Sentecia interlocutoria Nº 12 de Secretaría Penal STJ N2, 18-05-2009

Fecha de Resolución:18 de Mayo de 2009
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 23404/08 STJ
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: 12
PROCESADO:
DELITO: HOMICIDIO SIMPLE
OBJETO: RECURSO DE QUEJA
VOCES:
FECHA: 18-05-09
FIRMANTES: LUTZ – S.N. – BALLADINI EN ABSTENCIÓN
///MA, de mayo de 2009.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “ROLANDO, M.L. s/Queja en: \'CÁMARA EN LO CRIMINAL s/Remite actuaciones s/Apelación\'” (Expte.Nº 23404/08 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 124) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor L.L. dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

1.1.- Mediante sentencia interlocutoria Nº 95, del 11 de junio de 2008, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- hacer lugar a la apelación interpuesta por la defensa y declarar la nulidad de todo lo actuado por las razones expuestas en los considerandos, y ordenó remitir el expediente el J. de Instrucción.

2.- Contra lo decidido, ante dicho magistrado dedujo recurso de apelación “in pauperis” la madre de la víctima, que previamente había desistido de ser parte querellante. Luego, una vez obtenido el asesoramiento letrado, fundó en derecho aquel recurso, que denominó “de casación”. El tribunal a quo declaró inadmisible tal recurso, lo que motiva la queja sub examine.

2.- Fundamentos de la denegatoria:

En los fundamentos de su denegatoria la Cámara sostiene que la recurrente había renunciado a la querella y que esa renuncia era válida y así fue tomada por la///2.- judicatura. Agrega que una vez obtenido el asesoramiento letrado, no se cuestionó la renuncia, por lo que al momento de deducir el recurso no era parte y carecía de legitimación procesal para impugnar una decisión que ya había quedado firme el día 4 de julio en las primeras dos horas, por haber sido notificada de modo correcto a quienes sí lo eran. La Cámara no desconoce la situación de pobreza de la casacionista, pero se mantiene en el criterio expuesto. A lo anterior suma que lo resuelto no pone fin al proceso, no es sentencia definitiva ni asimilable a tal, por lo que no es una resolución recurrible en los términos del art. 430 del Código Procesal Penal.

3.- Argumentos de la queja:

La quejosa sostiene que el recurso fue interpuesto por quien tenía derecho a hacerlo y que la decisión interlocutoria atacada resulta equiparable a definitiva pues hace imposible la continuación de la acción por cuanto: i) confirma la decisión de que el hecho motivo de este juicio ya había sido juzgado, y ii) nulifica todo lo actuado atento al principio “ne bis in ídem”.

Luego hace una reseña del trámite pertinente y desarrolla su recurso principal, insistiendo en que el hecho que aquí se investiga, luego de lo ordenado por la otra Sala de la misma Cámara, es distinto. Niega entonces que se violente la garantía constitucional mencionada y afirma que la resolución cuestionada le impide al J. de Instrucción la prosecución de la causa.

4.- La definitividad de lo resuelto:

En cuanto a las cuestiones formales evidenciadas/// digo -brevemente- lo siguiente:

La resolución que nulifica todo lo actuado, al advertir que la acusación en trámite violentaba el principio “ne bis in ídem”, es sentencia definitiva toda vez que esto impediría su juzgamiento (art. 430 C.P.P.).

Sabido es que, procesalmente, no puede haber dos veces acción por el mismo objeto, lo que lleva a que, si se instaura acción por el mismo hecho, corresponderá declarar la nulidad de oficio o a petición de parte o introducir la cuestión por vía de excepción (art. 309 inc. 2º C.P.P.R.N.).

Lo decidido tiene efectos sustanciales puesto que elimina definitivamente la pretensión penal, a la luz de lo cual aparece como un ritualismo formal inútil pretender que, para advertir esto, deba esperarse la decisión del J. de Instrucción que declare el derecho en el sentido que le indica la Cámara.

5.- El pretenso querellante. Las obligaciones del Estado:

Acerca de la ausencia de legitimación de la madre de la víctima para recurrir, en razón de que había desistido de ser parte querellante, no desconozco -soy parte de su formulación- la doctrina legal de este Superior Tribunal según la cual “\'... sería absurdo alentar la sustanciación del proceso sin real intervención de las partes, pues carecería de eficacia\' (S.C.F. y C.D.Y., Código procesal civil y comercial, Tº 1, ed. Astrea, 3ª edición, 1988, pág. 346)” y “\'... [la] presencia [de las formas procesales] es garantía de justicia y de igualdad en///4,- la defensa\' (conf. M., \'Nulidades Procesales\', pág. 4)” (ver Se. 201/06 STJRNSP).

Empero, no obstante ello, las constancias del expediente permiten advertir que la parte querellante -la madre de la víctima-, en tanto víctima, tiene el derecho a la jurisdicción y a la garantía de una investigación (art. 18 C.Nac., 8.1 CADH y 14.1 PIDCP).

También surge que fue aceptada como tal y que desistió de ser parte ante la imposibilidad económica de pagar el patrocinio letrado que la propia ley le exige para actuar; que se trata de una empleada municipal que al 28 de abril de 2008 percibía un sueldo de $ 700 mensuales y analfabeta, y que...

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