Sentecia definitiva Nº 127 de Secretaría Penal STJ N2, 29-08-2014

Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2014
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
EXTRACTO GRATUITO
PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26919/14 STJ
SENTENCIA Nº: 127
PROCESADOS: I.C.C.-.S.C.A.
DELITO: ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO EN CONCURSO REAL CON ESTAFAS REITERADAS EN CONCURSO REAL
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 29/08/14
FIRMANTES: ZARATIEGUI EN DISIDENCIA PARCIAL (NO FIRMA POR LICENCIA) - MANSILLA EN DISIDENCIA PARCIAL - APCARIAN - PICCININI - BAROTTO
///MA, 29 de agosto de 2014.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “SANSUERRO, C.A.; ITURBURU, C.C.s.ón fraudulenta reiterada -15 hechos- (Hecho I) concurso real con estafas reiteradas -101 hechos- (Hecho II) s/Casación” (Expte.Nº 26919/14 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
La señora J.a doctora A.C.Z. dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

Mediante Sentencia Nº 57, del 2 de diciembre de 2013, la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca resolvió
–en lo pertinente- condenar a C.A.S. y C.C.I., como co-autores de los delitos de administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado en concurso real con estafas reiteradas (cien hechos), todas en concurso real, a la pena de nueve años de prisión y $ 80000 de multa en los términos del art. 22 bis del Código Penal (arts. 45, 173 inc. 7º, 55 y 175 C.P.). Asimismo, le impuso al segundo de los nombrados, en carácter de pena única, la de nueve años y cuatro meses de prisión y la multa mencionada, comprensiva de la pena que registra en la causa Nº 1780 del Juzgado de Ejecución de Bahía Blanca y la discernida en estos expedientes.

Contra lo decidido, tanto la defensa pública de C.A.S. como la defensa particular de C.C.I. dedujeron sendos recursos de casación, que
///2.- fueron concedidos por el a quo.

2.- Argumentos del recurso a favor de C.S.:
En relación con el primer hecho –el denominado “Plan veinte viviendas”-, la defensa del mencionado sostiene que el fallo tiene una fundamentación aparente que se aleja de la sana crítica racional que debe motivar una condena, toda vez que –atento al perjuicio determinado por haberse priorizado a terceras personas en desmedro de los trabajadores del sector vial para la preadjudicación de viviendas- omite dar tratamiento a una serie de normas que le permitían inscribirlas en caso de no completarse el cupo inicial, siendo esto lo que ocurrió.

Considera no acreditados los mejores derechos de quienes son sindicados como damnificados y que, asimismo, no se atiende a la versión de descargo de su pupilo en cuanto explica por qué estos no fueron inscriptos. Al respecto, alega que se los tiene como víctimas solo por sus dichos, aun cuando varios de ellos –Eden Giuliani, G.D.M., M.V. y J.V.- solo declararon en sede instructoria ante la Fiscalía, sin control de su parte, lo que fue planteado en la audiencia de debate. Explica que ello violenta el derecho de defensa, conforme surge del fallo “B.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Añade que se analiza de modo parcial el testimonio de A.F.G., quien asumió su exclusiva responsabilidad en el armado de las carpetas del plan de viviendas mencionado.

Igual crítica efectúa en relación con el testimonio de
///3.- S.B., pues se soslayan sus dichos referidos al mencionado G. y también respecto de Ortega, que desincrimina a su pupilo.

Por último, alega que la sentencia valora como elemento de cargo lo manifestado por el testigo H.R.M., seleccionando de modo arbitrario lo declarado en sede instructoria en desmedro de sus dichos en el debate. Cita doctrina legal y señala que tampoco pudo controlar esta prueba.

Tampoco considera acreditado un “plan común”, ya que la finalidad propuesta al momento de donar el terreno se cumplió con los agentes viales que a la época del hecho reunían los requisitos para inscribirse.

Respecto del segundo hecho –“Plan 167 viviendas”-, alude a que el fallo carece de una adecuada fundamentación en cuanto a la sobreventa del mismo terreno a varias personas. Sostiene que, de acuerdo con el razonamiento del juzgador, si cada preadjudicatario hubiese obtenido su vivienda, no habría delito alguno; en consecuencia –puesto que el terreno en cuestión existía, el plan de viviendas efectivamente se efectuó y las casas se construyeron-, “no se vendieron ilusiones como se afirma en la sentencia sino que por el contrario y como fuera referido hasta allí nada resultó una falacia”. Le resulta incongruente la conclusión del juzgador cuando determina la existencia de cien damnificados, mientras que los terrenos a adjudicar eran ciento sesenta y siete (167), por lo que sumaban un número menor que los terrenos a entregar.

A. que su pupilo fue condenado por una sobreventa
///4.- de la que no fue intimado y considera que –a todo evento- para lograr la certeza requerida para una condena habría correspondido proceder como lo solicitó la Fiscalía, esto es, aguardar que los autos 31789 del Juzgado de Instrucción Nº VIII llegaran a la etapa de plenario y realizar un único debate para ambas causas.

Asimismo, en cuanto a la existencia de un plan común, sostiene que la resolución atacada tiene por acreditada una coautoría funcional sobre la base de una creación dogmática y sustentada en indicios anfibológicos, sin prueba objetiva que permita arribar a tal conclusión.

En este sentido, argumenta que el juzgador valora en contra de su pupilo la existencia de convenios suscriptos por los damnificados, pero que no fueron firmados por él, lo que fue demostrado objetivamente mediante los peritajes caligráficos oficiales efectuados, los que –en oposición a lo dicho por el a quo- no pueden serle reprochados puesto que la coautoría no se encuentra debidamente probada.

Por último, en relación con la pena impuesta, expresa que esta carece de fundamentación, pues no se meritúa la totalidad de las pautas atenuantes –concretamente, la carencia de antecedentes penales y el hecho de que trabajó toda la vida ocupando funciones en pos del bienestar so-cial- y no se ha acreditado que S. haya mejorado su calidad de vida. Plantea además que a ambos imputados se les impone la misma pena pese a que el que registra antecedentes es I., y cita doctrina legal.

A. también que constituye un error de interpretación del art. 41 del Código Penal considerar como
///5.- agravante de pena la ausencia de arrepentimiento, lo que atenta contra el derecho de defensa, y estima que se han excedido los límites que imponen los principios de culpabilidad de acto y lesividad objetiva, por lo que se trata de una pena cruel y degradante que excede con creces los mínimos legales, aun efectuando una composición aritmética atento al concurso real de delitos.

Respecto de la pena accesoria del art. 12 del código sustantivo, alega que el fallo cuestionado realiza una aplicación automática de la norma, sin fundamentar su necesidad.

Finaliza sus agravios con algunas consideraciones acerca de la obligatoriedad de analizar el material grabado del juicio, principalmente en orden a los testimonios utilizados como prueba de cargo, y solicita al Superior Tribunal de Justicia que declare admisible el recurso y resuelva casando la sentencia por resultar violatoria de lla ley (arts. 429 incs. 1º y 2 C.P.P., 22 C.Prov. y 18 C.Nac.).

3.- Agravios del recurso a favor de C.I.:

Su defensora alega que la sentencia incurre en una arbitrariedad manifiesta, toda vez que da por probados diversos “extremos” de modo indebido. Luego de algunas argumentaciones genéricas, señala que explicará los motivos y fundamentos por separado.

Aclaro de modo previo que los agravios aparecerán reseñados tal como están presentados en el recurso, aunque no se advierta un orden lógico en ellos que permita distinguir entre cuestiones de previo pronunciamiento,
///6.- referidas a nulidades procesales, de hecho y prueba, procesales o de derecho sustancial.

Así, solicita que “se revoque por contrario imperio” la condena a su pupilo por los hechos que le fueron reprochados y, subsidiariamente, que se modifique la calificación jurídica, a cuyo respecto debe considerarse
–respecto del primer hecho- que no existe elemento alguno que haya acreditado una participación activa o pasiva, por lo que debe ser absuelto, y -en relación con el segundo hecho- que se trata de un delito continuado y no en concurso real, por lo que pide que la pena impuesta sea menor.

También solicita que se traten y resuelvan las reservas de casación planteadas durante el proceso, en lo referente a i) rechazo de los testigos propuestos por su parte, ii) incorporación de documental original, y iii) falta de legitimación de la querella del sindicato.

Entiende que a partir de la prueba obrante en autos no se pudo demostrar la participación de su asistido en la gestión, mucho menos en la administración, ya que el sentenciante hace una evaluación parcializada de aquella. Al respecto, la letrada hace un mérito de los elementos probatorios en sentido favorable a su postura.

Luego se ocupa de la calificación jurídica de los hechos y alega que no se encuentran reunidos los elementos que conforman el tipo penal del art. 173 inc. 7º del código de fondo, puesto que en el caso examinado no está...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA