Sentencia Nº 126404 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:22 de Marzo de 2018
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintidos días de octubre de dos mil dieciocho, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. J.R.S. y E.D.F.M., como presidente y vocal, respectivamente, para dictar sentencia en los autos caratulados: “T., C.M. contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expte. nº 126404, del que;

Resulta:

I) C.M.T., por apoderados, interpone demanda contencioso-administrativa contra el Estado provincial y solicita que se declare la nulidad de la resolución 167/17, dictada por el Ministerio de Educación de la Provincia, mediante la que dispuso la aplicación de una sanción de treinta días de suspensión, y del decreto 3353/17 que rechazó el recurso de reconsideración (fs. 13-23 vta.).

Refiere que, mediante la resolución 167/17, el Ministerio de Educación y Cultura aprobó todo lo actuado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el sumario “Expte. 137/16 FIA” y dio intervención a la Subsecretaría de Educación para que aplique a la docente la sanción de treinta días de suspensión.

Expone que se le imputaba haber fraguado una enfermedad para conseguir una licencia y, de esa manera, poder viajar y seguir cobrando el sueldo.

Explica que no ha existido ardid o engaño, ya que la Administración no ha atacado ni tachado de falsos los certificados médicos, que no ha negado ni descalificado la enfermedad ni los consejos o terapias médicas.

Asimismo, afirma que usufrutuó una licencia médica que había sido otorgada en forma regular mediante un acto administrativo válido y vigente, no cuestionado ni nulificado por la Administración.

Precisa que, si bien la resolución 167/17 le atribuyó la infracción del artículo 132 de la ley 643, luego, en la parte resolutiva no aparece la referencia a ese artículo.

Asevera que esa “falta” se debió a que el artículo 132 no es aplicable al trabajador de la educación, conforme lo establecen los artículos 1, 2 y 3 de la ley 1124.

Expresa que, si aún resultara aplicable el referido artículo 132 de la ley 643, la única falta que podría haber cometido habría sido la de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización (y no la de realizar el viaje), esto es, una falta absolutamente formal.

Asevera que no tiene la misma entidad haber fraguado una enfermedad –ardid– para que se otorgue una licencia, que haber omitido pedir autorización para ausentarse de su domicilio.

Entiende que el error en que incurrió la Administración quedó acreditado con la recomendación que hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al Servicio Médico Oficial respecto del estricto cumplimiento del decreto 1154/82.

Concluye que el Ministerio de Educación rechazó el recurso de reconsideración mediante la resolución 0741/17 sin dar respuesta a los fundamentos expresados.

Respecto del decreto 3353/17, que desestimó el recurso jerárquico, entiende que la Administración, al tomar conocimiento que la señora T. estaba de viaje, “pensaron que su enfermedad psiquiátrica no era real, y en lugar de investigar justamente su estado de salud, dieron por supuesta la mendacidad por ello la recomendación al Servicio Médico Oficial, las menciones de las cuestiones morales, y en definitiva el cambio de la imputación, a medida que tramitaba el correspondiente expte., y en lugar de enmendar siguieron –obstinadamente– en su posición” (sic) (fs. 17, última parte).

En capítulo aparte, cuatro son los agravios que desarrolla. --- En primer término, se agravia de la falta de acreditación del medio artificioso para producir un engaño a la Administración Pública Provincial.

Al respecto, expresa que en los fundamentos de la resolución 741/17, la Administración, por vía de silencio, admitió que no había existido la orquestación de un medio artificioso para producir engaño, cambiando el eje de la imputación a la supuesta inobservancia del artículo 132 de la ley 643 en virtud de un cuestionable reenvío de la ley 1124.

Como segundo agravio, refiere que no hubo perjuicio al Estado provincial que abonó los haberes en forma habitual.

Para ello, dice que si la Administración, en un inexplicable giro en los fundamentos del decreto 3353/17, debió aclarar que “nunca cuestionó (…) la legitimidad de la licencia por enfermedad”, significa que la licencia fue legítima y, consecuentemente, que no hubo perjuicio al Estado provincial.

Como tercer agravio, refiere el cambio en la imputación “un accionar destinado a efectuar ese viaje”.

Expresa que la imputación que la Administración hizo no era ni el medio artificioso ni el engaño ni el perjuicio al Estado, sino el viaje al exterior sin avisar al Servicio Médico Oficial, estando enferma.

Argumenta que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas supuso que la enfermedad no era cierta y que, consecuentemente, el certificado médico era mendaz.

Añade que después de que la Administración se percató que la enfermedad había sido real y la licencia legítima, fue el viaje aquello que terminó siendo jurídica y moralmente reprochable.

Sostiene que la falta de autorización no fue el hecho principal en la imputación de la Administración, sino que formaba parte del medio artificioso para conseguir un fin. Pero que terminó siendo una irregularidad autónoma.

Como cuarto agravio, entiende que la falta de mención del artículo 132 de la ley 643 en la parte resolutiva de la resolución 0167/17 era prueba contundente del impedimento de transpolar derechos y obligaciones de un régimen a otro.

Agrega que en la resolución 741/17, la Administración aclara que la falta atribuible está prevista en el artículo 132 de la ley 643, aplicable por el reenvío que prevé el artículo 237 de la ley 1124.

Expresa que el cambio de la normativa que se le aplicó produjo una situación de indefensión.

Añade que la falta de aviso al Servicio Médico Oficial (art. 132, ley 643) era parte del medio artificioso, pero que nunca fue imputado como una falta autónoma, que, además, nada tiene que ver con la conducta descripta en el artículo 5 de la ley 1124.

Bajo el subtítulo “La procedencia de la aplicación supletoria de la ley 643”, dice que no sabía que debía informar que se iba a ausentar de su domicilio, obligación que no era exigible porque no estaba dentro del marco normativo aplicable.

Más adelante, considera que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley 1124 la obligación que sí estableció en la ley 643.

Así, concluye que el régimen de licencias, sus requisitos y causales están reguladas en la ley 1124, por lo cual no existe vacío legal, ni tampoco hay necesidad alguna de extrapolar dicha normativa.

Entiende que la sanción impuesta por aplicación de la ley 643 es inadecuada y que, si aún debiera aplicarse subsidiariamente, correspondía la sanción de apercibimiento y no la gravísima de 30 días de suspensión.

En último lugar, y a...

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