Sentencia Nº 122 de Secretaría Civil STJ N1, 03-10-2019

 
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VIEDMA, 3 de octubre de 2019.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "MARINAO, CLAUDIA ANDREA C/GALINDO, NORA ALBINA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) S/CASACION? (Expte. Nº 30446/19-STJ-), puestas a despacho para resolver; y
CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Interlocutoria Nº 103 de fecha 14 de agosto de 2019 glosada a fs. 518/520, declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora, contra la sentencia dictada por el Tribunal "a quo" a fs. 473/478 y vta.
En lo que aquí importa, el pronunciamiento en crisis resolvió: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 428, con costas atento el principio general de la derrota (art. 68 CPCyC), confirmando, en consecuencia, la sentencia de fecha 30-05-2017 (fs. 418/423) que rechazó la demanda por daños y perjuicios.
A fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, la parte casacionista manifiesta que la sentencia impugnada ha incurrido en violación normativa e inaplicabilidad del Código de Faltas Municipal (Ordenanza 5887/06), del Código Urbano y de Edificación de Viedma (Ordenanza 1465/83, art. 86), de los principios de Derecho Público Constitucional (arts. 16, 17, 18, 19 y 28 de la CN); de los arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 5º y 164 del CPCyC así como también de los postulados de la Doctrina Legal de este Superior Tribunal en el precedente "VIVANCO" relativos a la responsabilidad del Estado por falta de servicio.
Sostiene que la sentencia de Cámara carece de fundamentación legal y que las expresiones referidas al desistimiento de la acción contra quienes encomendaron la demolición resultan irrelevantes a los fines de dilucidar la responsabilidad causal de la Municipalidad de Viedma en el fallecimiento del Sr. Firmapaz. Considera que la comuna tiene una responsabilidad propia y autónoma por haber inspeccionado la obra y labrado dos actas de infracción seis días antes del fatal suceso, dejando pasar dos oportunidades en las que debería haber ordenado la clausura: la primera ante la constatación de la falta de permiso para demoler y, la segunda, cumplido el plazo de gracia de 48 horas para regularizar el trámite de demolición.
Postula que la falta de servicio por omisión estatal es causa mediata eficiente para la configuración del hecho. Agrega que el agente inspector debió tener -en razón de su profesión- un grado de previsión razonable respecto a la probabilidad del daño.
Ingresando ahora al examen de los planteos recursivos articulados se observa su insuficiencia en orden a habilitar la procedencia de la instancia extraordinaria local intentada.
Si bien la Cámara al conceder el recurso señaló que "la casacionista coloca en crisis la interpretación realizada en torno al deber de seguridad que corresponde al ente municipal en la aplicación del Código Urbano e inclusive el Codigo de...

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