Sentencia Nº 1227 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 29-11-2021

Número de sentencia1227
Fecha29 Noviembre 2021
MateriaROJANO MAXIMILIANO JESUS S/ USURPACION

SENT Nº 1227 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán

Y VISTO:
Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran la señora V. doctora C.B.S. y los señores Vocales doctores D.O.P. y D.L., presidida por su titular doctor D.L. con el objeto de emitir sentencia en el presente legajo "R.M.J. s/ Usurpación", en el marco de las impugnaciones extraordinarias interpuestas por la defensa técnica del imputado M.J.R. y por el Fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, contra la sentencia de fecha 03 de agosto de 2021 del Tribunal de Impugnación de los Centros Judiciales Concepción y M., que, en lo pertinente, resolvió: “I.- DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE, por las razones consideradas, el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de fecha 17/05/2.021 de S.S. Dr. A.G.J....

II.- DECLARAR PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la Querella de autos, y en consecuencia REVOCAR el punto I y II de la sentencia de fecha 17/05/2021, de S.S. Dr. A.G.J.…

III.- DECLARAR LA NULIDAD del requerimiento fiscal de sobreseimiento y de todos aquellos actos que sean su consecuencia conforme se considera...”. La defensa invoca como motivo de impugnación que el criterio del TI expresado en la sentencia resulta contrario a doctrina anterior de esta Corte (art. 318 inc. 3 NCPPT). El Fiscal, por su parte, sostiene que la sentencia del TI refiere a un caso taxativamente enumerado en el art. 318 inc. 1° de la ley procesal. Ambas impugnaciones fueron declaradas formalmente admisibles por el TI mediante sendos autos emitidos en los legajos correspondientes en fecha 12 de agosto de 2021. En fecha 19/10/2021 se llevó a cabo la audiencia de impugnación extraordinaria por ante esta Corte, de la cual participaron el Dr. J.E. por la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Propiedad, el querellante Sr. D.C. patrocinado por el Dr. M.A.R., las víctimas C.R.P. y J.A.R., y el imputado E.J.R. asistido por su defensor Dr. R.T.M.. En esa audiencia se dispuso, en primer lugar y con la expresa conformidad de todas las partes, unificar el tratamiento y resolución de ambas impugnaciones. Finalmente, concluida la discusión de las partes, esta Corte comunicó que emitiría sentencia dentro del plazo de ley. ANTECEDENTES: 1. Sentencia del TI: Como ya se expresó, el TI resolvió, en lo pertinente a este recurso: a) declarar admisible el recurso de apelación de la querella, b) hizo lugar a dicho recurso y revocó la sentencia de sobreseimiento pronunciada por el J.G.J.A., c) declaró la nulidad del requerimiento fiscal de sobreseimiento y de todos los actos que fueran su consecuencia, y d) dispuso el reenvío del legajo a la OGA a efectos de que oportunamente se designe a otro juez para que intervenga en el caso. El TI fundamentó dicho fallo de la siguiente manera: 1.1) Respecto de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la querella contra el sobreseimiento del imputado R., el TI rechazó las postulaciones del Ministerio P.F. y de la defensa, que invocaron la falta de poder suficiente del abogado patrocinante del querellante para interponer la apelación sin la firma de su patrocinado. El TI consideró al respecto que en la audiencia la querella esgrimió motivos fundados sobre las condiciones de presentación del recurso, explicando que en virtud de la situación de pandemia por Covid 19 y residiendo su cliente fuera de la provincia, es que el planteo fue presentado sólo con la firma del abogado patrocinante. El Tribunal agregó que esa falencia se encontraría además zanjada toda vez que en la audiencia ante el TI, concedida la palabra al querellante D.C., este dijo expresamente que ratificaba todos los dichos y actos de su abogado patrocinante. Por ello el TI consideró que, “…teniendo en cuenta una interpretación progresiva de los derechos que le asisten a las víctimas (artículos Art.8 y 11, tercer párrafo, del NCPPT), y la aplicación supletoria del Art. 62 del C.P.C.yC.T. (Gestor en casos de urgencia) invocada por el letrado defensor en audiencia y autorizada por la remisión del art. 18 del CPPT, es que a criterio de este magistrado el recurso cumple con las condiciones de modo y lugar, ya que fue presentado por escrito, por ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, y ratificado por el querellante”. 1.2) Y en relación al fondo de la cuestión llevada en apelación, esto es la posibilidad o no del fiscal de requerir el sobreseimiento existiendo previamente un requerimiento de elevación a juicio firme emitido con el sistema procesal anterior, el TI receptó favorablemente los agravios de la querella que negaba dicha posibilidad. El TI sostuvo que frente a un caso cuya investigación hubiera concluido bajo una determinada normativa procesal y se hubiera concretado un requerimiento acusatorio, no es dado retrotraer el procedimiento a la etapa anterior toda vez que se encuentra precluída, y que entonces, tal como establece el art. 136 CPPT Ley Nº 8.933, son inadmisibles los actos de parte que intente actuar sin tener facultad o ésta se hubiere extinguido o agotado por caducidad o preclusión. Y que el déficit que pudiera existir entre un requerimiento de elevación a juicio del CPPT (Ley Nº 6.203) y un requerimiento de apertura a juicio del NCPPT (Ley Nº 8.933), a saber fijar la pretensión punitiva del MPF y realizar el ofrecimiento de pruebas a juicio, no habilita nuevamente una etapa ya culminada, debiendo adecuarse el requerimiento existente, previo a la audiencia del art. 261 CPPT Ley Nº 8.933 (audiencia de control de acusación), conforme lo establece el art. 138 NCPPT: “Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido; a petición del interesado o cuando sean advertidos”. Y respecto de si puede el actual fiscal desconocer o retrotraer lo actuado por el Fiscal anterior, el TI contestó que no, por dos motivos: por un lado por el principio lógico de no contradicción, según el cual "una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido"; y por otro lado, el antiguo requerimiento fiscal había quedado firme surtiendo los efectos conclusivos de la mencionada etapa. Que por ello, otorgar una respuesta afirmativa al interrogante en análisis permitiendo al nuevo acusador sostener una acción diametralmente opuesta a la del antiguo fiscal -representantes ambos de una misma parte- implica sostener que la etapa preliminar se cerró por dos actos igualmente válidos, conclusivos y contradictorios. Que además la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, dispone en su artículo 92 que el MPF es único y es representado por cada uno de sus integrantes, por lo que para el TI no resulta aceptable que la Fiscalía primero solicite la elevación de la causa a juicio por considerar que existen elementos para ello, y luego “reconsidere” y llegue a una conclusión totalmente opuesta. El TI consideró por ello que el requerimiento fiscal de sobreseimiento instado en esta causa era un acto ilegítimo e ilegal por ser violatorio de derechos y garantías convencionales y constitucionales, y provocó una alteración en la estructura del procedimiento al pretender retrotraerlo a una etapa precluída conforme la Ley Nº 6.203 (antiguo código), además de ser contradictorio. Que el vicio señalado conllevaba, como única solución posible, a la declaración de nulidad absoluta del requerimiento fiscal de sobreseimiento y de los actos que sean su consecuencia. 2. Impugnación Extraordinaria de la defensa: Luego de exponer los antecedentes del caso y justificar la satisfacción de las exigencias de admisibilidad, el recurrente cuestiona la sentencia del TI fijando la impugnación en los términos del art. 318 inc. 3 NCCPT, esto es contradicción del fallo con doctrina anterior de la Corte. 2.1. En primer lugar se agravia contra la sentencia del TI en cuanto consideró admisible el recurso de apelación de la querella contra el sobreseimiento de su pupilo. Así la defensa invoca que esa decisión violenta la disposición del art. 136 inc. 2° procesal que establece: "Inadmisibilidad. La inadmisibilidad de los actos de parte será declarada:...2) Cuando se intentase actuar sin tener facultad...". Que en tal sentido, como su parte lo sostuvo al analizar las condiciones de la admisibilidad subjetiva del recurso de apelación, el escrito de interposición solamente fue firmado por el letrado patrocinante del querellante, Dr. M.A.R., sin contar con poder especial ni acta otorgada ante la Fiscalía, por lo que carecía de legitimidad procesal y de facultad para efectuar dicho planteo. El defensor cuestiona las consideraciones efectuadas por el TI para sanear tal falencia (referidas a que la querella esgrimió motivos fundados sobre las condiciones de presentación del recurso con la sola firma el patrocinante por la situación de pandemia por Covid 19 y residencia de su cliente fuera de la provincia; y que además dicha falencia se encontraría zanjada toda vez que en la audiencia, concedida la palabra al querellante, Sr. C., este dijo expresamente que ratificaba todos los dichos y actos del Dr. R., con lo cual, bajo una interpretación progresiva de los derechos que le asisten a las víctimas (artículos 8 y 11 -tercer párrafo- del NCPPT) y la aplicación supletoria del Art.62 del CPCyCT (Gestor en casos de urgencia) invocada por el apelante en la audiencia, el TI consideró que el recurso cumplía con las condiciones de modo y lugar de interposición. El defensor plantea que ese criterio del TI contraviene el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia respecto de la necesidad de la firma del querellante en el escrito de interposición del recurso, ya que en causa “SEGOVIA MARTIN DOMINGO S/ LESIONES CULPOSAS”, sentencia N° 162 de fecha 13/03/2006, había sostenido que: "La firma de la parte...

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