Sentencia Nº 127980 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:27 de Junio de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 27 días de junio de dos mil diecinueve, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. J.R.S. y E.D.F.M., como presidente y vocal, respectivamente, para dictar sentencia en los autos caratulados: “V., H.G. contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso-Administrativa”, E.. nº 127980, del que;

Resulta:

I.H.G.V., por derecho propio, con el patrocinio letrado de los Dres. F.H.C. y M.Á.V., interpone demanda contencioso-administrativa contra el Estado provincial y solicita que se declare la nulidad de la disposición 104/17, dictada por la Subsecretaría de Educación, mediante la que se dispuso la aplicación de una sanción de treinta días de suspensión, y de la resolución 1479/17, que rechazó el recurso jerárquico (fs. 4-12 vta.).

Refiere que, en octubre de 2014, el Ministerio de Educación y Cultura le inició un sumario administrativo en su calidad de docente en el que se planteaba una situación de conflicto con alumnas y alumnos de la Escuela nº 102 de Puelches.

Expone que, según las constancias del expediente administrativo, el alumnado de 5.to y 6.to grado del colegio habría expresado distintos episodios de maltrato y agresión por parte de ella y un contexto de conflicto permanente entre estudiantes y docentes.

Agrega, que, en diversos documentos de las actuaciones administrativas, aparecen añadidos, tachaduras y enmiendas que refieren amenazas de parte del alumnado hacia ella, circunstancia que resultaba contradictoria, pues la relación entre ambos era afectuosa.

Seguidamente, detalla el contenido del expediente administrativo.

Así, dice que se le atribuye maltrato verbal y psicológico hacia estudiantes de 5.to y 6.to grado durante el ciclo lectivo 2014, en el marco de la ley 1124, Estatuto del Trabajador de la Educación.

Párrafos más adelante, reitera los agravios planteados en el recurso jerárquico presentado en sede administrativa.

Al respecto, dice que la disposición 104/17 es inconstitucional y arbitraria porque, al fundarse en la infracción de las leyes 1124 y 2511, transgrede el principio de reserva legal.

En este sentido, expone que las referidas leyes carecen de sustento fáctico que tipifique una conducta susceptible de sanción disciplinaria porque regulan obligaciones y no faltas.

Asevera que incumplir una obligación no significa, necesariamente, cometer una falta disciplinaria, dado que ello derivaría en la formulación de un tipo de falta tácito y abierto, violatorio del principio de legalidad.

También alega que se ha incumplido con las reglas del debido proceso que protege la igualdad de las partes y permite producir y controlar las pruebas del procedimiento.

En este sentido, señala que hasta el momento en que se le tomó indagatoria –9 de mayo de 2016– no tuvo ninguna intervención en el procedimiento.

Asimismo, afirma que se ha violado el principio de prevención especial, contenido en el artículo 18 de la Constitución nacional, que prohíbe la aplicación de una sanción, cualquiera sea su gravedad, cuando el fin es exclusivamente castigar a una persona.

Así, razona que la sanción es inaplicable ya que no se la podría suspender para dejar de hacer algo que ya no hace –dar clases– dada su condición de jubilada.

Agrega que insistir en la aplicación de una pena que ha devenido abstracta para que solamente conste en su legajo personal revela la intencionalidad de producir un daño.

En capítulo aparte, sostiene que la sanción impugnada es arbitraria porque no se hizo referencia alguna a las pruebas de descargo en su favor, ni se ha dado explicación de por qué fueron descartadas.

Respecto de la resolución 1479/17, que rechazó el recurso jerárquico, afirma que carece de fundamentación, pues contiene afirmaciones meramente dogmáticas y formales.

En el capítulo referido al daño resarcible, asevera que, como consecuencia de los hechos descriptos, ha visto afectados sus derechos laborales y previsionales, pues se aplicó una medida disciplinaria de gravedad que, en caso de que deba prestar nuevos servicios en el sistema educativo, se convertiría en un obstáculo insalvable.

Concluye que esta situación es generadora de daño moral considerable, pues se siente castigada por una situación injusta, falsa y maliciosa que afecta su reputación como persona y como docente.

Finalmente, funda en derecho su pretensión, ofrece la prueba y solicita que se haga lugar a la demanda y se revoque la disposición 104/17 y la resolución 1419/17 y que se ordene reparar en forma integral el daño causado, con costas a la demandada.

II. Declarada la admisibilidad del proceso (fs. 18), la Provincia de La Pampa, representada por Fiscalía de Estado, comparece al proceso, constituye domicilio, contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas (fs. 27-33 vta. y 37-52).

De modo preliminar, alega que, conforme surge del escrito de demanda, la actora ha delimitado su pretensión a la impugnación de la resolución 1479/17 del Ministerio de Educación que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la disposición 104/17 de la Subsecretaría de Educación, pero que ha omitido cuestionar, concreta y expresamente, el acto administrativo base, esto es, la disposición 104/17, que dispuso la sanción de suspensión por 30 días.

Para ello, sostiene que la actora ha encaminado su reproche respecto del acto administrativo que agota la vía, pero que no lo hizo respecto de aquellos actos que causan estado y que, consecuentemente, se encuentran firmes y consentidos.

Como derivación de los principios de congruencia y debido proceso, entiende que este Superior Tribunal de Justicia está inhibido de ingresar en su tratamiento y decisión.

En capítulo aparte, y por imperativo procesal, niega los hechos expuestos por la parte actora y defiende la legitimidad tanto de la disposición 104/17 como de la resolución 1479/17.

Para ello, indica que las actuaciones administrativas fueron iniciadas a partir de una nota e informes remitidos por el Centro de Apoyo Escolar (CAE) a la Directora General de Educación Inicial y P., E.A..

Reseña que las actuaciones iniciadas por el CAE daban cuenta de presuntas situaciones de maltrato verbal y psicológico –gritos, insultos, comentarios impropios, infundir miedo– de H.G.V. hacia el alumnado de 5.to y 6.to grado de la Escuela nº 102 de Puelches durante el ciclo lectivo 2014 y por supuesta falta de colaboración con sus pares, circunstancia que imposibilitaba el diálogo, la interacción e integración en sus prácticas docentes durante el ciclo lectivo.

Dice que, ante las situaciones de maltrato, insultos, empujones, tomó intervención el CAE sin el éxito deseado, pues la actora negó los hechos que se le atribuían.

Narra que las declaraciones contestes de las profesionales del CAE describieron la conducta violenta de la actora, prueba que permitió esclarecer los hechos y el contexto en el que fueron realizados.

Afirma que el proceder de la actora afectó el aprendizaje del alumnado, porque resolver los conflictos por medio de la violencia es un mal ejemplo que se contrapone a la educación de valores de buena convivencia, espíritu de participación, colaboración, empatía, confianza y respeto.

Relata que quedó acreditado que la actora pudo ejercer su derecho de defensa en el expediente administrativo.

Refiere que, una vez cumplida la investigación ordenada por el Ministerio de Cultura y Educación, el Tribunal de...

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