Sentencia Nº 1255/12 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2013

Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2013
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 05 días de abril de dos mil trece, se reúne la S.A. del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidenta, Dra. E.V.F., y por su vocal, D.E.D.F.M., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “B. de G., M.E. contra Empresa El Valle y otros sobre Daños y Perjuicios”, expte. nro. 1255/12, registro Superior Tribunal de Justicia, S.A., del que

RESULTA


I. Que a fs. 398/405 los Dres. G.C.M., y J.G.S., por sus propios derechos, interponen recurso extraordinario en los términos del artículo 261, incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Comercial contra la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de fecha 15 de febrero de 2012


Al desarrollar los antecedentes esenciales de la causa, relatan que sus representadas –Vía Bariloche SRL, titular de la empresa que gira bajo el nombre de fantasía El Valle, y Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajero– fueron demandadas por la señora M.E.B. de G. por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 8 de junio de 2003, reclamando la cantidad de ciento dos mil ochocientos pesos ($ 102.800,00) con más sus intereses, gastos y costas
Precisan que en el capítulo V del escrito de contestación de la demanda advertían que la parte actora había “...solicitado la reparación de numerosos ítems, sobreponiendo el mismo reclamo bajo la apariencia de rubros diferentes (...) pidiendo sumas totalmente exageradas” (fs. 398 vta)


Agregan que ante esa circunstancia, solicitaron al juez a quo que impusiera a la actora las costas por aquellos rubros que no prosperaran como así también sobre la diferencia entre los importes reclamados y los que fueran condenados a abonar.


Exponen que la sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a sus representadas a abonar la suma de trece mil setecientos pesos ($ 13.700,00).


Dicen que pese al resultado del pleito, las costas fueron impuestas en su totalidad a las demandadas, apartándose de lo dispuesto por el artículo 65 del Código Procesal Civil y Comercial y que sólo se regularon sus honorarios profesionales sobre el importe por el que prosperó el reclamo.


Relatan que contra aquella sentencia dedujeron recurso de apelación requiriendo la adecuación de la condena en costas al resultado de la sentencia y la regulación de sus honorarios profesionales sobre los rubros rechazados.


Refieren que la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia respecto del importe de la condena, modificó la regulación de los honorarios de todos los profesionales, mantuvo la imposición de costas y rechazó el agravio de los recurrentes de que se apliquen a la actora las costas sobre los rubros rechazados y que se regulen honorarios sobre esos rubros.--


Aseveran que la decisión del Tribunal a quo incurre en una absurda valoración del resultado del proceso, pues –según su criterio– al modificar la regulación de los honorarios de primera instancia se premió a los letrados de la parte actora con un 23% sobre el monto de la condena pese a que sólo habían logrado vencer en un 13,3% y se castigó a los recurrentes al regularles honorarios en un 18% a pesar de que habían logrado el rechazo del 86,7% de la pretensión, rechazándoseles, además, la regulación de sus honorarios sobre el importe desestimado.
En el capítulo VI desarrollan los argumentos demostrativos de los errores que atribuyen a la sentencia que impugnan. Así, expresan que al rechazar el pedido de imposición de costas a la actora sobre los rubros rechazados, la Cámara vierte conceptos que ponen al desnudo la absurda, arbitraria y errónea interpretación del artículo 65 del código procesal.
Más adelante, expresan que la sentencia que impugnan (i) aplicó erróneamente o violó la ley –arts. 62 y 65 del CPCC–, (ii) no cumplió con las exigencias del artículo 35, inciso 5° del código adjetivo y (iii) ha controvertido la validez de la ley procesal y la doctrina judicial del Superior Tribunal de Justicia.


Seguidamente, alegan que ha existido una errónea aplicación de los artículos 62 y 65 del Código Procesal Civil y Comercial, pues en base a una interpretación libre de esos artículos no se ha respetado el espíritu de la Ley nro. 1828 al legislar sobre el régimen de las costas procesales.


Agregan que la interpretación del Tribunal a quo contradice tanto la ley como la doctrina judicial del Superior Tribunal de Justicia en las causas “V.” y “M. de A.” tanto en la forma de determinación de las costas como en la regulación de honorarios.


Explican que la actora reclamó la suma de $ 102.800,00 y que la demanda prosperó por la cantidad de $ 13.700,00; agregan que ello significa que la pretensión fue admitida en el 13,3% de lo reclamado, por debajo del 50% que establece el artículo 65 del código adjetivo.


Entienden que por aplicación del citado artículo y de la doctrina judicial referida, la actora debía ser condenada en costas por el monto rechazado, esto es, $ 89.100, lo que representaba el 86,7%.


Más adelante, razonan que la decisión de la Cámara de Apelaciones se contradice con sus propios precedentes, viola la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia dada la desatención de las normas jurídicas y del apartamiento del criterio jurisprudencial sentado en las causas “V.” y “M. de A..


En el capítulo VIII, argumentan que la decisión del Tribunal a quo ha lesionado los derechos de los recurrentes al privarlos de la regulación arancelaria sobre los montos rechazados de la demanda.


Afirman que la regulación de sus honorarios sólo sobre la parte en que prosperó la pretensión, los pone en contraposición con sus representadas, pues es evidente que si el reclamo hubiera prosperado por mayor importe hubiesen logrado mejor remuneración, generando un contrasentido que la Justicia no puede tolerar.


Finalmente, mantienen la reserva del caso...

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