la designó en el cargo de jefa del Sector Farmacia del Centro Sanitario, reconociendo así el verdadero valor y jerarquía de su título universitario.

Razona que cuando el Estado necesitó de su labor y de sus estudios no dudó en dejar de lado la aplicación del artículo 10 de la ley 1279, pero cuando hizo valer sus derechos de profesional aplicó el referido artículo infundada y arbitrariamente.

Afirma que se ha desempeñado a favor del Estado como farmacéutica en el hospital E., pero que las autoridades administrativas no reconocen el salario que realmente le corresponde, y que burlan sus garantías y derechos, pues priorizan otras cuestiones sin importar la violación de sus derechos subjetivos.

Considera que se ve afectado su derecho de no discriminación e igualdad de trato (art. 16, CN), pues se hacen diferencias entre iguales.

Dice que constituye una falta grave institucional discriminar por la universidad que optó para cursar sus estudios y que es más coherente considerar las materias y contenido del plan de estudios antes que en la entidad educativa y la duración del plan de estudios.

Manifiesta que la consecuencia ha sido la de permanecer en una categoría inferior a la que por derecho le corresponde y que por ello ha percibido un salario considerablemente menor al que realmente le pertenece.

Con base en la legislación nacional, afirma que el Estado provincial, con el dictado del artículo 10 de la ley 1279 se ha entrometido en facultades delegadas a la Nación.

Añade que siendo la Nación la autoridad de aplicación en materia de educación para procurar equidad y armonía en las distintas modalidades educativas sin hacer distinción en la cantidad de años de duración de una carrera universitaria, la Provincia de La Pampa está inhabilitada para hacer la distinción que ha hecho.

Con fundamento en los artículos 5 y 121 de la Constitución nacional, dice que el Estado provincial al valorar el título universitario expedido por la Universidad Nacional de San Luis se ha excedido en la materia referida a educación, pues solamente tiene competencia para decidir y valorar en cuestiones de educación primaria y no universitaria.

En la misma línea de razonamiento expresa que el artículo 10 de la ley 1279 también está en pugna con los artículos 14 y 14 bis de la Constitución nacional, pues vulnera sus derechos que como trabajadora corresponden.

Expresa que la autoridad administrativa con su accionar viola su derecho a una retribución justa, equitativa a su labor y estudios cursados y la garantía de igual remuneración por igual tarea.

Considera que tanto el artículo 10 de la ley 1279 como los actos administrativos quebrantan los artículos 7 y 27 de la Constitución provincial.

Con cita de legislación nacional, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del precedente “Paini” –de este Superior Tribunal de Justicia– concluye que el Estado provincial ha abusado en la vigencia y aplicación del artículo 10 de la Ley de Carrera Sanitaria, quedando en una situación de discriminación frente a otros farmacéuticos.

En capítulo aparte, peticiona que se reconozca y cuantifique el daño patrimonial que el Estado...

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