Sentencia Nº 129576 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 9 de Agosto de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los nueve días de agosto de dos mil diecinueve, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. José Roberto Sappa y Eduardo D. Fernández Mendía, como presidente y vocal, respectivamente, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Morales, Lorena Paola contra Provincia de La PampaMinisterio de Seguridad– sobre Demanda Contencioso-Administrativa, expediente nº 129576, del que;

Resulta:

I. Lorena Paola Morales, por derecho propio, interpone una demanda contencioso-administrativa contra el Estado provincial y solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 68/16 ISP y 15/17 ISP, ambas del Instituto Superior de Educación Policial mediante las que se denegó la autorización a rendir en modalidad teórica la materia Educación Física y Defensa Personal, ambas correspondientes al programa del “Curso de Perfeccionamiento para Cabos Primeros Aspirantes a Sargentos año 2016”, con costas (fs. 25-38 vta.).

Previamente exponer sobre la competencia del Tribunal, el agotamiento de la vía administrativa y la oportunidad de interposición de la demanda, narra los hechos del caso.

Así, relata que como cabo primero de la Policía provincial (Legajo 49414) y participante del “Curso de Perfeccionamiento para Cabos Primeros aspirantes a Sargentos - año 2016” solicitó autorización para rendir el examen teórico de la materia Educación Física y Defensa Personal.

Expone que su pedido tenía fundamento suficiente, pues radicaba en la enfermedad crónica que padece desde 2006, lupus eritematoso sistémico, lo que le impedía realizar actividad física intensa (fs. 26 vta.).

Dice que esa petición fue denegada mediante las resoluciones que impugna.

Expresa que es procedente el ejercicio de la acción judicial, pues ha operado el silencio de la administración, y consecuentemente la negación tácita debido a la falta de resolución del recurso jerárquico, incluso luego de interpuesto el pronto despacho.

Manifiesta que dos son los antecedentes que dan base a su pretensión procesal.

Primero, la existencia de una circunstancia análoga a la actual –ascenso a cabo primero, año 2009– oportunidad en la que fue autorizada a rendir la materia Educación Física en forma teórica y por la misma causa por la que actualmente volvió a solicitar la autorización.

Afirma que en aquella oportunidad no hubo ningún impedimento de hecho ni de derecho para que de manera teórica aprobara Educación Física con el consiguiente ascenso al grado de cabo primero de la Policía provincial.

Expresa que el restante antecedente es el dictamen 442/17 de la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno que afirmó la procedencia de lo entonces peticionado.

Párrafos más adelante, expresa que los motivos dados por el rector del Instituto Superior de Educación Policial revisten el carácter de barbarismo de lesa legalidad al dejar ver qué es lo que la autoridad administrativa entiende por discrecionalidad.

Afirma que ni en la Constitución nacional ni en las leyes dictadas en su consecuencia es posible hallar reglón alguno que autorice a la autoridad a la discrecionalidad administrativa a efecto del puro imperio del antojadizo albedrío (fs. 30 vta.).

Expresa que, a pesar de lo aconsejado por la Asesoría Delegada y el reconocimiento que en ocasión del curso anterior había concedido la autorización solicitada, ahora la autoridad administrativa en mérito a su discrecionalidad y gestión negó la petición malogrando todos los derechos que impunemente frustra.

Afirma que la autorización y realización del curso de ascenso a cabo, la teoría de los actos propios, el principio de confianza legítima y el dictamen de la Asesoría Delegada de Gobierno revisten el carácter de incontestables antecedentes legales y fácticos que hacen a la procedencia en derecho de su pretensión (fs. 32).

A las razones alegadas, añade que, a muy a pesar de la enfermedad que padece, su desempeño en la función policial ha sido correcto y positivo, eficaz y eficiente, con calificaciones anuales destacadas.

También dice que, al momento de iniciar el curso de cabo primero para ascender a sargento, no solamente por ser su enfermedad pública y notoria para la Institución –ya que la padece desde 2006– sino porque al inscribirse fueron acompañadas las constancias médicas que lo testimonian, en ningún momento se objetó o impidió su participación en el curso y a los referidos fines, a tal punto que aprobó todas sus materias a excepción de las dos que no fue concedido rendir al modo solicitado.

Destaca que el rector del ISP, en el acto administrativo numerado 15/17 ISP dejó asentado que la Junta de Calificaciones la agrupaba como apta para el ascenso, condición que reúne por razones de hecho y de derecho, ya sea por haber aprobado todas las materias rendidas –a excepción de las cuestionadas–, fue autorizada anteriormente a rendir la misma materia en la modalidad teórica, porque todo ello importa la aplicación de la teoría de los actos propios y su consecuente principio de la confianza legítima (fs. 34-34 vta.).

Expresa que el dictamen jurídico 442/17 de la Asesoría Letrada Delegada es fundante de los motivos de hecho y de derecho que hacen procedente su petición.

Refiere que es un antecedente incontrovertible en favor de la pretensión procesal que en ocasión del curso para ascender a cabo de policía (año 2009) y para con el examen de la materia Educación Física se autorizó la evaluación en forma teórica.

Afirma que ese antecedente tiene significativo alcance y sentido jurídico y que es regulador y condicionante del proceder público policial, pues queda comprendida en la teoría de los actos propios (fs. 35 vta.).

Previamente explicar –con base en doctrina afín a su postura– la teoría antes referida, manifiesta que en su caso están reunidos los presupuestos para su aplicación.

Así, dice que el presupuesto de la situación jurídica existente es el curso para ascenso a cabo año 2009, la conducta del sujeto jurídicamente relevante y plenamente eficaz que suscite en la otra parte una expectativa seria de comportamiento futuro se configura con la autorización para rendir en forma teórica la materia educación física lo que permitió su ascenso, y la pretensión contradictoria con esa conducta atribuible al mismo sujeto es la negativa expresada en las resoluciones 68/16 ISP y 15/17 ISP.

Concluye que ese confiable bagaje legal y fáctico se contrapone al insolvente pretexto de los actos administrativos que impugna que recurrieron a una festinada discrecionalidad de una nueva gestión y discriminatorio al considerar que “…ya tiene su situación laboral adecuada a su patología” (fs. 37).

Finalmente, hace reserva de daños y perjuicios y del caso federal, ofrece la prueba que hace a su derecho, funda la pretensión procesal y solicita la declaración de nulidad de las resoluciones 68/16 ISP y 15/17 ISP.

II. Declarada la admisibilidad del proceso (fs. 43), la Provincia de La Pampa, representada por Fiscalía de Estado, comparece al proceso, constituye domicilio, contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas (fs. 48-51 y 53-66 vta.).

En forma liminar, expresa que su tarea de...

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