Sentencia Nº 121 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 19-05-2022

Número de sentencia121
Fecha19 Mayo 2022
MateriaPROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- Vs. ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. S/ EJECUCION FISCAL

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en Documentos y Locaciones Sala I ACTUACIONES N°: 8232/13JUICIO: PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. s/ EJECUCION FISCAL. EXPTE. N° 8232/13 - SALA 1 San Miguel de Tucumán, 19 de mayo de 2022. SENTENCIA N° 121

Y VISTO:
El recurso de apelación concedido en fecha 03 de diciembre de 2021 a la parte actora, Provincia de Tucumán -

D.G.R. -, contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2021 que dispuso:
“I.- HACER LUGAR a la Inconstitucionalidad de la Ley 8851 y sus consecuentes leyes N° 6853, 6866, 6887, 6888, 6960, 6975, 6987, 7862 y el decreto Reglamentario N° 1583/16, conforme lo

considerado.
-

II.- COSTAS a la actora -

D.G.R. - (artículo 105 C.P.C.C.T.).
-

III.- REGULAR HONORARIOS por la etapa de ejecución de honorarios a la letrada M. de la Vega, por derecho propio, la suma de Pesos Once Mil Veintiuno c/43/100 ($11.021,43).-”, y;

CONSIDERANDO:
Inconstitucionalidad Que con fecha 20 de diciembre de 2021 la parte actora, Provincia de Tucumán -

D.G.R. - expresa agravios en contra de la sentencia del 15/11/2021.
Refiere que la norma tachada de inconstitucional, además de establecer que los fondos afectados a la ejecución presupuestaria de sector público son inembargables, estableció un sistema para el pago de los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial "al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero" (artículo 3 de la Ley N° 8.851). Dice que en virtud de dicho sistema, los mencionados pronunciamientos "serán satisfechos dentro de las autorizaciones del Prepuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial" (artículo 3 de la Ley N° 8.851). Indica que la sentencia no considera que esa parte expresó en la contestación del planteo de inconstitucionalidad que no desconoce el derecho adquirido por la letrada M. de la Vega, ni el carácter alimentario de los mismos, sino que entiende que puede recurrir al uso del registro de sentencia a fin de percibirlos. Añade que ello no posterga el pago atento a que este se produce al año siguiente, pues el Estado necesita poder preveer esos gastos en su presupuesto. Sostiene que yerra la sentencia atacada al decir que el Estado posterga sucesivamente el pago de honorarios, pues el registro de sentencia se encuentra en funcionamiento y los pagos a los letrados se llevan a cabo en tiempo y forma. Arguye que en consecuencia, encontrándose previsto en la Ley N° 8.851 un sistema para el pago de pronunciamientos judiciales que condenan al Estado Provincial, deviene improcedente el planteo de inconstitucionalidad efectuado, pues no se trata de un pago denegado, sino que solo se solicita que se recurra al registro de sentencia para cobrarlo. Puntualiza que la Ley N° 8851 es una norma de idéntica jerarquía a la Ley N° 6176 que sancionó el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante C.P.C.C.T.), toda vez que ambas leyes fueron dictadas por la Honorable Legislatura de Tucumán. Destaca que la Ley N° 8.851 es posterior a la Ley N° 6.176, y teniendo en cuenta que la más nueva prevé un procedimiento diferente para el cobro - en este caso - de los honorarios firmes en contra de la provincia, cabe concluir en que la Ley N° 8851 ha derogado tácitamente el C.P.C.C.T. en lo referido al modo de cobrar los mencionados honorarios. Hace notar que la letrada inició la ejecución de sus honorarios en el mes de septiembre de 2019, pues de haber iniciado el cobro por el procedimiento establecido - a través del registro de sentencias - ya hubiese percibido los mismos. Recalca la falta de adecuación del planteo de inconstitucionalidad del régimen de pago de sentencias con la grave realidad económica y financiera que está atravesando la Nación, donde de manera incuestionable se observa la difícil situación que atraviesan las finanzas públicas. Cita jurisprudencia en la cual se tratan los artículos 2 y 3 de la Ley N° 8.851. Pide que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto en razón de que no es aplicable la inconstitucionalidad de la Ley N° 8.851. Para el caso de una resolución contraria a lo requerido - prosigue - y encontrándose controvertido el derecho a la recaudación de la renta pública, formula expresa reserva de recurrir por la vía del recurso extraordinario establecido en el artículo 14 de la Ley N° 48. Con fecha 01 de febrero de 2022 contesta a los agravios la letrada M. de la Vega, quien solicita su rechazo y la confirmación de la sentencia apelada. En fecha 30 de marzo de 2022 emite dictamen la Sra. Fiscal de Cámara, quien concluye que debe confirmarse la sentencia apelada. Traída la cuestión a estudio de este Tribunal, surge que con fecha 12 de septiembre de 2019 (fs. 267/268), la letrada M. de la Vega inicia la ejecución de sus honorarios en contra de Provincia de Tucumán -

D.G.R. - solicitando que se decrete embargo preventivo de fondos de las cuentas bancarias que la Provincia de Tucumán posee en el Banco Macro por la suma de $35.553, más acrecidas.
Ante esta presentación se proveyó (por sustitución) por intermedio de sentencia de Cámara de fecha 16 de septiembre de 2020 lo siguiente: “I) Por iniciada ejecución de honorarios. En consecuencia, INTÍMESE a la parte actora PROVINCIA DE TUCUMÁN -

D.G.R. - el pago en el acto de las sumas de $35.553 (Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Tres) en concepto de honorarios regulados y firmes a la letrada M. de la Vega, con más la suma de $20.000 (Pesos Veinte Mil) calculada provisoriamente para acrecidas.
Al mismo tiempo, cítese de remate para que dentro del quinto día hábil subsiguiente al de su notificación, oponga las excepciones legítimas que tuviere bajo apercibimiento de llevarse adelante la ejecución (artículos 484 y cc. del C.P.C.C.T.)... En fecha 21 de abril de 2021, se intimó de pago a la actora, Provincia de Tucumán - DGR -. Mediante escrito de fecha 10 de junio de 2021 la letrada M. de la Vega solicita sentencia de trance y remate por sus honorarios y además, plantea la inconstitucionalidad del artículo 4, último párrafo de la Ley N° 8.851, del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), y del artículo 2 de la precitada Ley N° 8.851. Dicho planteo de inconstitucionalidad es contestado por la actora en fecha 30 de agosto de 2021. Luego de expedirse la Fiscal Subrogante, pasan los autos a resolver, recayendo la sentencia objeto de la presente apelación. Comenzando el estudio de esta cuestión, cabe considerar, que con fecha 18 de diciembre de 2009 se promulgó la Ley N° 8.228 que en su artículo 1 declara la Emergencia Económica del Estado Provincial, M. y Comunas Rurales hasta el 31 de diciembre de 2011 y en su artículo 2 establece la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, M. y Comunas Rurales durante un plazo de ciento noventa (190) días a partir de su vigencia, dictándose luego sucesivas prórrogas. Desde entonces se sucedieron a lo largo de estos años...

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