Sentencia Nº 1201 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 24-11-2021

Número de sentencia1201
Fecha24 Noviembre 2021
MateriaKOHN RUBEN MIGUEL Vs. PROVINCIA DE TUCUMAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

SENT Nº 1201 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por la señora Vocal doctora C.B.S. y los señores Vocales doctores D.O.P. y A.D.E. -por encontrarse excusado el señor Vocal doctor D.L.-, bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte accionada en autos: “K.R.M. vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios” Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor D.O.P., doctora C.B.S. y doctor A.D.E., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor D.O.P., dijo:

I.V. a conocimiento y decisión de este Alto Tribunal el recurso de casación deducido por la parte accionada en contra de la sentencia de 23/12/2020 (y su aclaratoria, sentencia N° 106 del 22/3/2021), dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común -Sala III-, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 13/3/2020 e hizo lugar al recurso de apelación propuesto por la actora.


II.- El recurrente manifiesta que la sentencia en embate conduce a frustrar arbitrariamente los derechos y garantías constitucionales, transgrediendo los arts. 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional, al colocarlo en real estado de indefensión quebrantando el principio de igualdad procesal. Invoca también arbitrariedad sentencial (normativa y fáctica). Reproduce los antecedentes de la causa vinculados a sus agravios. Expone citas doctrinarias sobre la arbitrariedad de sentencia y luego, concretamente, sostiene que el acto jurisdiccional atacado configura un supuesto de arbitrariedad por las causales relativas a la fundamentación de la decisión en lo que hace tanto al fundamento normativo como no normativo o de hecho. A continuación menciona que hay un error de derecho en el tema de la Cesión Amistosa y/o Avenimiento y el carácter de los derechos (disponibles). Que existe una selección indebida de normas aplicables al caso y un apartamiento de las constancias de autos. Que el fallo parte de premisas falsas lo que conlleva a una ineludible conclusión aparente e inválida, ello, por colegir el conflicto como si fuera una expropiación stricto sensu, cuando en rigor de verdad, estamos ante un caso en el cual la transferencia de dominio se dio en el marco del avenimiento (cfr. art. 14 Ley N° 5.006). Agrega que el Tribunal ha sustentado su decisión en afirmaciones dogmáticas que no encuentran debido respaldo en las pruebas documentales agregadas regularmente en el proceso, en particular, el recibo de pago, ello, pues, con el consecuente menoscabo del derecho de defensa de su parte (cfr. art. 18 Const. N..). Aclara que la discusión giró en torno a un derecho individual de contenido patrimonial que, en la particularidad de este caso es plenamente disponible para su titular, supeditado únicamente a su interés. El fallo absurdo no discurrió que, el crédito (capital e intereses) del actor fue objeto de libre disposición, por ello, privativo del acreedor, y es en tal sentido que ejerció sus potestades de recibir el pago prestando conformidad de que aquél fue definitivo, total y cancelatorio, sin formalizar reservas. Afirma que si bien el fallo anómalo reconoce expresamente que el pago fue como consecuencia del avenimiento/expropiación, terminó juzgando el caso al margen del marco jurídico propio de aquél. Cita precedentes jurisdiccionales que mantienen el criterio siguiente: "el avenimiento expropiatorio resulta ser un negocio jurídico bilateral que constituye un verdadero contrato, lo cual impide su modificación o la agregación posterior de nuevos requerimientos en forma unilateral. Que el error en que incurre el veredicto es que no consideró al avenimiento como un acuerdo de voluntades, con las características propias de una cesión amistosa como predica la doctrina y jurisprudencia, por lo que el pago efectuado por su representada como contraprestación de la transferencia no fue técnicamente una indemnización en sentido estricto, sino que el precio y el pago dado fueron como consecuencia del consentimiento de las partes". Agrega que en ese marco de acuerdo, el accionante no efectuó reservas ni imputó el pago primero a los intereses, etc., evidenciando una conducta satisfactoria con plenos efectos jurídicos de que su crédito fue abonado íntegramente, ya que expresó -voluntad libre- que el pago recibido fue cancelatorio y total, por ende, la obligación se encuentra extinguida. Reitera que el objeto que tuvo la expropiación era de carácter disponible para el accionante y se encuentra dentro de su propiedad, aquel aceptó lo que le convenía, siendo su voluntad lo superior en este ámbito, así, pues, jamás puede predicarse que hubo una conducta abusiva por su parte sumado a ello, que en materia de precio rige el art. 1121 del CCCN. Expone que el fallo prescinde del citado texto legal sin dar razón plausible, configurándose así una grave infracción y contradicción a las normas de fondo. En definitiva, dice que si la parte actora no hubiera estado de acuerdo con el pago ofrecido tendría que haberlo rechazado, y recurrir a la vía judicial para reclamar una indemnización por la expropiación, y exponer allí sus planteos ante el precio. Pero no lo hizo. En cuanto a que el recibo ha sido predispuesto por la expropiante y que se ha impuesto al expropiado para que lo suscriba, existe falta de motivación y orfandad probatoria en el fallo recurrido. Expresa que en los presentes autos no hay pruebas que atestigüen un abuso de derecho y/o violación del principio de la buena fe que aportaran elementos convincentes para forjar una persuasión justa en el decisorio de la cámara. Le agravia que hayan bastado las simples declamaciones unilaterales del actor de que "se lo habría obligado a recibir el pago si deseaba recibir la indemnización", y al seguirse esa quimera en la resolución de la controversia, el fallo terminó sustentándose en el mero arbitrio y voluntarismo del tribunal juzgador. Es más, dice que la selección de las pruebas es una facultad del juez de grado y no del tribunal de apelación. Observa que la sentencia puesta en crisis no se pronunció, menos fundamentó, sobre una eventual violación de las reglas de la sana critica de la sentencia de primera instancia que permitiera su revisión. Agrega que la actividad probatoria de la accionante fue literalmente nula, solo con puras palabras evasivas de cómo probaría esa situación inclinó parcialmente el criterio del Tribunal a quo, quebrantando así la regla de la paridad en el debate (cfr. arts. 16 y 18 CN). Que ello resulta llamativo que, ante tantos medios probatorios posibles, no haya ofrecido y probado alguno, ni siquiera individualizó a los empleados y/o funcionarios que lo habrían obligado a suscribir el recibo de pago, no realizo denuncia penal contra aquellos, podría haber constatado la supuesta imposición de que firme el documento con un escribano público, etc.. El veredicto, absurdamente e injustificadamente, no le otorgó efectos procesales a ese vacío probatorio, elemento impostergable para una resolución imparcial. Que por su parte, por lo contrario, certificó que canceló íntegramente la deuda que tenía con la actora. Así, pues, el fallo violó flagrantemente las normas de forma aplicable al caso, como el art. 302 CPCCT. Añade que las reglas sobre distribución de la carga de la prueba cobran relevancia ante la ausencia de medios de convicción sobre los hechos controvertidos para establecer cuál de las partes debe soportar las consecuencias que provoca esa deficiencia, esta carencia debió ser soportada por el accionante, y no por esta parte, ante lo cual, nos encontramos con una sentencia infundada que no se pronunció porque dejó de lado aquella regla procesal, más, la arbitrariedad normativa de que adolece en materia probatoria. Explicita que, en rigor de verdad, hubo una inactividad probatoria atribuible a la demandante, y que el fallo arbitrariamente pasa por inadvertido, violando la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio. Que la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte. Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito. Califica de absurdo a la resolución judicial en cuanto no se apoyó en confirmación procesal alguna que acredite la versión: "de que la parte actora haya sido obligada y violentada a otorgar el recibo sin reservas", es más, no fundamentó sensatamente que la voluntad del actor habría estado viciada. Solo repitió que el recibo fue predispuesto por la expropiante. Y nada más. Se pregunta: ¿Está probada alguna lesión en la voluntad del actor? ¿Cuáles son los hechos reales y probados entorno al abuso de derecho alegado por la sentencia impugnada? Concluye que el acto jurisdiccional carece de motivación y que solo tuvo una afirmación dogmática que constituye un fundamento aparente por la ausencia de pruebas relativas a la existencia de vicios en el acto jurídico, como podría ser: lesión subjetiva, vicio de ilegitimidad o arbitrariedad, en la aceptación voluntaria del pago por el actor. Manifiesta que es arbitraria la decisión fundada en pautas de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables. Que interpreta normas de derecho privado para resolver un asunto perteneciente al derecho público. Así, cita los considerandos nº 4 apartado b para indicar que el error de juzgamiento estuvo en que aplicó normas pertenecientes al derecho privado (sumado a que no argumentó cómo el recibo habría sido predispuesto por nuestro representado), cuando en rigor de verdad, estamos ante un caso sometido al derecho público. Que nunca pudo el art. 988, inc. b del CCCN (aplicables a contratos privados) ser citado en el fallo, ni directamente, ni...

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