Sentencia Nº 128070 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:27 de Junio de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúne la S.C. del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dr. J.R.S. y por su Vocal, D.E.D.F.M., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "RODRIGUEZ, S.D. contra Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 128070/18, en trámite ante la S.C. del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

I.- A fs. 16/28, S.D.R., por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. J.C.R., interpuso demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Santa Rosa, persiguiendo la declaración de nulidad de las R.uciones nº 861/17 y 1414/17, dictadas por el señor Intendente Municipal, mediante las cuales se dispuso y confirmó su cesantía.

Expresó que dicho acto administrativo contiene vicios en sus elementos esenciales que vulneran su derecho a trabajar y las garantías constitucionales del debido proceso, y que los antecedentes de hecho que sustentaron la sanción fueron obtenidos ilegítimamente. Pretende su reincorporación al empleo en el municipio demandado, conjuntamente con los haberes caídos y daño moral.

Agregó que era empleado permanente de la comuna local; que el 01/8/18 su hija encontró en la vereda de su casa una cédula con una copia simple de la R.ución nº 861/17, dictada en el expediente sumarial nº 5921/16 caratulado “Secretaría de Gobierno y Seguridad s/ cartel de Prohibido estacionar en domicilio R.B.D. al 2100”.

Expresó que el sumario fue iniciado por una nota elevada al S. de Gobierno y Seguridad Municipal por parte del Subdirector de Nocturnidad, informándole que en una página de F. se publicó la fotografía de una casa con un cartel vial de prohibido estacionar con su respectivo poste señalizando la entrada vehicular. Agregó que el inspector del área que vio la publicación, para comprobar la veracidad, pasó por el frente de la vivienda y observó que coincidía con la foto.

Manifestó que a raíz de las actuaciones sumariales, se realizó una denuncia penal por los mismos hechos, motivando que la policía provincial llevara a cabo un registro domiciliario (sin orden judicial), dando origen al legajo nº 63467 caratulado “MPF c/ R.S.D. s/ Investigación Preliminar”.

Sostuvo que el cartel lo encontró en la calle y lo dejó delante de su casa para llevarlo a la policía.

Argumentó que las pruebas y los antecedentes de hecho, causa del sumario, fueron ilegítimamente incorporadas al proceso y no se encuentran acreditadas como para vencer el principio de presunción de inocencia (art. 18, CN). Expresó que la cesantía es nula de nulidad absoluta, porque las pruebas fueron incorporadas en forma ilegal al procedimiento disciplinario violando el principio de exclusión probatoria.

Dice que si bien el art. 30 de la NJF 807 regula el principio de libertad probatoria, se debe tener en cuenta que la garantía del debido proceso impone un límite, por lo que debe excluirse para su valoración cualquier elemento de prueba que se haya obtenido o incorporado al proceso en violación de alguna garantía constitucional, y ese vicio se observa en el documento electrónico fotográfico de fs. 4, el acta de constatación de fs. 7 y todas las actuaciones posteriores del sumario.

Sostuvo que el documento electrónico fotográfico impreso en soporte papel obtenido de la red social F., no contiene las formalidades requeridas para adquirir validez, no se encuentra certificado por escribano público que corrobore su veracidad y origen de procedencia, no ha sido sometido a pericia informática ni se ha preservado la cadena de custodia, lo que ratifica que su inclusión es ilegítima.

Agregó que el Acta de Constatación de fs. 7 fue labrada por una sola persona, sin testigos (arts. 131 a 132 del CPP), y que en la declaración indagatoria no le fueron descriptos los hechos y las pruebas por las que se lo indagaba.

Adicionó que tampoco se encontró debidamente acreditado que el cartel fuera propiedad del municipio de Santa Rosa.

En el apartado V-1-b, acusa falta de razonabilidad en la sanción impuesta y exceso de punición, por cuanto las normas aparentemente violadas no se relacionan con la conducta que se le imputa, considerando, asimismo, que los actos que cuestiona son nulos de nulidad absoluta, pues los argumentos están viciados de generalidad y ambigüedad eliminando el elemento esencial “motivación” (fs. 24).

Agregó que resulta desproporcionada, por cuanto los deberes que la Administración Municipal considera incumplidos pudieron ser sancionados con apercibimiento o suspensión que son menos gravosas, sin embargo, arbitraria y desproporcionadamente, le aplicaron la cesantía, la expulsión del trabajo, pudiendo haber aplicado la norma más favorable.

Respecto de la falta de motivación agregó que la justificación de la cesantía resulta genérica y una mera cita de normas, el encuadramiento legal excede lo razonable y lo proporcional, afectando la motivación del acto.

Por último, solicitó que se le abonen los salarios caídos con los adicionales dejados de percibir desde el 01/8/17 con intereses, más la reparación de las consecuencias no patrimoniales (daño moral), por los sufrimientos y angustias padecidas a causa de la arbitrariedad de la cesantía dispuesta, agravada por el hecho de haberse quedado sin trabajo y tener una familia que mantener.

Ofreció prueba, fundó su derecho, hizo reserva federal y peticionó que se haga lugar a la demanda con costas.

A fs. 44/48 denuncia como hecho nuevo el archivo de las actuaciones caratuladas “MPF c/ R.S.D. s/ Investigación Preliminar”, Legajo Nº 63467, dispuesto por la Fiscal, en atención a la falta de prueba respecto de que el cartel pertenezca a la comuna local.

II.- A fs. 55/60 vta., los D.. C.P. de la Prida y V.A.F., apoderados de la Municipalidad de Santa Rosa, contestaron la demanda interpuesta negando todos y cada unos de los agravios articulados, solicitando su rechazo, con costas.

Relataron que con fecha 24/12/16, el Subdirector de Nocturnidad le hizo saber al S. de Gobierno y Seguridad que uno de los inspectores de su área le informó que en una página de internet había una publicación en la que se mencionaba al Inspector de Tránsito, S.R..

Agregan que en dicha publicación aparecía la fotografía de una casa y en el interior de la misma, un cartel vial de prohibido estacionar con su respectivo poste señalizando la entrada vehicular de la vivienda. Con la finalidad de corroborarlo, el señor R. pasó enfrente de la vivienda y observó la situación tal como fue descripta.

Ello motivó que el 4/1/17 el Director de Asuntos Jurídicos emitiera el Dictamen 12/17 informando al S. de Gobierno las posibles medidas a tomar, conforme a lo dispuesto en el art. 2, inc. d), y arts. 10, 11 y 12 de la NJF 807, aplicable en el ámbito municipal.

Con fecha 13/1/17 el Subdirector de Control e Inspecciones de Servicios Públicos efectuó un acta de constatación que dice: “Se constata que por las dimensiones y características de la señal inspeccionada visualmente, la misma responde a las mandas de lo establecido en el Anexo L del Decreto 779/95 y podría tratarse en el presente caso de una señal vial perteneciente al municipio.”, por lo que fue realizada la denuncia penal correspondiente con fecha 27/1/17, y el 9/2/17 se dictó la Disposición 05/17 mediante la cual se ordenó el inicio de un sumario administrativo contra S.R..

Informaron que el 17/1/17 la policía provincial hizo entrega del cartel a M.F. (encargado de la División de señalización de Tránsito), quien había verificado que el cartel era del municipio; que el sumario se abrió a prueba y se tomaron las declaraciones testimoniales e indagatoria correspondientes; con fecha 17/4/17 se emitieron las conclusiones habiendo quedado acreditado que el cartel se encontraba en el domicilio del imputado, que era un bien del estado y que el actor hacía un uso indebido en su beneficio.

Sostienen que por ello se determinó que la conducta del agente R., importó un incumplimiento grave a los deberes propios de los dependientes administrativos, habiendo incurrido en inobservancia de lo establecido en el art. 38, inc. a, b, y t de la ley 643, que lo hacía pasible de una sanción.

En el apartado V analizan la normativa aplicable respecto del agravio de la vulneración del debido proceso y derecho de defensa, manifestando que el actor pudo ejercer libremente sus derechos y ofrecer prueba, pero no pudo probar la existencia de un error en la apreciación de las circunstancias fácticas.

Respecto de los vicios en la causa, forma y motivación del acto, expresan que la causa es haberse apropiado indebidamente de un bien municipal, y que ello no se acreditó con la página web de facebook, sino con la constatación que efectuó el funcionario municipal, posteriormente corroborada por la propia policía.

Dicen que es falsa la manifestación actoral de que en el acto de la indagatoria no se le describieron los hechos y pruebas, y ello surge del propio expediente sumarial.

Agregan que el acto está motivado, por cuanto luego de analizar los elementos de prueba y oír al sumariado, se consideró que la conducta del agente había sido irresponsable e incurría en una grave falta a las normas municipales, por lo que el acto administrativo es legítimo y válido.

Por último sostienen que la falta de razonabilidad manifestada por el accionante, es improcedente y debe rechazarse, citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia (Fallos: 303:1029; 304:1335; 306:1792).

Ofrecen prueba, fundan el derecho y peticionan que se rechace la demanda, con costas.

III.- A fs. 66/67 se abre la presente causa a...

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