Sentencia Nº 121280 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:29 de Enero de 2017
 
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SANTA ROSA, 29 de mayo del año dos mil diecisiete.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "EXNER, Claudia S. c/ Provincia de La Pampa -Fiscalía de Estado- s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Expte. n° C-121.280/17,en trámite ante la Sala C del STJ); y

CONSIDERANDO:

1°.- A fs. 32/34, los Dres. Marcelo Piazza y Boris José Vlasich, en representación de la parte actora –a mérito de la Carta Poder suscripta ante la Policía de La Pampa, labrada en los términos de los arts. 358 a 381, 1015 y 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, glosada a fs. 5- , interponen recurso de reposición (art. 71 del CPCA y art. 232, sgtes. y cctes. del CPCC) contra la providencia de fs. 29, cuarto párrafo, en cuanto el Tribunal les requirió que debían “… acreditar la personería invocada, atento la inaplicabilidad de las prescripciones de la Ley N° 986, al presente trámite.”.

Entienden que la normativa aplicable es la establecida en los arts. 1015 y 1017 del Código Civil y Comercial, ya que las cuestiones de la representación/mandato se rigen por las normas de fondo.

Informan que una de las novedades que trajo el nuevo Código Civil y Comercial, es la no inclusión de los apoderamientos/mandatos en la categoría de documentos formales, es decir, aquellos que para su validez, requieren llevarse por escritura pública, por lo que pueden realizarse válidamente en instrumentos privados, sosteniendo por ende, la validez del presentado en autos.

Expresan que el art. 1015 del Código Civil y Comercial establece que solo son formales los contratos a los cuales la ley les impuso una forma determinada, y a posteriori el art. 1017 estableció cuáles son los contratos que deben realizarse en escritura pública, no encontrándose en dichas previsiones el del mandato o apoderamiento.

Continúan su relato diciendo que si bien el art. 51 del Código Procesal Civil y Comercial Provincial establece la presentación a través de la pertinente escritura de poder, ello resulta cuestionable ya que la materia del mandato o apoderamiento es una cuestión de fondo normada por el Código Civil y Comercial y por lo tanto no es procesal.

Expresan que las provincias delegaron la facultad de dictar el Código Civil y Comercial al Estado Federal, no resultando posible exigir otras formas que las normadas por dicho ordenamiento; por ende, si el contexto que dio origen a las disposiciones citadas ha cambiado, pues las previsiones del art. 1184 inc. 7° CC anterior ya no se incluyen en el Código actual, no puede el Código Procesal continuar interpretándose como si la ley sustancial fuera la misma.

Concluyen entendiendo que el art. 1017 del CCyC al no incluir en forma taxativa la confección bajo pena de nulidad de los poderes y/o mandatos de representación, deja liberado a la autonomía de las partes la confección de los mismos; el nuevo Código Civil y Comercial consagra el principio de libertad de formas (arts. 284, 285, 363 y 1319). Citan jurisprudencia y doctrina y peticionan que se revoque, por contrario imperio, la resolución impugnada, haciendo lugar al apoderamiento conforme la documentación presentada.

2°.- A fs. 35 pasan los autos a Despacho para resolver.

3°.- El Dr. José Roberto Sappa, expresa:

3°. 1.- En atención al contenido de la presentación articulada, la tarea que debe abordar esta judicatura consiste en la interpretación que corresponde asignar a lo normado por los arts. 1015 y 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, que pregonan la “Libertad de formas” como regla para la validez de los actos y contratos, exceptuando sólo los casos en que la ley prevé solemnidades, en relación con el art. 51 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa que determina que la acreditación del apoderado en juicio debe ser mediante la pertinente “escritura de poder”.

El Código Civil anterior, en su art. 1184, inc. 7° disponía, en forma taxativa e imperativamente, que los poderes generales o especiales para presentarse en juicio como apoderado, debían ser realizados mediante escritura pública, en cambio el signado art. 1017 del nuevo código nos los incluye en su listado y únicamente legisla, en modo abierto en el último inciso (d), que dicha formalidad sí abarca a “los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley…”, deben ser otorgados bajo dicha solemnidad.

Dos disposiciones emergen del último inciso del artículo en cuestión, que la obligación surja por “acuerdo de partes” o por “disposición de la ley”.

La teleología del nuevo ordenamiento civil al consagrar la libertad de formas, invierte el principio afincado en el viejo código y convierte en excepción lo que hasta su sanción era la regla; así la forma y prueba de los actos y contratos jurídicos se rige por la autonomía de la voluntad, en tanto no exista una exigencia legal que determine lo contrario.

“El principio consensualista que impera en el Derecho moderno impone que las consecuencias jurídicas de las convenciones se producen por la mera expresión de la voluntad de los sujetos, a la que se atribuye fuerza jurígena. Este principio se opone a aquel propio del Derecho Romano clásico en virtud del cual los efectos emanaban del cumplimiento de alguna solemnidad. El principio es que la voluntad de una persona capaz, libre de vicios que alteren su discernimiento (arts. 260, 261), produce efectos por sí misma y puede ser expresada por cualquier medio (art. 262). Es ésta una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. … todo acto jurídico debe tener alguna forma ya que la voluntad humana para surtir efectos jurídicos debe manifestarse por un hecho exterior (art. 260). La forma consiste en conducta… Este en un concepto amplio del término forma, el otro es que el resulta del art. 973 del código derogado que se refiere a solemnidad. En consecuencia, todos los actos jurídicos deben ser clasificados como no formales en la medida en que no exista norma que requiera el cumplimiento de una forma determinada. … Un acto puede estar considerado por la ley como de forma libre pero las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad sujetarlo al cumplimiento de determinadas formalidades. También pueden, mediante pacto, agravar la exigencia legal de forma….” (conf: Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, T.II, Ed. Rubinzal Culzoni 2015, pág. 107/108; en idéntico sentido y criterio se expresan Eduardo Gabriel Clusellas, Código Civil y Comercial, T.1, Ed. Astrea, 2015, pág. 709/711 y Julio César Rivera y Graciela Medina, Código Civil y Comercial de la nación comentado, T. I, Ed. La Ley 2014, pág. 654/656).

El nuevo paradigma se refleja asimismo en los artículos 284, 285, 363 y 1319 del nuevo digesto, entre otros, y el estudio de cada acto o contrato en singular va a determinar su investidura, pues la forma prescripta para tal o cual acto o contrato ata la suerte de la formalidad o solemnidad que debe tener el instrumento que lo contiene; correspondiendo, en el sub examen, adentrarme en el acto de apoderamiento para actuar en juicio.

El art. 1319 del Código Civil y Comercial de la Nación conceptualiza el contrato de mandato y las relaciones internas entre mandante y mandatario –en sustancia empero no en su forma- definiendo que “… Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa sobre ella.”

Por su parte el art. 1320 del citado código involucra la forma de la representación, es decir el poder, regulando las relaciones externas entre las partes y con terceros. Dice el precepto citado “Representación. Si el mandante confiere poder para...

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